1 jun. 2006

Declaración Pública del PIIE


DECLARACIÓN PÚBLICA

FRENTE A LAS DEMANDAS ESTUDIANTILES PLANTEADAS A LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA COORDINADORA DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS, EL PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN (PIIE) EXPRESA:

El país se encuentra impactado por la fuerza con que se expresa el movimiento estudiantil, que progresivamente está teniendo carácter nacional y que plantea introducir transformaciones de fondo en el sistema escolar.

Junto a sus demandas reivindicativas específicas, como gratuidad de la PSU y pasaje escolar, se suman demandas de tipo pedagógico, como la utilización adecuada y pertinente de los tiempos e infraestructura en la Jornada Escolar Completa, y también se plantean temas que aluden a la actual estructura del sistema educativo, como es el cuestionamiento a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE).

La fuerza de sus demandas se dimensiona, por una parte, por la capacidad de aglutinar a los diversos estamentos que actúan en el ámbito escolar (docentes, paradocentes, padres, madres y apoderados), y por otra, por el hecho de colocar en la agenda política, la urgente necesidad de revisar aspectos sustanciales del sistema educativo.

Nos encontramos ante jóvenes actores sociales que ejercen sus responsabilidades y derechos ciudadanos, en una práctica democrática que se ha constituido en un ejemplo para la sociedad en su conjunto.

La participación amplia y diversa en esta movilización del alumnado de colegios y liceos, da cuenta de una clara preocupación por la realidad educativa de los sectores con menores recursos, que no se limita a reivindicaciones inmediatas y puntuales. Esta preocupación, a su vez, ha impactado en la opinión pública, involucrando a actores que trascienden el quehacer educativo, alcanzando al mundo político, social y académico en su conjunto.

La actual coyuntura pone en debate al menos dos aspectos sobre los cuales queremos expresar nuestra opinión:

El primero se refiere a una revisión acuciosa y amplia de los fundamentos legales que sustentan la estructura actual del sistema educativo. Esta revisión implica dar inicio a un proceso de debate, informado y participativo, que permita el diálogo entre diferentes posturas y actores, respecto a las características y condiciones de un sistema educativo que responda a las necesidades y demandas por una educación de calidad para los sectores más postergados. En nuestra opinión esta es una condición ineludible para un desarrollo más justo y equitativo en nuestro país. El actual marco legislativo, que incluye a la LOCE, además de leyes referidas al financiamiento vía subvención y al traspaso de establecimientos a Municipios, no ha respondido a los problemas y necesidades reales de un sector mayoritario de la población, y, por el contrario, ha profundizado las desigualdades.

El segundo aspecto se refiere a una revisión, también acuciosa y amplia, de las políticas educativas implementadas a partir de los 90.

La demanda puntual de los estudiantes en relación a la JEC, nos hace pensar en la necesidad de generar un cambio en el diseño e implementación de las políticas educativas. En otras palabras, junto a los necesarios objetivos y contenidos técnicos, se debe reconocer y dialogar con las aspiraciones y necesidades tanto de aquellos directamente involucrados, como con el conjunto de actores sociales interesados en el mejoramiento efectivo de nuestra educación.

Estamos frente a una oportunidad histórica para producir una inflexión en la orientación de las políticas educativas, favoreciendo la activa participación de los actores sociales, condición ineludible para avanzar en calidad, como ha sido comprobado por innumerables estudios e investigaciones.

Pensamos que una nueva reforma, como lo expresó la Presidenta, debe orientarse hacia una mayor democratización de nuestra educación, generando espacios efectivos de participación, promoviendo políticas de equidad e introduciendo transformaciones de fondo al actual marco legal del sistema escolar, en aras de resguardar el derecho inalienable a una educación de calidad para todos y todas.

Reiteramos nuestro apoyo a las movilizaciones estudiantiles, rechazamos la violencia tanto de la fuerza pública como de grupos violentistas y expresamos nuestra confianza y esperanza, en que muy pronto se llegue a un acuerdo que involucre a las autoridades gubernamentales, a los legisladores y al conjunto de los actores sociales, en torno a respuestas concretas que permitan mejorar la calidad de la educación y superar la grave situación de desigualdad y segmentación social que aqueja a nuestro sistema escolar.

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