Subject: [Comunidad E-ducativa] Fwd: EDUCAR: Chile: Y ahora que hacer... despues de la entrega del informe del Consejo Asesor
Date: Thu, 14 Dec 2006 17:49:19 -0500
En el articulo adjunto Jose Joaquin Brunner organiza el debate educacional en Chile despues de la entrega del informe del Consejo Asesor y sugiere como avanzar. Un avance importante que ocurrio esta semana fue la aprobación en primer trámite constitucional del proyecto de ley de subvención escolar preferencial para niños y niñas socioeconómicamente vulnerables, que beneficiará a 754 mil 236 alumnos en el país. La iniciativa tambien introduce accountability educacional en el sistema educacional. El proyecto fue despachado al Senado a cumplir su segundo trámite legislativo. La iniciativa fue presentada por el gobierno de Lagos pero quiza sera la legislacion educacional mas importante del gobierno de Bachelet.
Gregory Elacqua
Escuela de Gobierno Universidad Adolfo Ibañez
Santiago, Chile56-2-3693677
gregory.elacqua@ uai.cl
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El Mercurio
Educación: ¿y ahora, qué hacer?
Martes 12 de diciembre de 2006
Existe la posibilidad de avanzar, a condición de que el Gobierno defina una estrategia capaz de suscitar respaldo parlamentario e incluir las preocupaciones de estudiantes, profesores y familias.
JOSÉ JOAQUÍN BRUNNER
Universidad Adolfo Ibáñez
El informe entregado ayer a la Presidenta de la República por su Consejo Asesor crea, como suele acontecer en la política, riesgos y oportunidades. El riesgo: que se instale un clima de confusión y parálisis, o bien, la percepción de que la sociedad está profundamente dividida en torno a cómo organizar la provisión de la enseñanza obligatoria. La oportunidad: que el Gobierno, abatiendo la confusión y la aparente división, impulse un programa de cambios con el necesario apoyo parlamentario. De hecho, ambos cursos pueden desprenderse del informe.
Confusión. Efectivamente, si se busca en el informe una propuesta coherente, orgánica y unitaria de mejoramiento de la educación, no se encontrará. Ni podía, en verdad, esperarse, dados el origen, la naturaleza, composición y método de trabajo del Consejo. Éste fue creado para encauzar la solución de un conflicto social y presentar un abanico de opciones de política. Y cumplió con su cometido.
División. El carácter desenhebrado del texto y el constante juego de disyunciones pueden llevar a la conclusión de que no hay acuerdo posible sobre cómo mejorar la educación. No es así. De hecho, el informe da cuenta de acuerdos fundamentales en torno a un sistema mixto de provisión educacional, la imbricación entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, y la necesidad de definir estándares exigentes de calidad, aumentar la inversión educacional y establecer un régimen de aseguramiento de la calidad.
Oportunidad. Existe pues la posibilidad de avanzar, a condición de que el Gobierno defina una estrategia capaz de suscitar suficiente respaldo parlamentario e incluir las preocupaciones de estudiantes, profesores y familias. Un consenso tal puede lograrse si se actúa decididamente en cuatro ámbitos.
Primero, mediante una vigorosa reforma del vértice del sistema; esto es, de la institucionalidad que organiza su gobierno y coordinación. A este efecto el informe propone distinguir tres espacios jurisdiccionales. El Mineduc se especializarí a en la formulación de normas, políticas y programas, y en proveer un financiamiento adecuado para la educación subvencionada por el Estado. A su lado existiría un consejo independiente encargado de aprobar el marco curricular y los estándares que los alumnos deben alcanzar en los diferentes grados y sectores de aprendizaje. Por último, se crearía una agencia autónoma, de carácter público, con personal adscrito a las reglas del derecho laboral ordinario y sus directivos elegidos conforme a las reglas del servicio civil, que velaría por el cumplimiento de los estándares, acreditaría escuelas y se haría cargo de evaluar externamente a los establecimientos y el desempeño de sus alumnos. Además, identificaría los colegios con insuficienciascrónicas y propondría medidas para su mejoramiento y, de subsistir aquéllas, para su cierre, protegiendo los derechos de los alumnos y sus familias.
Segundo, tomando medidas para fortalecer la autonomía de los establecimientos de administració n municipal y sus capacidades de gestión, para lo cual el informe ofrece diferentes alternativas compatibles con el objetivo de profundizar la descentralizació n educacional.
Tercero, comprometiendo a la sociedad en un esfuerzo extraordinario para incrementar sustancialmente el gasto por alumno en el sistema subsidiado. Debería, pues, trazarse un programa realista que permita en un plazo razonable duplicar el valor de la subvención por estudiante, al mismo tiempo que, por encima de este aumento, se incremente diferencialmente el gasto en favor de los alumnos que provienen de hogares de menores recursos y menor capital cultural de las familias.
Por último, otorgando un fuerte impulso a la profesionalizació n docente, que incluya un nuevo estatuto para la profesión -con un más adecuado balance entre flexibilidad y seguridad en el empleo-; una revisión de los planes formativos y de capacitación de los profesores; mejores condiciones de trabajo y salariales para los docentes, conjuntamente con un régimen descentralizado de negociación colectiva, y un proceso continuo de evaluación del trabajo de los profesores, con centro en la escuela bajo responsabilidad del director.
Este esbozo para una nueva política educacional es posible de materializar bajo dos condiciones: una fuerte voluntad de cambio por parte de todos los actores y la activa conducción del Gobierno, particularmente en orden a construir los necesarios consensos en el Parlamento y la opinión pública.
La oportunidad existe. Y los riesgos de no actuar son, también, claros y evidentes.
12 dic 2006
EDUCACIÓN-CHILE:Difícil apuesta de Bachelet
Tomado de IPS: http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=39622
EDUCACIÓN-CHILE:
Difícil apuesta de Bachelet
Por Daniela Estrada
SANTIAGO, dic (IPS) - La presidenta chilena Michelle Bachelet ha dado señales de comprometerse con reformas educativas de fondo y a corto plazo. Pero la instancia de diálogo que estableció para debatir propuestas terminó sus trabajos en medio de polémicas.
"Me sorprendió el discurso de la presidenta, no pensé que iba a anunciar cambios estructurales", dijo a IPS Loreto Egaña, directora del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE) e integrante del polémico Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, creado por Bachelet en junio para aplacar un histórico paro de estudiantes secundarios.
La mandataria hizo sus anuncios en una ceremonia el lunes 11 en el palacio de la Moneda, al recibir el informe final del heterogéneo Consejo, integrado por 81 representantes de todos los sectores políticos, sociales, económicos, profesionales y confesionales del país, además de actores educativos como directores, profesores, apoderados y estudiantes.
Antes de analizar con detalle el documento de 250 páginas, Bachelet informó que enviaría al Congreso legislativo un proyecto de nueva Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), blanco central de críticas de los 700.000 estudiantes que en mayo y junio se tomaron sus colegios exigiendo cambios en varios planos del sistema educacional.
La actual LOCE fue promulgada por el recién muerto ex dictador Augusto Pinochet el 10 de marzo de 1990, un día antes de entregar el poder al gobierno democrático de Patricio Aylwin (1990-1994), para regular el sistema educativo que cubre hoy a 3,5 millones de alumnos de enseñanza básica y secundaria y a otros 800.000 de la educación superior.
Esta ley permitió la creación de colegios privados con subvención estatal y el traspaso de los establecimientos que estaban bajo la dirección del Estado nacional a los 345 municipios del país, iniciando un cuestionado proceso de descentralización y privatización de la educación.
La mandataria también anunció la creación de una agencia pública de aseguramiento de la calidad --o superintendencia-- y el mejoramiento del sistema de financiamiento, que se centrará en la subvención preferencial a los niños y jóvenes más desposeídos.
También se estudiarán las mejores alternativas existentes para renovar la administración de los colegios, prometió Bachelet, aunque no habló expresamente de terminar con la "municipalización", otra de las grandes aspiraciones de maestros y alumnos.
La mandataria conformó un comité de ministros, integrado por los titulares de Educación, Hacienda, Interior y Secretaría General de la Presidencia, para proponer las iniciativas legales y administrativas correspondientes, que deberán estar listas durante el primer trimestre de 2007.
Paralelamente, la presidenta encomendó a la cartera de Educación modificar los actuales grados escolares --para incentivar la especialización de los estudiantes--, modernizar la educación técnico profesional, desarrollar una auténtica carrera docente y mejorar la llamada jornada escolar completa.
"El plazo es breve y no podemos esperar. Chile y la comunidad educativa abrigan grandes esperanzas en este proceso, y no los vamos a defraudar", prometió Bachelet.
Las disposiciones están en sintonía con los principales acuerdos del Consejo, que valoró la coexistencia de la educación pública y privada, reconocimiento que interesa en particular a los sectores ligados a la oposición derechista.
"Estas modalidades educativas no son antagónicas, y corresponde plantear propuestas que potencien a ambas para contribuir a una mejor educación", establece el documento del Consejo Asesor.
El grupo propuso "generar las condiciones para destinar más recursos a la educación, priorizando a los estudiantes más pobres y con mayores problemas sociales", así como establecer requisitos más exigentes para los municipios y los dueños de los establecimientos privados subvencionados por el Estado.
De igual forma, planteó garantizar el acceso equitativo de niños y jóvenes a los centros educativos y medir la calidad de los mismos. Además, demandó la creación de una carrera profesional docente, revisando el estatuto que rige para el magisterio, y el mejoramiento de la formación inicial y continua.
No obstante, en sus seis meses de trabajo, el Consejo vivió muchos contratiempos y disensos, que quedaron expresados en las conclusiones.
"Fue un periodo intenso, agotador, porque todos los integrantes nos tomamos la tarea muy en serio, todos queríamos opinar sobre todo", comentó Egaña. "Era la primera vez, desde el retorno a la democracia en 1990, que se discutía (tan amplia y profundamente) sobre la municipalización, la ley de subvenciones, del rol del Estado en la educación", añadió.
El llamado bloque social --integrado por profesores, estudiantes secundarios y universitarios y profesionales que abogan por el fortalecimiento de la educación pública-- fue el más díscolo, tanto que decidió no adherirse al texto final, elaborando un informe alternativo, titulado "Crisis educativa en Chile: propuesta al debate ciudadano".
"Puede que se haya entendido mal, pero nosotros no nos retiramos del Consejo. Trabajamos seriamente hasta el final, sólo que optamos por no hacernos parte de las conclusiones", explicó a IPS Darío Vásquez, director nacional del Colegio de Profesores.
Según profesores y alumnos, el documento final del Consejo no es fiel a la discusión sostenida, ya que habría sufrido modificaciones de última hora. Lo califican como un "recuento de opiniones divergentes", que no identifica mayorías y minorías, las cuales podrían haber guiado de mejor forma el posterior trabajo de la mandataria. Sin embargo, Vásquez valoró los anuncios de la presidenta, especialmente el referido a la elaboración de una nueva LOCE, si bien se mostró convencido de que las reformas serán de "alcance limitado".
"Si se fortalece la educación pública, terminando con la municipalización --a través de la creación de administradoras autónomas territoriales-- y se modifica el actual sistema de financiamiento, yo me declaro más que conforme", dijo el dirigente del magisterio, que se opone a la actual existencia del lucro en la educación.
El rector de la privada Universidad Diego Portales y miembro del Consejo Asesor, Carlos Peña, criticó en su habitual columna dominical del diario El Mercurio que el bloque social hubiera adoptado esa posición disidente.
"La actitud de estudiantes ¡y profesores! estropea, de manera insensata, una de las iniciativas más innovadoras de la presidenta Bachelet: hacer políticas públicas considerando la deliberación ciudadana", dijo el abogado chileno.
El presidente del Consejo, el académico Juan Eduardo García-Huidobro, señaló que "el informe tiene la gracia de contener prácticamente todas las opiniones sobre educación y será un instrumento de trabajo muy importante para el gobierno".
Egaña también es cauta a la hora de pensar en las transformaciones. "Las presiones son muchas, y el gobierno no tiene la capacidad ni el poder político para hacerlas", arguyó la experta en educación, considerando que la propia coalición gobernante está dividida ante ciertos temas.
En su opinión, es posible avanzar en la creación de la superintendencia, pero hay escasas posibilidades de terminar con el lucro. También duda de la fiscalización que el gobierno pueda hacer de los recursos entregados a los administradores privados.
La directora del PIIE expuso que las posturas defendidas en el Consejo dan cuenta de las visiones contrapuestas de la sociedad.
La experta distinguió tres grupos: uno conformado por la oposición derechista y la Iglesia Católica, que aún concentran gran poder, otro integrado por los profesionales liberales de la coalición de centroizquierda que gobierna Chile desde 1990, y por último el denominado bloque social.
"Los primeros estaban por hacer mínimos ajustes al modelo, los segundos por continuar con el sistema introduciendo la lógica financiera del premio y la sanción para mejorar los resultados, y los terceros pensaban que era necesario hacer cambios sustantivos", explicó Egaña. Sólo falta saber qué posición imperará, concluyó.(FIN/2006)
EDUCACIÓN-CHILE:
Difícil apuesta de Bachelet
Por Daniela Estrada
SANTIAGO, dic (IPS) - La presidenta chilena Michelle Bachelet ha dado señales de comprometerse con reformas educativas de fondo y a corto plazo. Pero la instancia de diálogo que estableció para debatir propuestas terminó sus trabajos en medio de polémicas.
"Me sorprendió el discurso de la presidenta, no pensé que iba a anunciar cambios estructurales", dijo a IPS Loreto Egaña, directora del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE) e integrante del polémico Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, creado por Bachelet en junio para aplacar un histórico paro de estudiantes secundarios.
La mandataria hizo sus anuncios en una ceremonia el lunes 11 en el palacio de la Moneda, al recibir el informe final del heterogéneo Consejo, integrado por 81 representantes de todos los sectores políticos, sociales, económicos, profesionales y confesionales del país, además de actores educativos como directores, profesores, apoderados y estudiantes.
Antes de analizar con detalle el documento de 250 páginas, Bachelet informó que enviaría al Congreso legislativo un proyecto de nueva Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), blanco central de críticas de los 700.000 estudiantes que en mayo y junio se tomaron sus colegios exigiendo cambios en varios planos del sistema educacional.
La actual LOCE fue promulgada por el recién muerto ex dictador Augusto Pinochet el 10 de marzo de 1990, un día antes de entregar el poder al gobierno democrático de Patricio Aylwin (1990-1994), para regular el sistema educativo que cubre hoy a 3,5 millones de alumnos de enseñanza básica y secundaria y a otros 800.000 de la educación superior.
Esta ley permitió la creación de colegios privados con subvención estatal y el traspaso de los establecimientos que estaban bajo la dirección del Estado nacional a los 345 municipios del país, iniciando un cuestionado proceso de descentralización y privatización de la educación.
La mandataria también anunció la creación de una agencia pública de aseguramiento de la calidad --o superintendencia-- y el mejoramiento del sistema de financiamiento, que se centrará en la subvención preferencial a los niños y jóvenes más desposeídos.
También se estudiarán las mejores alternativas existentes para renovar la administración de los colegios, prometió Bachelet, aunque no habló expresamente de terminar con la "municipalización", otra de las grandes aspiraciones de maestros y alumnos.
La mandataria conformó un comité de ministros, integrado por los titulares de Educación, Hacienda, Interior y Secretaría General de la Presidencia, para proponer las iniciativas legales y administrativas correspondientes, que deberán estar listas durante el primer trimestre de 2007.
Paralelamente, la presidenta encomendó a la cartera de Educación modificar los actuales grados escolares --para incentivar la especialización de los estudiantes--, modernizar la educación técnico profesional, desarrollar una auténtica carrera docente y mejorar la llamada jornada escolar completa.
"El plazo es breve y no podemos esperar. Chile y la comunidad educativa abrigan grandes esperanzas en este proceso, y no los vamos a defraudar", prometió Bachelet.
Las disposiciones están en sintonía con los principales acuerdos del Consejo, que valoró la coexistencia de la educación pública y privada, reconocimiento que interesa en particular a los sectores ligados a la oposición derechista.
"Estas modalidades educativas no son antagónicas, y corresponde plantear propuestas que potencien a ambas para contribuir a una mejor educación", establece el documento del Consejo Asesor.
El grupo propuso "generar las condiciones para destinar más recursos a la educación, priorizando a los estudiantes más pobres y con mayores problemas sociales", así como establecer requisitos más exigentes para los municipios y los dueños de los establecimientos privados subvencionados por el Estado.
De igual forma, planteó garantizar el acceso equitativo de niños y jóvenes a los centros educativos y medir la calidad de los mismos. Además, demandó la creación de una carrera profesional docente, revisando el estatuto que rige para el magisterio, y el mejoramiento de la formación inicial y continua.
No obstante, en sus seis meses de trabajo, el Consejo vivió muchos contratiempos y disensos, que quedaron expresados en las conclusiones.
"Fue un periodo intenso, agotador, porque todos los integrantes nos tomamos la tarea muy en serio, todos queríamos opinar sobre todo", comentó Egaña. "Era la primera vez, desde el retorno a la democracia en 1990, que se discutía (tan amplia y profundamente) sobre la municipalización, la ley de subvenciones, del rol del Estado en la educación", añadió.
El llamado bloque social --integrado por profesores, estudiantes secundarios y universitarios y profesionales que abogan por el fortalecimiento de la educación pública-- fue el más díscolo, tanto que decidió no adherirse al texto final, elaborando un informe alternativo, titulado "Crisis educativa en Chile: propuesta al debate ciudadano".
"Puede que se haya entendido mal, pero nosotros no nos retiramos del Consejo. Trabajamos seriamente hasta el final, sólo que optamos por no hacernos parte de las conclusiones", explicó a IPS Darío Vásquez, director nacional del Colegio de Profesores.
Según profesores y alumnos, el documento final del Consejo no es fiel a la discusión sostenida, ya que habría sufrido modificaciones de última hora. Lo califican como un "recuento de opiniones divergentes", que no identifica mayorías y minorías, las cuales podrían haber guiado de mejor forma el posterior trabajo de la mandataria. Sin embargo, Vásquez valoró los anuncios de la presidenta, especialmente el referido a la elaboración de una nueva LOCE, si bien se mostró convencido de que las reformas serán de "alcance limitado".
"Si se fortalece la educación pública, terminando con la municipalización --a través de la creación de administradoras autónomas territoriales-- y se modifica el actual sistema de financiamiento, yo me declaro más que conforme", dijo el dirigente del magisterio, que se opone a la actual existencia del lucro en la educación.
El rector de la privada Universidad Diego Portales y miembro del Consejo Asesor, Carlos Peña, criticó en su habitual columna dominical del diario El Mercurio que el bloque social hubiera adoptado esa posición disidente.
"La actitud de estudiantes ¡y profesores! estropea, de manera insensata, una de las iniciativas más innovadoras de la presidenta Bachelet: hacer políticas públicas considerando la deliberación ciudadana", dijo el abogado chileno.
El presidente del Consejo, el académico Juan Eduardo García-Huidobro, señaló que "el informe tiene la gracia de contener prácticamente todas las opiniones sobre educación y será un instrumento de trabajo muy importante para el gobierno".
Egaña también es cauta a la hora de pensar en las transformaciones. "Las presiones son muchas, y el gobierno no tiene la capacidad ni el poder político para hacerlas", arguyó la experta en educación, considerando que la propia coalición gobernante está dividida ante ciertos temas.
En su opinión, es posible avanzar en la creación de la superintendencia, pero hay escasas posibilidades de terminar con el lucro. También duda de la fiscalización que el gobierno pueda hacer de los recursos entregados a los administradores privados.
La directora del PIIE expuso que las posturas defendidas en el Consejo dan cuenta de las visiones contrapuestas de la sociedad.
La experta distinguió tres grupos: uno conformado por la oposición derechista y la Iglesia Católica, que aún concentran gran poder, otro integrado por los profesionales liberales de la coalición de centroizquierda que gobierna Chile desde 1990, y por último el denominado bloque social.
"Los primeros estaban por hacer mínimos ajustes al modelo, los segundos por continuar con el sistema introduciendo la lógica financiera del premio y la sanción para mejorar los resultados, y los terceros pensaban que era necesario hacer cambios sustantivos", explicó Egaña. Sólo falta saber qué posición imperará, concluyó.(FIN/2006)
11 dic 2006
Chile: Sigue el debate en torno a la retirada de los estudiantes del Consejo Asesor de Educacion
[Comunidad E-ducativa] Chile: Sigue el debate en torno a la retirada de los estudiantes del Consejo Asesor de Educacion creado por Bachelet
Otros puntos de vista acerca de la negativa de los estudiantes secundarios chilenos a aceptar el informe del Consejo Asesor creado por la Presidenta Bachelet.
Escribe Carlos Peña, replica Abraham Magendzo.
Saludos,
Rosa Maria Torres
www.fronesis.org
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gregory.elacqua@uai.cl wrote:
Date: Sun, 10 Dec 2006 08:08:00 -0500
From: gregory.elacqua@uai.cl
Subject: EDUCAR: El deseo vacio
To: boletinge@uai.cl
Carlos Peña analiza la salida de los estudiantes y los profesores del Consejo Asesor de Educación.
Gregory
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El Mercurio
Reportajes
El deseo vacío
Domingo 10 de diciembre de 2006
La actitud de estudiantes ¡y de profesores! estropea, de manera insensata, una de las iniciativas más innovadoras de la Presidenta Bachelet: hacer políticas públicas considerando la deliberación ciudadana.
Carlos Peña
La actitud de los estudiantes y los profesores en el Consejo Asesor de Educación -se retiraron sin previo aviso a dos o tres días de entregarse el informe final y a minutos de haber discutido ellos mismos algunas de sus conclusiones- es simplemente incomprensible.
Y no vale la pena intentar morigerarla.
Participaron intensamente en un diálogo que duró casi seis meses ¡y en la hora undécima lo rechazaron con el argumento de que el informe no recogía sus conclusiones! El perfecto absurdo: participar de un diálogo bajo la condición implícita de que o las conclusiones coinciden con mis puntos de vista o entonces el diálogo es inútil.
Igualmente incomprensible es el argumento según el cual el informe debe ser rechazado porque no introduce cambios estructurales.
Como se comprende fácilmente lo que interesa no son los cambios estructurales en sí mismos (¿desde cuándo un cambio de estructuras es en sí mismo deseable y bueno?) sino los cambios correctos que son, justamente, los que el informe una y otra vez intenta dilucidar. El deseo de "cambios estructurales" es una frase pueril -llevada al extremo una simple tautología que no dice nada- y en vez de encarar el debate lo elude por la vía más fácil: la de emplear una fraseología que anuncia contenidos que no existen.
Como para recordar la pregunta de Jack Kerouac en "On the Road": "Muchachos ¿van a alguna parte o simplemente van?".
Y el problema es, sobre todo, que con esa actitud y con esa frase pueril -"los cambios estructurales"- los estudiantes y los profesores arriesgan estropear un mecanismo de diálogo ciudadano que constituye una interesante vía para la construcción de políticas públicas.
Uno de los rasgos más acentuados de la administración del Estado en Chile en los últimos años, ha sido el imperio del policy making, de los procesos de diseño y ejecución de las políticas públicas. Como si por alguna extraña razón hubiera un tipo de profesionales que, con su saber, son capaces de definir los límites de lo posible, en las últimas décadas en Chile hemos asistido a la hegemonía del policy maker, del experto en políticas públicas que, esgrimiendo certificados y títulos, reclama su derecho a manejar el Estado, rebajando a los políticos a la categoría de saltimbanquis y a los ciudadanos a la de simples consumidores.
Pues bien, el Consejo Asesor Presidencial fue el primer intento por corregir esa reducción de la política a las políticas públicas. El primer esfuerzo para evitar ese desplazamiento de la deliberación democrática a manos de la técnica.
Y por eso la Presidenta convocó a un consejo plural que en vez de esgrimir sólo el conocimiento técnico en su favor, fuera capaz de exhibir una heterogénea variedad de intereses y puntos de vista. Entonces se abrigó la esperanza que si esos intereses dialogaban entre sí, se dejaban persuadir y alcanzaban dos o tres conclusiones convergentes, podríamos mejorar la educación y poco a poco ponerla a la altura de las expectativas que la ciudadanía ha puesto en ella.
Desgraciadamente hubo quienes prefirieron la astucia al diálogo; confundieron su propio punto de vista con la razón natural; atribuyeron las opiniones discrepantes con la suya a mala voluntad; y en vez de confiar de veras, emplearon la confianza como un recurso estratégico.
Y cuando advirtieron que las conclusiones del informe no coincidirían con su punto de vista, decidieron que el diálogo no valía la pena.
Nada de eso le hace bien a la esfera pública.
Porque la esfera pública no se hace a punta de recursos puramente instrumentales y teniendo los propios intereses como el árbitro final de todo. Por el contrario, la esfera pública supone una cierta disposición al diálogo, a dejarse persuadir por razones, a retroceder cuando los caminos están bloqueados y a dar un paso cada vez cuando ello es condición necesaria para que los demás nos acompañen.
Pero cuando el propio punto de vista es el árbitro final de todo, el diálogo es simplemente imposible.
El diálogo democrático se construye, a fin de cuentas, sobre la sospecha de que uno puede estar equivocado y que la razón individual suele ser miope. Si cada uno creyera a pie juntillas que lo que piensa es la verdad final e incorruptible, entonces el diálogo y la conversación serían perfectamente inútiles, salvo cuando, atendidas las circunstancias, constituyeran un recurso instrumental -un disfraz- para que los propios puntos de vista acaben imponiéndose.
No quiero pensar que los estudiantes ¡y los profesores! crean semejante cosa.
En vez de eso prefiero pensar que la participación de unos y otros en el Consejo ha sido genuina. Y que sus argumentos -que el informe recoge- en contra de la selección en la escuela; en contra del financiamiento compartido; en contra de la confusión entre un almacén y una escuela; en contra de la identidad entre un mall y una universidad; en contra de la desigualdad por razones de origen, y en contra de las subvenciones parejas, siguen siendo válidos.
Aunque ellos piensen -por razones que se me escapan- que deben ser rechazados porque no equivalen a ese deseo vacío de los cambios estructurales que, de pronto, y sin decir agua va, los invadió.
"La esfera pública no se hace a punta de recursos puramente instrumentales y teniendo los propios intereses como el árbitro final de todo".
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Abraham Magendzo, educador, investigador y experto en la educacion
ciudadana, responde a la columna de Carlos Peña y reflexiona en torno al
debate educacional en Chile.
Gregory
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REFLEXIONANDO EN TORNO AL DEBATE Y EL DIALOGO. A PROPÓSITO DE LA
RETIRADA DE LOS ESTUDIANTES Y PROFESORES DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN
Abraham Magendzo K
Fundación IDEAS
Diciembre 2006
Carlos Peña, al igual que muchos otras personas que integraron el
Consejo Asesor de Educación se quejan y se encuentran sorprendidos
porque” los estudiantes y los profesores se retiraron sin previo aviso a
dos o tres días de entregarse el informe y a minutos de haber discutido
ellos mismos algunas de sus conclusiones…” (EL Mercurio Domingo 10
de Diciembre2006 CD Pág. 31)
Ciertamente que para los que participaron del Consejo Asesor de
Educación que invirtieron, meses ,semanas , días y horas debatiendo
,argumentando y contra argumentando, redactando conclusiones, es
incomprensible y decepcionante la actitud de los estudiantes y profesores.
Adela Cortinas hace notar que el punto de partida en una sociedad
libre es el desacuerdo de preferencias o de convicciones, y no hay sino
tres caminos para llegar a una decisión común: la imposición, que no
es un procedimiento democrático; la agregación de preferencias o de
intereses, que se suman en público y se sigue lo que decida la mayoría;
o la deliberación, que pretende transformar públicamente las
diferencias para llegar a una voluntad común(Adela Cortina Opinión El país,
Madrid 24 Agosto 06)
La pregunta que surge, es ¿a qué fueron convocado los consejeros
,entre ellos los estudiantes y profesores, : ¿a una agregación de
preferencias o a una deliberación?. Por supuesto ya doy por descartado el
camino de la imposición.
Tengo la impresión, como observador externo, que los participantes al
Consejo Asesor fueron convocados desde la "lógica de la agregación
en la que prima el debate"- y no desde la “lógica de la
deliberación” .
En la lógica de la agregación se tiene el convencimiento que los
ciudadanos forman sus preferencias e intereses en privado, y después en
público no pueden hacer sino sumarlos y optar por la voluntad de la
mayoría; mientras que en la lógica de la deliberación se cree
posible formar una voluntad común a través de la deliberación, no sobre
todas las cuestiones, pero sí sobre algunos asuntos de justicia
ineludibles.
En la lógica del debate se trata es "vencer" al contrincante, de
rebatirlo , de ganarlo ,incluso con argumentos falaces. Finalmente, en
ocasiones se permite aún atribuirle ideas y planteamientos usando
medios muy diversos ,no siempre del todo aceptables . La desconfianza
predomina en esta lógica. Siempre se levantarán sospechas, fundadas o
infundadas, que el contrincante lo que desea es “seducirme”
,“cautivarme” e incluso “embaucarme”, que tiene otros propósitos a
los declarados ,que algo tiene bajo el poncho.
La lógica de la deliberación, por el contrario, esta basada en la
confianza, entendida como la conciencia de las posibilidades y
situaciones del otro/otra y de la oportunidad de compartir un marco ético
para la acción social. Se trata en un diálogo cooperativo con el fin de
lograr un acuerdo en torno a la necesidad de mantener y reforzar la
cooperación , aunque las personas que estén involucradas en él tengan
diferentes opiniones sobre el tema en cuestión . Es decir su finalidad
no es necesariamente producir siempre consensos y o unanimidad de
criterios.
Nuevamente me pregunto ¿a qué fueron convocado los consejeros ,entre
ellos los estudiantes y profesores : ¿a un debate o a una
deliberación?.
Si la respuesta es a un debate con fines de agregación no habría
que sorprenderse de la actitud asumida por los estudiantes. Una de las
reacciones, en un debate- no siempre muy racional más bien emocional
,es que ya que mis argumentos no son “convincentes”
“aceptados”, incluso rechazados me retiro de la escena y no me pliego a los
resultados alcanzados. Me siento derrotado , a veces manipulado. La huida es
mi estrategia.
Sin embargo, si los convocados fueron citados a un
dialogo-deliberatrivo se comprenderá que lo que se intenta ,preferente y fundamentalmente
es la construcción de conciencia sobre la importancia del bienestar
común y el respeto mutuo. Esta convocatoria se ubica en el marco de la
democracia deliberativa que pone su énfasis tanto en el proceso de
la deliberación como en las decisiones resultado de dicho proceso. Esta
forma de democracia pone de manifiesto un conflicto de intereses entre
los ciudadanos/as participantes del proceso, que son los afectados/as
por las decisiones que se toman, y el grupo que organiza la
decisión.Conflicto que no se evita sino que se elabora.
La democracia deliberativa basa su potencia en su capacidad para
obtener acuerdos sobre problemas concretos, cuestiones controvertidas o
situaciones de conflicto. Es importante destacar, en este sentido, que lo
importante no es el procedimiento que nos permitirá encontrar la
solución adecuada al conflicto, sino la legitimidad del resultado, al
integrar éste la deliberación previa y la discusión abierta, en donde
tengan cabida todos los puntos de vista encontrados. Lo importante de la
democracia no es la participación sin más, sino la participación en la
deliberación y el carácter público y abierto de ésta.
A mi parecer, la deliberación, que requiere desarrollar competencias
deliberativas, es la modalidad que mejor se ajusta a la democracia que
deseamos todos construir.
Instituto Fronesis
http://www.fronesis.org
Otros puntos de vista acerca de la negativa de los estudiantes secundarios chilenos a aceptar el informe del Consejo Asesor creado por la Presidenta Bachelet.
Escribe Carlos Peña, replica Abraham Magendzo.
Saludos,
Rosa Maria Torres
www.fronesis.org
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gregory.elacqua@uai.cl wrote:
Date: Sun, 10 Dec 2006 08:08:00 -0500
From: gregory.elacqua@uai.cl
Subject: EDUCAR: El deseo vacio
To: boletinge@uai.cl
Carlos Peña analiza la salida de los estudiantes y los profesores del Consejo Asesor de Educación.
Gregory
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El Mercurio
Reportajes
El deseo vacío
Domingo 10 de diciembre de 2006
La actitud de estudiantes ¡y de profesores! estropea, de manera insensata, una de las iniciativas más innovadoras de la Presidenta Bachelet: hacer políticas públicas considerando la deliberación ciudadana.
Carlos Peña
La actitud de los estudiantes y los profesores en el Consejo Asesor de Educación -se retiraron sin previo aviso a dos o tres días de entregarse el informe final y a minutos de haber discutido ellos mismos algunas de sus conclusiones- es simplemente incomprensible.
Y no vale la pena intentar morigerarla.
Participaron intensamente en un diálogo que duró casi seis meses ¡y en la hora undécima lo rechazaron con el argumento de que el informe no recogía sus conclusiones! El perfecto absurdo: participar de un diálogo bajo la condición implícita de que o las conclusiones coinciden con mis puntos de vista o entonces el diálogo es inútil.
Igualmente incomprensible es el argumento según el cual el informe debe ser rechazado porque no introduce cambios estructurales.
Como se comprende fácilmente lo que interesa no son los cambios estructurales en sí mismos (¿desde cuándo un cambio de estructuras es en sí mismo deseable y bueno?) sino los cambios correctos que son, justamente, los que el informe una y otra vez intenta dilucidar. El deseo de "cambios estructurales" es una frase pueril -llevada al extremo una simple tautología que no dice nada- y en vez de encarar el debate lo elude por la vía más fácil: la de emplear una fraseología que anuncia contenidos que no existen.
Como para recordar la pregunta de Jack Kerouac en "On the Road": "Muchachos ¿van a alguna parte o simplemente van?".
Y el problema es, sobre todo, que con esa actitud y con esa frase pueril -"los cambios estructurales"- los estudiantes y los profesores arriesgan estropear un mecanismo de diálogo ciudadano que constituye una interesante vía para la construcción de políticas públicas.
Uno de los rasgos más acentuados de la administración del Estado en Chile en los últimos años, ha sido el imperio del policy making, de los procesos de diseño y ejecución de las políticas públicas. Como si por alguna extraña razón hubiera un tipo de profesionales que, con su saber, son capaces de definir los límites de lo posible, en las últimas décadas en Chile hemos asistido a la hegemonía del policy maker, del experto en políticas públicas que, esgrimiendo certificados y títulos, reclama su derecho a manejar el Estado, rebajando a los políticos a la categoría de saltimbanquis y a los ciudadanos a la de simples consumidores.
Pues bien, el Consejo Asesor Presidencial fue el primer intento por corregir esa reducción de la política a las políticas públicas. El primer esfuerzo para evitar ese desplazamiento de la deliberación democrática a manos de la técnica.
Y por eso la Presidenta convocó a un consejo plural que en vez de esgrimir sólo el conocimiento técnico en su favor, fuera capaz de exhibir una heterogénea variedad de intereses y puntos de vista. Entonces se abrigó la esperanza que si esos intereses dialogaban entre sí, se dejaban persuadir y alcanzaban dos o tres conclusiones convergentes, podríamos mejorar la educación y poco a poco ponerla a la altura de las expectativas que la ciudadanía ha puesto en ella.
Desgraciadamente hubo quienes prefirieron la astucia al diálogo; confundieron su propio punto de vista con la razón natural; atribuyeron las opiniones discrepantes con la suya a mala voluntad; y en vez de confiar de veras, emplearon la confianza como un recurso estratégico.
Y cuando advirtieron que las conclusiones del informe no coincidirían con su punto de vista, decidieron que el diálogo no valía la pena.
Nada de eso le hace bien a la esfera pública.
Porque la esfera pública no se hace a punta de recursos puramente instrumentales y teniendo los propios intereses como el árbitro final de todo. Por el contrario, la esfera pública supone una cierta disposición al diálogo, a dejarse persuadir por razones, a retroceder cuando los caminos están bloqueados y a dar un paso cada vez cuando ello es condición necesaria para que los demás nos acompañen.
Pero cuando el propio punto de vista es el árbitro final de todo, el diálogo es simplemente imposible.
El diálogo democrático se construye, a fin de cuentas, sobre la sospecha de que uno puede estar equivocado y que la razón individual suele ser miope. Si cada uno creyera a pie juntillas que lo que piensa es la verdad final e incorruptible, entonces el diálogo y la conversación serían perfectamente inútiles, salvo cuando, atendidas las circunstancias, constituyeran un recurso instrumental -un disfraz- para que los propios puntos de vista acaben imponiéndose.
No quiero pensar que los estudiantes ¡y los profesores! crean semejante cosa.
En vez de eso prefiero pensar que la participación de unos y otros en el Consejo ha sido genuina. Y que sus argumentos -que el informe recoge- en contra de la selección en la escuela; en contra del financiamiento compartido; en contra de la confusión entre un almacén y una escuela; en contra de la identidad entre un mall y una universidad; en contra de la desigualdad por razones de origen, y en contra de las subvenciones parejas, siguen siendo válidos.
Aunque ellos piensen -por razones que se me escapan- que deben ser rechazados porque no equivalen a ese deseo vacío de los cambios estructurales que, de pronto, y sin decir agua va, los invadió.
"La esfera pública no se hace a punta de recursos puramente instrumentales y teniendo los propios intereses como el árbitro final de todo".
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Abraham Magendzo, educador, investigador y experto en la educacion
ciudadana, responde a la columna de Carlos Peña y reflexiona en torno al
debate educacional en Chile.
Gregory
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REFLEXIONANDO EN TORNO AL DEBATE Y EL DIALOGO. A PROPÓSITO DE LA
RETIRADA DE LOS ESTUDIANTES Y PROFESORES DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN
Abraham Magendzo K
Fundación IDEAS
Diciembre 2006
Carlos Peña, al igual que muchos otras personas que integraron el
Consejo Asesor de Educación se quejan y se encuentran sorprendidos
porque” los estudiantes y los profesores se retiraron sin previo aviso a
dos o tres días de entregarse el informe y a minutos de haber discutido
ellos mismos algunas de sus conclusiones…” (EL Mercurio Domingo 10
de Diciembre2006 CD Pág. 31)
Ciertamente que para los que participaron del Consejo Asesor de
Educación que invirtieron, meses ,semanas , días y horas debatiendo
,argumentando y contra argumentando, redactando conclusiones, es
incomprensible y decepcionante la actitud de los estudiantes y profesores.
Adela Cortinas hace notar que el punto de partida en una sociedad
libre es el desacuerdo de preferencias o de convicciones, y no hay sino
tres caminos para llegar a una decisión común: la imposición, que no
es un procedimiento democrático; la agregación de preferencias o de
intereses, que se suman en público y se sigue lo que decida la mayoría;
o la deliberación, que pretende transformar públicamente las
diferencias para llegar a una voluntad común(Adela Cortina Opinión El país,
Madrid 24 Agosto 06)
La pregunta que surge, es ¿a qué fueron convocado los consejeros
,entre ellos los estudiantes y profesores, : ¿a una agregación de
preferencias o a una deliberación?. Por supuesto ya doy por descartado el
camino de la imposición.
Tengo la impresión, como observador externo, que los participantes al
Consejo Asesor fueron convocados desde la "lógica de la agregación
en la que prima el debate"- y no desde la “lógica de la
deliberación” .
En la lógica de la agregación se tiene el convencimiento que los
ciudadanos forman sus preferencias e intereses en privado, y después en
público no pueden hacer sino sumarlos y optar por la voluntad de la
mayoría; mientras que en la lógica de la deliberación se cree
posible formar una voluntad común a través de la deliberación, no sobre
todas las cuestiones, pero sí sobre algunos asuntos de justicia
ineludibles.
En la lógica del debate se trata es "vencer" al contrincante, de
rebatirlo , de ganarlo ,incluso con argumentos falaces. Finalmente, en
ocasiones se permite aún atribuirle ideas y planteamientos usando
medios muy diversos ,no siempre del todo aceptables . La desconfianza
predomina en esta lógica. Siempre se levantarán sospechas, fundadas o
infundadas, que el contrincante lo que desea es “seducirme”
,“cautivarme” e incluso “embaucarme”, que tiene otros propósitos a
los declarados ,que algo tiene bajo el poncho.
La lógica de la deliberación, por el contrario, esta basada en la
confianza, entendida como la conciencia de las posibilidades y
situaciones del otro/otra y de la oportunidad de compartir un marco ético
para la acción social. Se trata en un diálogo cooperativo con el fin de
lograr un acuerdo en torno a la necesidad de mantener y reforzar la
cooperación , aunque las personas que estén involucradas en él tengan
diferentes opiniones sobre el tema en cuestión . Es decir su finalidad
no es necesariamente producir siempre consensos y o unanimidad de
criterios.
Nuevamente me pregunto ¿a qué fueron convocado los consejeros ,entre
ellos los estudiantes y profesores : ¿a un debate o a una
deliberación?.
Si la respuesta es a un debate con fines de agregación no habría
que sorprenderse de la actitud asumida por los estudiantes. Una de las
reacciones, en un debate- no siempre muy racional más bien emocional
,es que ya que mis argumentos no son “convincentes”
“aceptados”, incluso rechazados me retiro de la escena y no me pliego a los
resultados alcanzados. Me siento derrotado , a veces manipulado. La huida es
mi estrategia.
Sin embargo, si los convocados fueron citados a un
dialogo-deliberatrivo se comprenderá que lo que se intenta ,preferente y fundamentalmente
es la construcción de conciencia sobre la importancia del bienestar
común y el respeto mutuo. Esta convocatoria se ubica en el marco de la
democracia deliberativa que pone su énfasis tanto en el proceso de
la deliberación como en las decisiones resultado de dicho proceso. Esta
forma de democracia pone de manifiesto un conflicto de intereses entre
los ciudadanos/as participantes del proceso, que son los afectados/as
por las decisiones que se toman, y el grupo que organiza la
decisión.Conflicto que no se evita sino que se elabora.
La democracia deliberativa basa su potencia en su capacidad para
obtener acuerdos sobre problemas concretos, cuestiones controvertidas o
situaciones de conflicto. Es importante destacar, en este sentido, que lo
importante no es el procedimiento que nos permitirá encontrar la
solución adecuada al conflicto, sino la legitimidad del resultado, al
integrar éste la deliberación previa y la discusión abierta, en donde
tengan cabida todos los puntos de vista encontrados. Lo importante de la
democracia no es la participación sin más, sino la participación en la
deliberación y el carácter público y abierto de ésta.
A mi parecer, la deliberación, que requiere desarrollar competencias
deliberativas, es la modalidad que mejor se ajusta a la democracia que
deseamos todos construir.
Instituto Fronesis
http://www.fronesis.org
7 dic 2006
Opinion de OPECH respecto a las decisiones y propuestas del Bloque Social
Observatorio Chileno de Políticas Educativas – Universidad de Chile
Frente a la decisión tomada por la Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios y el
Bloque Social por la Educación, en el sentido de no suscribir el Informe Final del Consejo
Asesor Presidencial y presentar un conjunto de propuestas propias del mundo social para
superar la actual crisis educativa, quisiéramos manifestar lo siguiente:
1.- Consideramos un tremendo avance, para las aspiraciones del mundo popular y para la
materialización de los cambios que nuestro sistema educativo mercantilizado requiere, el
trabajo conjunto, abierto, responsable y propositivo que han desarrollado, a lo largo de
estos meses, los diversos sectores sociales agrupados en el Bloque Social por la Educación:
secundarios, universitarios, profesores, apoderados, asistentes de educación, estudiantes del
sistema de educación superior privado. Sin duda es mucho lo que falta por hacer, en el
trabajo de base en cada liceo y escuela, en la apertura hacia otros sectores sociales, en la
coordinación de iniciativas, etc. Pero nos sentimos orgullosos de lo construido este año: las
organizaciones sociales educativas han crecido, han superado diferencias y desconfianzas
propias de la ausencia de un trabajo conjunto previo y han demostrado una capacidad de
propuesta sin precedentes en el Chile de Post dictadura. Estamos convencidos de que para
hacer posibles los cambios estructurales que requiere la educación chilena, necesitamos
contar con un movimiento social sólido y que actúe en forma conjunta.
2.- Valoramos la actitud valiente y consecuente con el mandato de las bases sociales, que
han tenido los dirigentes del Bloque Social, al denunciar que el trabajo del Consejo Asesor
se estaba alejando progresivamente del espíritu original de proponer cambios de fondo a
nuestro sistema educacional mercantilizado. El primer informe (entregado en septiembre)
contenía ideas interesantes, como un diagnóstico respecto a la institucionalidad educativa y
al abandono de la educación pública y se esperaba, por lo tanto que las propuestas
venideras se hicieran cargo de este diagnóstico. Sin embargo, el ex presidente de la FECH
denunció en conferencia de prensa que, en el momento de debatir las propuestas, algunos
consejeros intervinieron el diagnóstico acordado hace algunos meses, con el fin de que este
se adecuara a las medidas que no modificaban sustancialmente la estructura cuestionada.
3.- Rechazamos las opiniones vertidas por sectores conservadores, de derecha y de
“concertación”, que tachan esta acción de “irresponsable” y que señalan la poca
colaboración que los estudiantes y los otros miembros del bloque social prestaron al
Consejo Asesor Presidencial. Hemos sido testigos que los miembros del bloque social son
los que presentan las mayores asistencias a las sesiones de trabajo del Consejo Asesor. Esto
a diferencia de otros miembros que se han dado el lujo de descalificar a los estudiantes. El
rector de la Universidad Católica calificó la participación de los estudiantes de “patética” y
el rector de la Universidad Diego Portales calificó de “estúpida” la reciente decisión del
mundo social. Nos hubiera gustado que estos rectores, de dos de las universidades privadas
más caras del país, manifestaran la misma actitud enérgica en contra del lucro, el negociado
con recursos del estado y la exclusión social que vive nuestro sistema educativo.
4. Han surgido voces desde sectores conservadores de nuestro país argumentando que es un
error convocar a sectores sociales a debates nacionales porque carecen de una visión
técnica, menos aún correspondería incorporar en estos debates a sectores juveniles porque
“están en formación” y “carecen de herramientas analíticas” (Editorial de El Mercurio 7 de
diciembre). Discrepamos profundamente de estas afirmaciones. Varias veces hemos dicho
que la idea de que los llamados “técnicos” no responden a intereses particulares es solo una
ilusión, hemos denunciado incluso cómo algunos de estos técnicos llegan a falsear
información para justificar sus posturas interesadas (ver editorial de OPECH sobre la
encuesta de opinión de “Libertad y Desarrollo”).
5. Finalmente, ponemos a disposición de la ciudadanía el documento resumen “Propuestas
del Bloque Social a las organizaciones populares y a la ciudadanía para mejorar la
educación chilena” entregado el día de ayer a la prensa. Creemos que este documento es
un aporte a un debate constructivo que se sustente sobre propuestas y no sobre posiciones
ideologizadas. Este es el escenario que debe predominar en el debate educativo del año
2007. Esperamos que el Gobierno se pronuncie y clarifique sus posturas respecto de los
temas que plantea el mundo social, como el cambio de la LOCE, el fin de la
municipalización, el fortalecimiento real de la profesión docente y un nuevo financiamiento
para la educación pública que excluya el lucro. Asimismo esperamos conocer la postura de
los demás miembros del Consejo Asesor, respecto del informe y de las propuestas
planteadas.
Santiago, 7 de diciembre de 2006.
Por el Derecho Ciudadano a Participar en la Educación Pública
OBSERVATORIO CHILENO DE POLITICAS EDUCATIVAS
Frente a la decisión tomada por la Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios y el
Bloque Social por la Educación, en el sentido de no suscribir el Informe Final del Consejo
Asesor Presidencial y presentar un conjunto de propuestas propias del mundo social para
superar la actual crisis educativa, quisiéramos manifestar lo siguiente:
1.- Consideramos un tremendo avance, para las aspiraciones del mundo popular y para la
materialización de los cambios que nuestro sistema educativo mercantilizado requiere, el
trabajo conjunto, abierto, responsable y propositivo que han desarrollado, a lo largo de
estos meses, los diversos sectores sociales agrupados en el Bloque Social por la Educación:
secundarios, universitarios, profesores, apoderados, asistentes de educación, estudiantes del
sistema de educación superior privado. Sin duda es mucho lo que falta por hacer, en el
trabajo de base en cada liceo y escuela, en la apertura hacia otros sectores sociales, en la
coordinación de iniciativas, etc. Pero nos sentimos orgullosos de lo construido este año: las
organizaciones sociales educativas han crecido, han superado diferencias y desconfianzas
propias de la ausencia de un trabajo conjunto previo y han demostrado una capacidad de
propuesta sin precedentes en el Chile de Post dictadura. Estamos convencidos de que para
hacer posibles los cambios estructurales que requiere la educación chilena, necesitamos
contar con un movimiento social sólido y que actúe en forma conjunta.
2.- Valoramos la actitud valiente y consecuente con el mandato de las bases sociales, que
han tenido los dirigentes del Bloque Social, al denunciar que el trabajo del Consejo Asesor
se estaba alejando progresivamente del espíritu original de proponer cambios de fondo a
nuestro sistema educacional mercantilizado. El primer informe (entregado en septiembre)
contenía ideas interesantes, como un diagnóstico respecto a la institucionalidad educativa y
al abandono de la educación pública y se esperaba, por lo tanto que las propuestas
venideras se hicieran cargo de este diagnóstico. Sin embargo, el ex presidente de la FECH
denunció en conferencia de prensa que, en el momento de debatir las propuestas, algunos
consejeros intervinieron el diagnóstico acordado hace algunos meses, con el fin de que este
se adecuara a las medidas que no modificaban sustancialmente la estructura cuestionada.
3.- Rechazamos las opiniones vertidas por sectores conservadores, de derecha y de
“concertación”, que tachan esta acción de “irresponsable” y que señalan la poca
colaboración que los estudiantes y los otros miembros del bloque social prestaron al
Consejo Asesor Presidencial. Hemos sido testigos que los miembros del bloque social son
los que presentan las mayores asistencias a las sesiones de trabajo del Consejo Asesor. Esto
a diferencia de otros miembros que se han dado el lujo de descalificar a los estudiantes. El
rector de la Universidad Católica calificó la participación de los estudiantes de “patética” y
el rector de la Universidad Diego Portales calificó de “estúpida” la reciente decisión del
mundo social. Nos hubiera gustado que estos rectores, de dos de las universidades privadas
más caras del país, manifestaran la misma actitud enérgica en contra del lucro, el negociado
con recursos del estado y la exclusión social que vive nuestro sistema educativo.
4. Han surgido voces desde sectores conservadores de nuestro país argumentando que es un
error convocar a sectores sociales a debates nacionales porque carecen de una visión
técnica, menos aún correspondería incorporar en estos debates a sectores juveniles porque
“están en formación” y “carecen de herramientas analíticas” (Editorial de El Mercurio 7 de
diciembre). Discrepamos profundamente de estas afirmaciones. Varias veces hemos dicho
que la idea de que los llamados “técnicos” no responden a intereses particulares es solo una
ilusión, hemos denunciado incluso cómo algunos de estos técnicos llegan a falsear
información para justificar sus posturas interesadas (ver editorial de OPECH sobre la
encuesta de opinión de “Libertad y Desarrollo”).
5. Finalmente, ponemos a disposición de la ciudadanía el documento resumen “Propuestas
del Bloque Social a las organizaciones populares y a la ciudadanía para mejorar la
educación chilena” entregado el día de ayer a la prensa. Creemos que este documento es
un aporte a un debate constructivo que se sustente sobre propuestas y no sobre posiciones
ideologizadas. Este es el escenario que debe predominar en el debate educativo del año
2007. Esperamos que el Gobierno se pronuncie y clarifique sus posturas respecto de los
temas que plantea el mundo social, como el cambio de la LOCE, el fin de la
municipalización, el fortalecimiento real de la profesión docente y un nuevo financiamiento
para la educación pública que excluya el lucro. Asimismo esperamos conocer la postura de
los demás miembros del Consejo Asesor, respecto del informe y de las propuestas
planteadas.
Santiago, 7 de diciembre de 2006.
Por el Derecho Ciudadano a Participar en la Educación Pública
OBSERVATORIO CHILENO DE POLITICAS EDUCATIVAS
Propuestas del Bloque Social a las Organizaciones Populares y a la ciudadania para mejorar la educacion chilena
Querid@s colegas: como tal vez hayan
leido por la prensa, la Asamblea Nacional de
Estudiantes Secundarios de Chile decidió, en su
congreso nacional realizado el fin de semana recien
pasado en Valparaiso, desconocer el informe final
del Consejo Asesor para la Calidad de la Educación
convocado por la Presidenta Bachelet. El día de ayer
la Confederación Nacional de Estudiantes
Universitarios CONFECH, el Colegio de Profesores, la
Asociación Nacional de Padres y Apoderados, el
Consejo Nacional de Codocentes y la Asociación
Nacional de Estudiantes de la Eduación Superior
Privada, anunciaron que se adhieren a la postura de
los secundarios en el sentido de no avalar este
informe. Las razones para desconocer dicho informe
final son que "no se manifiesta en él una voluntad
de realizar cambios estructurales de fondo en
nuestra educación que terminen con el negocio y
lucro educativo, y que demuestren una voluntad
política clara de reconstruir la educación pública
de calidad para las mayorías chilenas. Todas estas
demandas ampliamente anheladas por la sociedad
chilena". Todas estas organizaciones, que se agrupan
en el BLOQUE SOCIAL POR LA EDUCACION dieron a
conocer, en una masiva conferencia de prensa, un
documento que resume propuestas desde el mundo
social para superar la crisis de calidad, equidad y
segmentación social que sufre nuestra educación.
Como Observatorio Chileno de Políticas Educativas de
la Universidad de Chile OPECH, nos sentimos
orgullosos del trabajo conjunto realizado por estas
organizaciones del mundo social educativo y ponemos
a su disposición el texto en su versión resumida
(para no aburrirlos).
Un abrazo a tod@s
Rodrigo Cornejo
Profesor Universidad de Chile. Coordinador ejecutivo
del Observatorio Chileno de Políticas Educativas -
OPECH.
> PROPUESTAS DEL BLOQUE SOCIAL A LAS ORGANIZACIONES
> POPULARES Y A LA CIUDADANIA PARA MEJORAR LA
> EDUCACION CHILENA.
> El Bloque Social por la Educación[1] aspira a
> promover la unidad de los actores sociales que viven
> cotidianamente las consecuencias negativas del
> actual modelo de educación mercantil con el objetivo
> de concretar los cambios estructurales profundos que
> requiere nuestro sistema educativo para favorecer
> una educación y una sociedad más igualitaria, justa,
> libertaria y de calidad integral.
>
> En esta perspectiva, durante los seis meses de
> trabajo en el Consejo Asesor Presidencial por la
> Calidad de la Educación, el Bloque Social ha ido
> construyendo diversas propuestas, defendidas en el
> Consejo, pero que se desperfilaron en la falta de
> coherencia y articulación del Informe Final. Es
> nuestro objetivo presentar y someter al debate de
> las organizaciones del mundo social y de l@s
> ciudadan@s de nuestro país el producto de este
> trabajo para mejorar el conjunto de la educación
> chilena, en especial la educación de las mayorías
> populares. A continuación exponemos una breve
> síntesis de él.
>
> La actual LOCE aprobada durante la Dictadura y
> sostenida posteriormente por los gobiernos de la
> Concertación, no sólo carece de legitimidad
> deliberativa, sino que además concretizó y validó el
> desmantelamiento de la educación pública chilena,
> instalando una lógica donde ha primado la libertad
> de empresa en educación.
>
> La Reforma educativa en curso desde
> mediados de los años 90, también se caracterizó por
> procesos de exclusión ciudadana. Esta vez la visión
> técnica anuló las esperanzas y expectativas de
> participación de diferentes sectores de la sociedad.
> Por otra parte, las autoridades políticas no
> cuestionaron la legitimidad ni los efectos perversos
> de la LOCE ni de la Constitución Política dictadas
> durante la Dictadura.
>
> La municipalización del sistema de
> educación pública significó el traspaso de los
> establecimientos a entidades sin competencias para
> la administración educativa, desligando al Estado de
> su responsabilidad histórica, lo cual implicó la
> segregación del sistema. Del mismo modo, la
> provisión pública quedó sometida a la voluntad de la
> autoridad política local de turno.
>
> La libertad de los padres de elección de
> la educación para sus hijo/as no ha sido efectiva
> debido a la preeminencia de la libertad de selección
> que han llevado a cabo los establecimientos
> educativos, íntimamente ligada a la capacidad
> económica de las familias.
>
> Por otra parte, el medrado rol del
> Estado en las temáticas sociales, heredado del
> desmantelamiento dictatorial, al sólo subsidio de la
> demanda, es decir el tratamiento igualitario para la
> educación pública y los proyectos privados, ha
> incidido en el deterioro del sistema público de
> educación. Ello ha facilitado la apertura -en un
> crecimiento exponencial- y mantención de
> establecimientos privados sin mayor control de la
> autoridad política.
>
> Este rol de mero observador de la
> segregación escolar en aumento, ha favorecido una
> expansión salvaje del lucro en educación,
> tergiversando el principio y el sentido de la
> educación gratuita -la cual parece ser condenada a
> educar a los sectores socioeconómicos más bajos-. El
> efecto segregador ha implicado que los
> establecimientos que poseen los mejores mecanismos
> de selección de alumnos/as tienen los mejores
> resultados.
>
> El Estado chileno ha impuesto una
> desigualdad de trato al favorecer claramente a la
> educación privada, la cual sólo está sujeta a la
> regulación del mercado. Lo que es más grave aún, el
> Estado ha ayudado a financiar como parte de su gasto
> público a instituciones fundadas bajo el principio
> de lucro, lo cual es ajeno a la lógica de la
> educación pública.
>
> En consecuencia el sistema educativo
> chileno se caracteriza por las Crisis de Calidad,
> Equidad y de Segmentación social en las escuelas o
> "apartheid" educativo.
>
> Para superar esta crisis se requiere recuperar la
> responsabilidad del Estado -hasta ahora meramente
> subsidiario- en el desarrollo de nuestro sistema
> educativo, así como incorporar la participación
> resolutiva de la ciudadanía, democratizando y
> modernizando el sistema en su conjunto, lo que
> implica profundas reformas estructurales, las que
> sintetizamos a continuación:
>
> 1. REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN Y CAMBIO DE LA LOCE
>
> · Con respecto a la Constitución de 1980, se
> requiere reformar sus artículos 19 y 20 con el
> objetivo que el Estado garantice el derecho a una
> educación de calidad integral, así como el
> condicionamiento de la libertad de enseñanza (en
> principio deseable) esté a los principios de bien
> común, la no discriminación y la abstención del
> lucro.
>
> · La nueva Loce debe establecer:
> · El derecho a la educación (cobertura) y a
> la calidad de la educación en condiciones de
> equidad.
>
> · Que todo establecimiento que reciba
> financiamiento del Estado debe comprometerse a: no
> seleccionar alumnos; promover la participación de
> los actores de la comunidad con derecho a revisión
> de cuentas, reglamentos de disciplina, etc. con
> carácter decisorio.
>
> · Elevar los requisitos exigidos para el
> reconocimiento de colegios y para desempeñarse como
> sostenedor. Estos deben relacionarse con el bien
> común, la no discriminación, la participación y la
> abstención del lucro.
>
> · Definir en la LOCE (producto de una gran
> discusión nacional) el tipo de ser humano que
> queremos formar en las escuelas y un proyecto
> educativo para el país.
>
> 2. NUEVA INSTITUCIONALIDAD, cuyos elementos
> centrales son:
> · Reorganización del Ministerio de Educación,
> eliminando la cultura del cuoteo político y el
> clientelismo. El MINEDUC debe reconstruir un sistema
> sólido y altamente capacitado de inspección,
> supervisión y apoyo pedagógico para todas las
> establecimientos educativos.
>
> · Creación organismos públicos estatales que
> administren la educación pública, en reemplazo de
> los municipios, incorporado la participación de los
> actores de la comunidad local quienes contarán con
> un adecuado apoyo técnico-pedagógico -para la
> adecuación de las materias curriculares a la
> realidad local de niños y jóvenes- y financiero. Se
> priorizará el trabajo en redes de colaboración entre
> las escuelas por sobre la lógica de competencia
> entre escuelas como ocurre actualmente.
>
> · Creación de una Superintendencia de
> educación para la inspección de la educación pública
> y privada de aspectos como: uso del financiamiento,
> cumplimiento de los criterios de calidad, y respeto
> de derechos y deberes (legislación). Esta entidad
> podrá imponer sanciones.
>
> 3. NUEVO SISTEMA DE FINANCIAMIENTO,
> que contempla un sistema de financiamiento mixto.
>
> · El sistema público recibirá financiamiento
> privilegiado del Estado, vía presupuesto, para la
> educación de propiedad del Estado. La asignación de
> recursos vía presupuesto se realizará en base a
> territorios geográficos que conforman los distintos
> servicios de educación. Este presupuesto comprende
> la gestión del servicio y de los establecimientos,
> asegurando los costos de administración, dirección,
> docencia, apoyos pedagógicos, materiales educativos,
> infraestructura y equipamiento, así como
> alimentación escolar, considerando las necesidades
> educativas de la población escolar atendida
> (vulnerabilidad, ruralidad, necesidades educativas
> especiales, etc.)
>
> · Los establecimientos del sistema particular
> subvencionado continuarán siendo financiados vía
> subvención, bajo la condición de que sometan a la
> política pública nacional, no lucrando ni
> seleccionando a sus alumnos.
>
> · Este esquema de financiamiento ha sido
> estudiado en cuanto a sus costos y aparece
> absolutamente posible de financiar si se destina a
> educación el 10% de las ventas del cobre que
> actualmente son dedicadas a las fuerzas armadas.
>
> 4. CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA
> CALIDAD
>
> · La calidad de la educación debe ser
> integral, considerando no sólo la formación para el
> trabajo, sino también para la ciudadanía crítica y
> el desarrollo personal, afectivo y social.
>
> · Acorde con esta definición de calidad, los
> sistemas de evaluación no pueden centrarse sólo en
> la medición de estándares de rendimiento, sino
> fundamentalmente en los de procesos pedagógicos.
>
> 5. MODIFICAR LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA, para lo
> cual es necesario:
>
> · Dotar con la cantidad de recursos adecuados
> a las escuelas en jornada escolar completa.
>
> · Mejorar la infraestructura de los liceos en
> JEC -gimnasios, casinos, laboratorios.
>
> · Aumentar los almuerzos escolares y raciones
> alimenticios
>
> · Revisar en los Consejos Escolares el uso
> que se le dará a las horas disponibles por la JEC.
>
> · Mejorar las condiciones salariales y
> laborales de los docentes y de los asistentes de
> educación.
>
> 6. FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIÓN DOCENTE Y DE LOS
> ASISTENTES DE LA EDUCACION
>
> · Mejorar sustancialmente las remuneraciones.
> La responsabilidad que depositamos sobre sus hombros
> es inmensa: formar a nuestros niños y jóvenes.
>
> · Garantizar la estabilidad laboral mínima en
> los establecimientos particulares subvencionados.
>
> · Cambiar la organización del trabajo
> docente: modificar la carga horaria, de modo que se
> contemple tiempo efectivo para la planificación,
> evaluación, investigación pedagógica y elaboración
> de innovaciones, trabajo en equipo.
>
> · Disminuir el número de alumnos por curso a
> un máximo de 30.
>
> · Crear una carrera profesional docente, a la
> cual vaya asociada la evaluación docente.
>
> · Mejorar las políticas de formación inicial
> y continua, para lo cual el Estado debe ser
> responsable de dichas políticas.
>
> 7. EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD INTEGRAL Y
> ACCESIBLE PARA LAS MAYORÍAS POPULARES
>
> · Hacer la educación superior gratuita, al
> menos para los estudiantes provenientes de los
> primeros cuatro quintiles de ingreso.
>
> · Construir un sistema de Formación Técnica
> estatal, gratuito y de calidad y eliminación de los
> actuales Institutos Profesionales..
>
> · Fomentar una formación integral en la
> educación superior, que suponga una sólida educación
> ética, en derechos sociales y que fomente,
> especialmente a los jóvenes más privilegiados
> hacerse cargo de la realidad social de nuestro país,
> brutalmente desigual.
>
> · Modificar el actual sistema de acceso a la
> Universidad. La PSU seguirá siendo una prueba de
> discriminación contra los más pobres hasta la
> educación secundaria no sea igualitaria.
>
> · Ampliar la gestión democrática de las
> instituciones de educación superior, instalando la
> lógica de participación triestamental.
leido por la prensa, la Asamblea Nacional de
Estudiantes Secundarios de Chile decidió, en su
congreso nacional realizado el fin de semana recien
pasado en Valparaiso, desconocer el informe final
del Consejo Asesor para la Calidad de la Educación
convocado por la Presidenta Bachelet. El día de ayer
la Confederación Nacional de Estudiantes
Universitarios CONFECH, el Colegio de Profesores, la
Asociación Nacional de Padres y Apoderados, el
Consejo Nacional de Codocentes y la Asociación
Nacional de Estudiantes de la Eduación Superior
Privada, anunciaron que se adhieren a la postura de
los secundarios en el sentido de no avalar este
informe. Las razones para desconocer dicho informe
final son que "no se manifiesta en él una voluntad
de realizar cambios estructurales de fondo en
nuestra educación que terminen con el negocio y
lucro educativo, y que demuestren una voluntad
política clara de reconstruir la educación pública
de calidad para las mayorías chilenas. Todas estas
demandas ampliamente anheladas por la sociedad
chilena". Todas estas organizaciones, que se agrupan
en el BLOQUE SOCIAL POR LA EDUCACION dieron a
conocer, en una masiva conferencia de prensa, un
documento que resume propuestas desde el mundo
social para superar la crisis de calidad, equidad y
segmentación social que sufre nuestra educación.
Como Observatorio Chileno de Políticas Educativas de
la Universidad de Chile OPECH, nos sentimos
orgullosos del trabajo conjunto realizado por estas
organizaciones del mundo social educativo y ponemos
a su disposición el texto en su versión resumida
(para no aburrirlos).
Un abrazo a tod@s
Rodrigo Cornejo
Profesor Universidad de Chile. Coordinador ejecutivo
del Observatorio Chileno de Políticas Educativas -
OPECH.
> PROPUESTAS DEL BLOQUE SOCIAL A LAS ORGANIZACIONES
> POPULARES Y A LA CIUDADANIA PARA MEJORAR LA
> EDUCACION CHILENA.
> El Bloque Social por la Educación[1] aspira a
> promover la unidad de los actores sociales que viven
> cotidianamente las consecuencias negativas del
> actual modelo de educación mercantil con el objetivo
> de concretar los cambios estructurales profundos que
> requiere nuestro sistema educativo para favorecer
> una educación y una sociedad más igualitaria, justa,
> libertaria y de calidad integral.
>
> En esta perspectiva, durante los seis meses de
> trabajo en el Consejo Asesor Presidencial por la
> Calidad de la Educación, el Bloque Social ha ido
> construyendo diversas propuestas, defendidas en el
> Consejo, pero que se desperfilaron en la falta de
> coherencia y articulación del Informe Final. Es
> nuestro objetivo presentar y someter al debate de
> las organizaciones del mundo social y de l@s
> ciudadan@s de nuestro país el producto de este
> trabajo para mejorar el conjunto de la educación
> chilena, en especial la educación de las mayorías
> populares. A continuación exponemos una breve
> síntesis de él.
>
> La actual LOCE aprobada durante la Dictadura y
> sostenida posteriormente por los gobiernos de la
> Concertación, no sólo carece de legitimidad
> deliberativa, sino que además concretizó y validó el
> desmantelamiento de la educación pública chilena,
> instalando una lógica donde ha primado la libertad
> de empresa en educación.
>
> La Reforma educativa en curso desde
> mediados de los años 90, también se caracterizó por
> procesos de exclusión ciudadana. Esta vez la visión
> técnica anuló las esperanzas y expectativas de
> participación de diferentes sectores de la sociedad.
> Por otra parte, las autoridades políticas no
> cuestionaron la legitimidad ni los efectos perversos
> de la LOCE ni de la Constitución Política dictadas
> durante la Dictadura.
>
> La municipalización del sistema de
> educación pública significó el traspaso de los
> establecimientos a entidades sin competencias para
> la administración educativa, desligando al Estado de
> su responsabilidad histórica, lo cual implicó la
> segregación del sistema. Del mismo modo, la
> provisión pública quedó sometida a la voluntad de la
> autoridad política local de turno.
>
> La libertad de los padres de elección de
> la educación para sus hijo/as no ha sido efectiva
> debido a la preeminencia de la libertad de selección
> que han llevado a cabo los establecimientos
> educativos, íntimamente ligada a la capacidad
> económica de las familias.
>
> Por otra parte, el medrado rol del
> Estado en las temáticas sociales, heredado del
> desmantelamiento dictatorial, al sólo subsidio de la
> demanda, es decir el tratamiento igualitario para la
> educación pública y los proyectos privados, ha
> incidido en el deterioro del sistema público de
> educación. Ello ha facilitado la apertura -en un
> crecimiento exponencial- y mantención de
> establecimientos privados sin mayor control de la
> autoridad política.
>
> Este rol de mero observador de la
> segregación escolar en aumento, ha favorecido una
> expansión salvaje del lucro en educación,
> tergiversando el principio y el sentido de la
> educación gratuita -la cual parece ser condenada a
> educar a los sectores socioeconómicos más bajos-. El
> efecto segregador ha implicado que los
> establecimientos que poseen los mejores mecanismos
> de selección de alumnos/as tienen los mejores
> resultados.
>
> El Estado chileno ha impuesto una
> desigualdad de trato al favorecer claramente a la
> educación privada, la cual sólo está sujeta a la
> regulación del mercado. Lo que es más grave aún, el
> Estado ha ayudado a financiar como parte de su gasto
> público a instituciones fundadas bajo el principio
> de lucro, lo cual es ajeno a la lógica de la
> educación pública.
>
> En consecuencia el sistema educativo
> chileno se caracteriza por las Crisis de Calidad,
> Equidad y de Segmentación social en las escuelas o
> "apartheid" educativo.
>
> Para superar esta crisis se requiere recuperar la
> responsabilidad del Estado -hasta ahora meramente
> subsidiario- en el desarrollo de nuestro sistema
> educativo, así como incorporar la participación
> resolutiva de la ciudadanía, democratizando y
> modernizando el sistema en su conjunto, lo que
> implica profundas reformas estructurales, las que
> sintetizamos a continuación:
>
> 1. REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN Y CAMBIO DE LA LOCE
>
> · Con respecto a la Constitución de 1980, se
> requiere reformar sus artículos 19 y 20 con el
> objetivo que el Estado garantice el derecho a una
> educación de calidad integral, así como el
> condicionamiento de la libertad de enseñanza (en
> principio deseable) esté a los principios de bien
> común, la no discriminación y la abstención del
> lucro.
>
> · La nueva Loce debe establecer:
> · El derecho a la educación (cobertura) y a
> la calidad de la educación en condiciones de
> equidad.
>
> · Que todo establecimiento que reciba
> financiamiento del Estado debe comprometerse a: no
> seleccionar alumnos; promover la participación de
> los actores de la comunidad con derecho a revisión
> de cuentas, reglamentos de disciplina, etc. con
> carácter decisorio.
>
> · Elevar los requisitos exigidos para el
> reconocimiento de colegios y para desempeñarse como
> sostenedor. Estos deben relacionarse con el bien
> común, la no discriminación, la participación y la
> abstención del lucro.
>
> · Definir en la LOCE (producto de una gran
> discusión nacional) el tipo de ser humano que
> queremos formar en las escuelas y un proyecto
> educativo para el país.
>
> 2. NUEVA INSTITUCIONALIDAD, cuyos elementos
> centrales son:
> · Reorganización del Ministerio de Educación,
> eliminando la cultura del cuoteo político y el
> clientelismo. El MINEDUC debe reconstruir un sistema
> sólido y altamente capacitado de inspección,
> supervisión y apoyo pedagógico para todas las
> establecimientos educativos.
>
> · Creación organismos públicos estatales que
> administren la educación pública, en reemplazo de
> los municipios, incorporado la participación de los
> actores de la comunidad local quienes contarán con
> un adecuado apoyo técnico-pedagógico -para la
> adecuación de las materias curriculares a la
> realidad local de niños y jóvenes- y financiero. Se
> priorizará el trabajo en redes de colaboración entre
> las escuelas por sobre la lógica de competencia
> entre escuelas como ocurre actualmente.
>
> · Creación de una Superintendencia de
> educación para la inspección de la educación pública
> y privada de aspectos como: uso del financiamiento,
> cumplimiento de los criterios de calidad, y respeto
> de derechos y deberes (legislación). Esta entidad
> podrá imponer sanciones.
>
> 3. NUEVO SISTEMA DE FINANCIAMIENTO,
> que contempla un sistema de financiamiento mixto.
>
> · El sistema público recibirá financiamiento
> privilegiado del Estado, vía presupuesto, para la
> educación de propiedad del Estado. La asignación de
> recursos vía presupuesto se realizará en base a
> territorios geográficos que conforman los distintos
> servicios de educación. Este presupuesto comprende
> la gestión del servicio y de los establecimientos,
> asegurando los costos de administración, dirección,
> docencia, apoyos pedagógicos, materiales educativos,
> infraestructura y equipamiento, así como
> alimentación escolar, considerando las necesidades
> educativas de la población escolar atendida
> (vulnerabilidad, ruralidad, necesidades educativas
> especiales, etc.)
>
> · Los establecimientos del sistema particular
> subvencionado continuarán siendo financiados vía
> subvención, bajo la condición de que sometan a la
> política pública nacional, no lucrando ni
> seleccionando a sus alumnos.
>
> · Este esquema de financiamiento ha sido
> estudiado en cuanto a sus costos y aparece
> absolutamente posible de financiar si se destina a
> educación el 10% de las ventas del cobre que
> actualmente son dedicadas a las fuerzas armadas.
>
> 4. CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA
> CALIDAD
>
> · La calidad de la educación debe ser
> integral, considerando no sólo la formación para el
> trabajo, sino también para la ciudadanía crítica y
> el desarrollo personal, afectivo y social.
>
> · Acorde con esta definición de calidad, los
> sistemas de evaluación no pueden centrarse sólo en
> la medición de estándares de rendimiento, sino
> fundamentalmente en los de procesos pedagógicos.
>
> 5. MODIFICAR LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA, para lo
> cual es necesario:
>
> · Dotar con la cantidad de recursos adecuados
> a las escuelas en jornada escolar completa.
>
> · Mejorar la infraestructura de los liceos en
> JEC -gimnasios, casinos, laboratorios.
>
> · Aumentar los almuerzos escolares y raciones
> alimenticios
>
> · Revisar en los Consejos Escolares el uso
> que se le dará a las horas disponibles por la JEC.
>
> · Mejorar las condiciones salariales y
> laborales de los docentes y de los asistentes de
> educación.
>
> 6. FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIÓN DOCENTE Y DE LOS
> ASISTENTES DE LA EDUCACION
>
> · Mejorar sustancialmente las remuneraciones.
> La responsabilidad que depositamos sobre sus hombros
> es inmensa: formar a nuestros niños y jóvenes.
>
> · Garantizar la estabilidad laboral mínima en
> los establecimientos particulares subvencionados.
>
> · Cambiar la organización del trabajo
> docente: modificar la carga horaria, de modo que se
> contemple tiempo efectivo para la planificación,
> evaluación, investigación pedagógica y elaboración
> de innovaciones, trabajo en equipo.
>
> · Disminuir el número de alumnos por curso a
> un máximo de 30.
>
> · Crear una carrera profesional docente, a la
> cual vaya asociada la evaluación docente.
>
> · Mejorar las políticas de formación inicial
> y continua, para lo cual el Estado debe ser
> responsable de dichas políticas.
>
> 7. EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD INTEGRAL Y
> ACCESIBLE PARA LAS MAYORÍAS POPULARES
>
> · Hacer la educación superior gratuita, al
> menos para los estudiantes provenientes de los
> primeros cuatro quintiles de ingreso.
>
> · Construir un sistema de Formación Técnica
> estatal, gratuito y de calidad y eliminación de los
> actuales Institutos Profesionales..
>
> · Fomentar una formación integral en la
> educación superior, que suponga una sólida educación
> ética, en derechos sociales y que fomente,
> especialmente a los jóvenes más privilegiados
> hacerse cargo de la realidad social de nuestro país,
> brutalmente desigual.
>
> · Modificar el actual sistema de acceso a la
> Universidad. La PSU seguirá siendo una prueba de
> discriminación contra los más pobres hasta la
> educación secundaria no sea igualitaria.
>
> · Ampliar la gestión democrática de las
> instituciones de educación superior, instalando la
> lógica de participación triestamental.
Consejo Asesor de Educación entregó Informe de Avance a la Presidenta Bachelet
http://www.consejoeducacion.cl/view/viewArticulos.asp?idArticulo=31
07-12-2006 12:11:15
Consejo Asesor de Educación entregó Informe de Avance a la Presidenta Bachelet
El Presidente del Consejo Asesor para la Calidad de la Educación, Juan Eduardo García-Huidobro y la Secretaria Ejecutiva de la entidad, Patricia Medrano, entregaron el viernes 29 de septiembre a la Presidenta de la República el Informe de Avance del estado del sistema educacional en el país y que la entidad analiza desde junio pasado.
Juan Eduardo García-Huidobro asistió a la audiencia con la Mandataria en compañía de los coordinadores del grupo, Carlos Peña, Paulina Araneda y Abelardo Castro. La Jefa de Estado al recibir el esperado documento indicó: “Creo que hay un gran acuerdo que tienen todos los integrantes del consejo y que sin duda el Gobierno comparte a cabalidad, y que es la necesidad de pasar del "derecho" al "acceso" a una educación para todos y al "derecho de todos" a una educación de calidad. Y lo más importante, es que el país está en condiciones de avanzar en esa dirección”.
La Presidenta Bachelet sostuvo, además, que "conversando con los representantes del consejo que han estado acá y recogiendo también el sentir mayoritario de la ciudadanía y de los integrantes del consejo, es que yo he reafirmado mi convicción de la necesidad de contar con una nueva LOCE que pueda, efectivamente, mejorar las condiciones de regulación de la educación en Chile".
Por su parte, Juan Eduardo García-Huidobro manifestó que “hay en el informe un conjunto de bases de acuerdo para cambiar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, en el sentido de darle más prerrogativas al Estado para tener un control de calidad o un aseguramiento de la calidad más fuerte y hacer más participativo y legítimo el sistema educacional que tenemos entre manos".
Y agregó: "Fue bastante acorde en las distintas comisiones la idea de que el país se merece un mejoramiento muy fuerte, muy serio, muy decidido, de propiedad pública, que es una educación a la cual asisten, en muchos casos, muchas personas que no tienen posibilidad de elegir. Por ejemplo, hay más de 60 comunas en el país donde no hay educación privada".
LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN EL DOCUMENTO
Entre las propuestas se incluyen nuevas modalidades de administración de la educación gestionada por los municipios; la sustitución de la LOCE; mejoras en la formulación del derecho a una educación de calidad en armonía con la libertad de enseñanza; fortalecer los “exiguos deberes del Estado” en materia de educación de calidad; la necesidad de definir criterios de exclusión/intervención de establecimientos educacionales en base a su desempeño; modificaciones a la actual institucionalidad educacional para promover una nueva administración del sector.
El informe ha dejado para la segunda etapa de discusiones temas como el Estatuto Docente, la formación inicial docente, financiamiento de la educación.
COMISION MARCO REGULATORIO
La Comisión 1, de Marco Regulatorio, informó haber alcanzado acuerdos para hacer recomendaciones como:
-Sustituir la LOCE, acuerdo que cuenta con la unanimidad de los consejeros, quienes estiman necesario seguir avanzando en el camino de generar democrática y participativamente, un nuevo marco regulatorio legal.
- Instituir el derecho fundamental a una educación gratuita y obligatoria de calidad, mejorando la “severa asimetría” que existe entre tal derecho y la libertad de enseñanza. Por unanimidad, los consejeros creen que Chile está ya en condiciones de asegurar a sus niños y jóvenes ese acceso, aunque para ello deberá invertir significativamente más; mejorar drásticamente la gestión escolar; contar con una profesión docente sustancialmente reforzada; contar con un sistema de supervisión y de aseguramiento de la calidad que no existe hoy.
-Instituir un marco regulatorio que financie la educación con cargo a rentas generales y en un monto tal que haga posible esa educación de calidad; que establezca condiciones de entrada al sistema (requisitos académicos y patrimoniales a los sostenedores) que lo hagan plausible; que evalúe periódicamente el proceso educacional, sus resultados y progresos intermedios, de modo de poder acreditar su calidad y establecer alertas de intervención temprana; que los resultados de tales evaluaciones se informen a la ciudadanía; que se definan criterios de exclusión/intervención de establecimientos en base a su desempeño; que responda a una planificación nacional de educación y articule de manera coherente los diferentes niveles de la misma; y que exija transparencia de los establecimientos hacia la comunidad.
-El Consejo piensa por mayoría que el Estado ha de hacer esfuerzos especiales para erigir a la educación estatal e íntegramente gratuita en el paradigma de calidad del sistema educacional chileno, por cuanto una educación estatal de buena calidad es la mejor garantía de que la educación en su conjunto sea buena. Un voto de minoría piensa que el mejor diseño de política pública es un sistema que satisfaga la igualdad de trato para todos los proveedores de educación, independientemente si son públicos o privados; elección del establecimiento por los padres que impida selección en el primer ciclo por parte de las escuelas; discriminación positiva a favor de los alumnos más vulnerables y un eficiente sistema de Aseguramiento de Calidad a cargo de una Superintendencia dependiente del Consejo de la Alta Dirección Pública.
-En el Consejo no fue posible alcanzar una posición compartida acerca de la educación proveída por instituciones con fines de lucro. Hay quienes sostienen que la índole de la práctica educativa no se aviene con el propósito de lucro. Por otro lado, hay quienes observan razones de peso para oponerse a la provisión educativa con financiamiento público mediante instituciones con fines de lucro.
COMISION DE INSTITUCIONALIDAD
En esta primera etapa, esta comisión centró su trabajo en hacer un completo diagnóstico de la institucionalidad del sistema educacional de propiedad del Estado, y elaborar recomendaciones para mejorar la situación, dejando para el próximo período de discusiones los temas de financiamiento, recursos humanos, educación privada financiada por el Estado y actores educativos.
Respecto de la educación municipal, los consejeros sugieren un cambio en la actual institucionalidad, sea a través de un nuevo diseño que no dependa de los municipios o a través de un nuevo marco regulatorio que cambie el modo de administrar la educación municipal.
Proponen la creación una “entidad administradora de educación pública”, que responda a los siguientes criterios:
-Tendrá como única función la gestión de los establecimientos educacionales propiedad del Estado.
-Que la nueva entidad administrativa sea responsable de administrar los establecimientos de una determinada unidad geográfica (máximo una región, mínimo una comuna).
-Que integre en sus funciones la gestión administrativo-financiera y técnico-pedagógica.
-Que para ello conjugue el más alto nivel técnico con la participación de la comunidad en el compromiso educativo y el control de la gestión.
-Conformado por un Directorio o Consejo con carácter resolutivo, con participación de la comunidad, por un lado; y por un aparato ejecutivo, para la administración y el soporte técnico-pedagógico de los establecimientos.
-Esta administración tendrá como objetivo fortalecer las capacidades y permitir la autonomía pedagógica de las escuelas y liceos.
-La nueva administración gestionará sus recursos humanos seleccionando y contratando personal, así como velando por sus necesidades de perfeccionamiento y capacitación.
En este esquema, la Comisión opina que se requiere “fortalecer decididamente” la responsabilidad del Estado.
COMISIÓN CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
La Comisión describe el concepto de calidad de la educación desde dos perspectivas: como un factor esencial para el desarrollo personal y social de los individuos, y como una herramienta fundamental que tienen las personas para una apropiada inserción laboral, y así contribuir al desarrollo económico del país.
Los consejeros estimaron que es tarea central del Estado “garantizar a la sociedad civil el derecho a una educación de calidad en condiciones de equidad y no discriminación”. Para ello proponen seis metas, cinco condiciones para cumplirlas y varias otras condiciones a cumplir por escuelas y liceos en su gestión del proceso de enseñanza.
Las metas educativas que el Estado debe garantizar son:
-Equidad en las condiciones de educación y reconocimiento de la diversidad.
-Formación para el ejercicio de los derechos humanos, la participación ciudadana y el desarrollo de la democracia.
-Oportunidades educacionales que permitan el crecimiento y desarrollo cultural, social y económico del país.
-Eficiencia en la promoción de movilidad social a través de la educación.
-Un aprendizaje sólido, pertinente al desarrollo personal y a la inserción en el mundo del trabajo y la sociedad del conocimiento.
-Preparación en competencias básicas para la globalización y movilidad geográfica cultural.
Los consejeros recomiendan:
-Fortalecer la Unidad de Currículo y Evaluación del Mineduc para su función de elaborar y proponer ajustes al currículo; La Comisión revisará en el próximo periodo la composición del Consejo Superior de Educación y el resto de sus funciones. Se anuncia asimismo que se revisará la actual estructura del sistema escolar.
-Se valora la JEC, pero se anuncia que se estudiará el necesario monitoreo y fiscalización de su implementación, de acuerdo a la ley vigente. Queda pendiente para la próxima etapa la institucionalidad requerida para monitorear y fiscalizar la implementación de la Jornada según lo requiere la ley.
-E. Media T.P.: se recomienda asegurar que se cumpla el currículo general de los dos primeros años de este tipo de educación; un voto de minoría de los estudiantes pide que se devuelvan al Estado, en el mediano plazo los establecimientos regidos por el Decreto 3166, como también los CFT.
-Consejos Escolares: se sugiere ampliar sus atribuciones y darle carácter resolutivo en lo que dice relación con la elaboración, aprobación y revisión periódica del plan anual; aspectos de higiene y seguridad escolar; y las normas de convivencia. Se propone extender a las instituciones de educación superior el establecimiento de consejos triestamentales con características similares a las del Consejo Escolar.
-Directores: en el sistema municipal se siguieren cambios en la forma de seleccionarlos, para asegurar transparencia en los procesos; para procurar el desarrollo profesional de los directivos y la gestión de los recursos humanos y materiales. Se sugiere elevar las exigencias para ser sostenedor.
-Formación docente: se recomienda generar políticas públicas de mediano y largo plazo sobre docentes; se recomienda el inmediato cierre de programas especiales de formación docente inicial, así como la necesidad de crear una institucionalidad que tenga funciones reguladoras y de promoción de la calidad en los procesos de formación.
-Se sugiere considerar una reforma de la estructura educacional, para formar profesores con nivel y especialización apropiada.
Lea el documento completo en
http://www.consejoeducacion.cl/articulos/31/documento/Informe%20de%20Avance%2029%20Sept%20pp16corregido.pdf
07-12-2006 12:11:15
Consejo Asesor de Educación entregó Informe de Avance a la Presidenta Bachelet
El Presidente del Consejo Asesor para la Calidad de la Educación, Juan Eduardo García-Huidobro y la Secretaria Ejecutiva de la entidad, Patricia Medrano, entregaron el viernes 29 de septiembre a la Presidenta de la República el Informe de Avance del estado del sistema educacional en el país y que la entidad analiza desde junio pasado.
Juan Eduardo García-Huidobro asistió a la audiencia con la Mandataria en compañía de los coordinadores del grupo, Carlos Peña, Paulina Araneda y Abelardo Castro. La Jefa de Estado al recibir el esperado documento indicó: “Creo que hay un gran acuerdo que tienen todos los integrantes del consejo y que sin duda el Gobierno comparte a cabalidad, y que es la necesidad de pasar del "derecho" al "acceso" a una educación para todos y al "derecho de todos" a una educación de calidad. Y lo más importante, es que el país está en condiciones de avanzar en esa dirección”.
La Presidenta Bachelet sostuvo, además, que "conversando con los representantes del consejo que han estado acá y recogiendo también el sentir mayoritario de la ciudadanía y de los integrantes del consejo, es que yo he reafirmado mi convicción de la necesidad de contar con una nueva LOCE que pueda, efectivamente, mejorar las condiciones de regulación de la educación en Chile".
Por su parte, Juan Eduardo García-Huidobro manifestó que “hay en el informe un conjunto de bases de acuerdo para cambiar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, en el sentido de darle más prerrogativas al Estado para tener un control de calidad o un aseguramiento de la calidad más fuerte y hacer más participativo y legítimo el sistema educacional que tenemos entre manos".
Y agregó: "Fue bastante acorde en las distintas comisiones la idea de que el país se merece un mejoramiento muy fuerte, muy serio, muy decidido, de propiedad pública, que es una educación a la cual asisten, en muchos casos, muchas personas que no tienen posibilidad de elegir. Por ejemplo, hay más de 60 comunas en el país donde no hay educación privada".
LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN EL DOCUMENTO
Entre las propuestas se incluyen nuevas modalidades de administración de la educación gestionada por los municipios; la sustitución de la LOCE; mejoras en la formulación del derecho a una educación de calidad en armonía con la libertad de enseñanza; fortalecer los “exiguos deberes del Estado” en materia de educación de calidad; la necesidad de definir criterios de exclusión/intervención de establecimientos educacionales en base a su desempeño; modificaciones a la actual institucionalidad educacional para promover una nueva administración del sector.
El informe ha dejado para la segunda etapa de discusiones temas como el Estatuto Docente, la formación inicial docente, financiamiento de la educación.
COMISION MARCO REGULATORIO
La Comisión 1, de Marco Regulatorio, informó haber alcanzado acuerdos para hacer recomendaciones como:
-Sustituir la LOCE, acuerdo que cuenta con la unanimidad de los consejeros, quienes estiman necesario seguir avanzando en el camino de generar democrática y participativamente, un nuevo marco regulatorio legal.
- Instituir el derecho fundamental a una educación gratuita y obligatoria de calidad, mejorando la “severa asimetría” que existe entre tal derecho y la libertad de enseñanza. Por unanimidad, los consejeros creen que Chile está ya en condiciones de asegurar a sus niños y jóvenes ese acceso, aunque para ello deberá invertir significativamente más; mejorar drásticamente la gestión escolar; contar con una profesión docente sustancialmente reforzada; contar con un sistema de supervisión y de aseguramiento de la calidad que no existe hoy.
-Instituir un marco regulatorio que financie la educación con cargo a rentas generales y en un monto tal que haga posible esa educación de calidad; que establezca condiciones de entrada al sistema (requisitos académicos y patrimoniales a los sostenedores) que lo hagan plausible; que evalúe periódicamente el proceso educacional, sus resultados y progresos intermedios, de modo de poder acreditar su calidad y establecer alertas de intervención temprana; que los resultados de tales evaluaciones se informen a la ciudadanía; que se definan criterios de exclusión/intervención de establecimientos en base a su desempeño; que responda a una planificación nacional de educación y articule de manera coherente los diferentes niveles de la misma; y que exija transparencia de los establecimientos hacia la comunidad.
-El Consejo piensa por mayoría que el Estado ha de hacer esfuerzos especiales para erigir a la educación estatal e íntegramente gratuita en el paradigma de calidad del sistema educacional chileno, por cuanto una educación estatal de buena calidad es la mejor garantía de que la educación en su conjunto sea buena. Un voto de minoría piensa que el mejor diseño de política pública es un sistema que satisfaga la igualdad de trato para todos los proveedores de educación, independientemente si son públicos o privados; elección del establecimiento por los padres que impida selección en el primer ciclo por parte de las escuelas; discriminación positiva a favor de los alumnos más vulnerables y un eficiente sistema de Aseguramiento de Calidad a cargo de una Superintendencia dependiente del Consejo de la Alta Dirección Pública.
-En el Consejo no fue posible alcanzar una posición compartida acerca de la educación proveída por instituciones con fines de lucro. Hay quienes sostienen que la índole de la práctica educativa no se aviene con el propósito de lucro. Por otro lado, hay quienes observan razones de peso para oponerse a la provisión educativa con financiamiento público mediante instituciones con fines de lucro.
COMISION DE INSTITUCIONALIDAD
En esta primera etapa, esta comisión centró su trabajo en hacer un completo diagnóstico de la institucionalidad del sistema educacional de propiedad del Estado, y elaborar recomendaciones para mejorar la situación, dejando para el próximo período de discusiones los temas de financiamiento, recursos humanos, educación privada financiada por el Estado y actores educativos.
Respecto de la educación municipal, los consejeros sugieren un cambio en la actual institucionalidad, sea a través de un nuevo diseño que no dependa de los municipios o a través de un nuevo marco regulatorio que cambie el modo de administrar la educación municipal.
Proponen la creación una “entidad administradora de educación pública”, que responda a los siguientes criterios:
-Tendrá como única función la gestión de los establecimientos educacionales propiedad del Estado.
-Que la nueva entidad administrativa sea responsable de administrar los establecimientos de una determinada unidad geográfica (máximo una región, mínimo una comuna).
-Que integre en sus funciones la gestión administrativo-financiera y técnico-pedagógica.
-Que para ello conjugue el más alto nivel técnico con la participación de la comunidad en el compromiso educativo y el control de la gestión.
-Conformado por un Directorio o Consejo con carácter resolutivo, con participación de la comunidad, por un lado; y por un aparato ejecutivo, para la administración y el soporte técnico-pedagógico de los establecimientos.
-Esta administración tendrá como objetivo fortalecer las capacidades y permitir la autonomía pedagógica de las escuelas y liceos.
-La nueva administración gestionará sus recursos humanos seleccionando y contratando personal, así como velando por sus necesidades de perfeccionamiento y capacitación.
En este esquema, la Comisión opina que se requiere “fortalecer decididamente” la responsabilidad del Estado.
COMISIÓN CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
La Comisión describe el concepto de calidad de la educación desde dos perspectivas: como un factor esencial para el desarrollo personal y social de los individuos, y como una herramienta fundamental que tienen las personas para una apropiada inserción laboral, y así contribuir al desarrollo económico del país.
Los consejeros estimaron que es tarea central del Estado “garantizar a la sociedad civil el derecho a una educación de calidad en condiciones de equidad y no discriminación”. Para ello proponen seis metas, cinco condiciones para cumplirlas y varias otras condiciones a cumplir por escuelas y liceos en su gestión del proceso de enseñanza.
Las metas educativas que el Estado debe garantizar son:
-Equidad en las condiciones de educación y reconocimiento de la diversidad.
-Formación para el ejercicio de los derechos humanos, la participación ciudadana y el desarrollo de la democracia.
-Oportunidades educacionales que permitan el crecimiento y desarrollo cultural, social y económico del país.
-Eficiencia en la promoción de movilidad social a través de la educación.
-Un aprendizaje sólido, pertinente al desarrollo personal y a la inserción en el mundo del trabajo y la sociedad del conocimiento.
-Preparación en competencias básicas para la globalización y movilidad geográfica cultural.
Los consejeros recomiendan:
-Fortalecer la Unidad de Currículo y Evaluación del Mineduc para su función de elaborar y proponer ajustes al currículo; La Comisión revisará en el próximo periodo la composición del Consejo Superior de Educación y el resto de sus funciones. Se anuncia asimismo que se revisará la actual estructura del sistema escolar.
-Se valora la JEC, pero se anuncia que se estudiará el necesario monitoreo y fiscalización de su implementación, de acuerdo a la ley vigente. Queda pendiente para la próxima etapa la institucionalidad requerida para monitorear y fiscalizar la implementación de la Jornada según lo requiere la ley.
-E. Media T.P.: se recomienda asegurar que se cumpla el currículo general de los dos primeros años de este tipo de educación; un voto de minoría de los estudiantes pide que se devuelvan al Estado, en el mediano plazo los establecimientos regidos por el Decreto 3166, como también los CFT.
-Consejos Escolares: se sugiere ampliar sus atribuciones y darle carácter resolutivo en lo que dice relación con la elaboración, aprobación y revisión periódica del plan anual; aspectos de higiene y seguridad escolar; y las normas de convivencia. Se propone extender a las instituciones de educación superior el establecimiento de consejos triestamentales con características similares a las del Consejo Escolar.
-Directores: en el sistema municipal se siguieren cambios en la forma de seleccionarlos, para asegurar transparencia en los procesos; para procurar el desarrollo profesional de los directivos y la gestión de los recursos humanos y materiales. Se sugiere elevar las exigencias para ser sostenedor.
-Formación docente: se recomienda generar políticas públicas de mediano y largo plazo sobre docentes; se recomienda el inmediato cierre de programas especiales de formación docente inicial, así como la necesidad de crear una institucionalidad que tenga funciones reguladoras y de promoción de la calidad en los procesos de formación.
-Se sugiere considerar una reforma de la estructura educacional, para formar profesores con nivel y especialización apropiada.
Lea el documento completo en
http://www.consejoeducacion.cl/articulos/31/documento/Informe%20de%20Avance%2029%20Sept%20pp16corregido.pdf
2 oct 2006
Varios articulos sobre el Consejo Asesor Presidencial
Adjunto algunos articulos y columnas publicados en el Mercurio de ayer
sobre el informe de avance producido por el Consejo Asesor Presidencial
para la Calidad de la Educacion entregado a la Presidenta Bachelet el
viernes pasado. Resumen la informacion sobre las propuestas, los
consensos, los desacuerdos, los pactos y el ambiente politico. Para mas
informacion sobre el debate y para bajar el informe recomiendo ir a
www.brunner.cl
Gregory
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El Mercurio
Aportes de un Informe
Domingo 1 de octubre de 2006
El Consejo coincidió en valorar y mantener en Chile un sistema
educativo de provisión mixta, con educación particular y pública, y en la
necesidad de generar procesos de aseguramiento de la calidad para ambos
sectores.
Juan Eduardo García-Huidobro
El Consejo cuenta con 81 miembros. Entre ellos hay especialistas en
educación, personeros de distintas confesiones, representantes de las
etnias originarias y de los actores del quehacer educacional: padres de
familia, estudiantes secundarios, universitarios, docentes, co-docentes,
sostenedores municipales y privados, rectores de universidades. En el
Consejo se respira la pluralidad de Chile, su diversidad de creencias,
ideologías y quehaceres y, también, la variedad de visiones, intereses
y responsabilidades de quienes comparten la tarea educativa. No es un
Consejo de expertos, aunque algunos consejeros sean técnicos, sino una
instancia de diálogo ciudadano cuya misión es política: proponer
caminos para mejorar la educación chilena de cara a los grandes desafíos
que enfrenta hoy. Se trata, cuando es posible, de forjar una visión
consensuada y, también, de circunscribir y expresar los desacuerdos.
Ambas caras de la moneda serán de valor para la Presidenta a la hora de
tomar decisiones de gobierno.
Hasta hoy es posible destacar dos tipos de contribuciones: las
propuestas y la experiencia. Pese a ser un informe de avance, se comienza a
hacer propuestas y a marcar orientaciones; además, el proceso de trabajo
también ha sido educativo. A continuación se detallan cinco
resultados y se aquilata la experiencia vivida.
1. Se expresó un acuerdo amplio sobre la importancia de dictar una ley
sustitutiva de la actual Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza
(LOCE). Ello para determinar mejor la educación de calidad que Chile
requiere en el siglo XXI; para entregar al Estado las facultades
suficientes para que esta educación de calidad esté efectivamente garantizada
para todos y para ampliar la legitimidad democrática del sistema
educativo.
2. El Consejo coincidió en valorar y mantener en Chile un sistema
educativo de provisión mixta, con educación particular y pública, y en
la necesidad de generar procesos de aseguramiento de la calidad para
ambos sectores.
3. Se expresó, además, una preocupación transversal por la
educación de propiedad pública, y fueron muchas las voces que expresaron la
necesidad impostergable de mejorarla. Esto se justifica porque la
educación municipal educa a la mayor proporción de los alumnos y alumnas
más pobres y ella sigue siendo para muchos niños, niñas y jóvenes
chilenos la única educación disponible (por ejemplo, hay más de 65
municipios y extensas zonas rurales donde no hay oferta privada). Además
constituye un referente concreto del estándar de calidad del sistema: es
difícil imaginar que el Estado va a poder exigirles a otros lo que no
es capaz de materializar en sus establecimientos educacionales.
4. Para lograr un mejoramiento extendido y durable de la educación de
propiedad del Estado, se postuló la necesidad de contar con agencias
administradoras de la educación, descentralizadas, de propiedad
pública, con capacidades, atribuciones y recursos proporcionados a la
complejidad e importancia de la tarea de la que deben hacerse cargo. Estas
agencias deberán juntar en una sola mano las responsabilidades
administrativas y las técnico-pedagógicas, hoy divididas entre los municipios y
el Mineduc. Hay que estudiar más si crear estas nuevas entidades a
partir de los municipios o confiando esta tarea a los gobiernos regionales
o al propio Ministerio de Educación.
5. En referencia al mejoramiento de la calidad, se fue enfático en que
ella depende fundamentalmente del buen funcionamiento de las escuelas y
liceos y del desempeño de los profesores y profesoras. La consecuencia
de este acento es que el criterio fundamental de selección entre
distintas medidas y alternativas institucionales y regulativas debe ser su
capacidad de mejorar el trabajo docente y el aprendizaje de los alumnos.
Se planteó un conjunto de propuestas para vitalizar los centros
educativos y para enriquecer y regular la formación de profesores. En este
último punto se propone una institución con funciones reguladoras. Se
recomienda el cierre de los programas especiales de formación docente
y que, a futuro, toda la formación docente sea universitaria. Para
asegurar la calidad de los nuevos profesores, se recomienda un sistema de
habilitación docente.
El trabajo del Consejo se expresa en éstos y otros resultados. En
recomendaciones consensuales y en desacuerdos honestamente expuestos. Pero
además la experiencia vivida dejó su huella. El Consejo fue una
instancia de participación y educación ciudadana para los consejeros y
consejeras. Crecimos en la capacidad de aceptar a otros; los viejos
logramos -la mayor parte de las veces- no exasperarnos con la impaciencia
juvenil; los jóvenes nos toleraron cuando -pese a nuestros esfuerzos- no
los oímos suficientemente. Todos y cada uno de nosotros vive "en" una
particular manera de ver Chile, el mundo, la educación. Esta
diversidad que, considerada en abstracto, constituye un indudable valor, en el
momento de llegar a acuerdos se viste de inflexibilidades, de prejuicios
y de mucha miopía para captar, en sus méritos, la posición ajena. A
través de horas de escucha y debate logramos entendernos más,
respetarnos más, convencernos que todos y cada uno en el momento de actuar y
al hacer sus planteamientos está buscando mejorar la educación de los
niños, niñas y jóvenes chilenos. La construcción de esta confianza
de base corrió los límites originales de nuestras diferencias y
permitió ampliar algunos acuerdos y propuestas.
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El Mercurio
Educación que ofrezca más oportunidades
Harald Beyer
Domingo 1 de octubre de 2006
Un informe de estas características debe reflejar la diversidad de
opiniones. Suprimir los comentarios realizados por algunos consejeros
dentro de las reglas del juego, como me ocurrió a mí, es inaceptable.
Hace unos meses, un número importante de establecimientos escolares se
encontraba en toma. Parecía vivirse una situación de crisis,
desmentida por un par de encuestas de opinión que sugerían que la población,
aunque no muy contenta con la educación, tampoco la reprobaba. Es que
ha habido avances que, por supuesto, son insuficientes. Los problemas
de calidad y equidad de la educación chilena se reflejan en diversos
estudios nacionales e internacionales. Éstos están influidos por las
enormes desigualdades de ingreso del país, pero las trascienden. Aun
después de tomarlas en consideración y también el nivel de gasto, los
logros de nuestros estudiantes, ricos y pobres, están por debajo de lo
que les correspondería si rindieran como lo hace el promedio de
estudiantes que participan en las pruebas internacionales en las que se ha
involucrado Chile.
El Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación es una
oportunidad para avanzar ideas que puedan contribuir a elevar la
calidad y a neutralizar la influencia del origen socioeconómico en el
rendimiento de nuestros niños y jóvenes. Además, para reducir los niveles
de segmentación. Por supuesto, en el diseño de políticas y en la
definición de prioridades algunos datos ayudan a poner en contexto la
situación de nuestro país. Por ejemplo, la relación que existe entre
condición económica, social y cultural de los hogares y el rendimiento
de los estudiantes es parecida en nuestro país a la que se observa en
muchos otros, incluidos varios más ricos y equitativos que Chile.
También nuestro país aparece en la comparación internacional como
medianamente segmentado, encontrándose incluso por debajo de países más
ricos, equitativos y con marcada provisión estatal de la educación
escolar.
A pesar de esas características, muchos de esos países ofrecen una
educación de calidad, en la que sus estudiantes de menores ingresos
tienen mejores oportunidades y mayores posibilidades de movilidad que los
nuestros de igual situación social. Esto invita, entonces, a poner en
perspectiva no sólo la situación de partida de nuestra educación,
sino los avances que se pueden lograr en los próximos años. Se evita
así caer en esos voluntarismos tan típicos de nuestras sociedades y no
desfallecer porque algunos de los objetivos no logran satisfacerse. Con
todo, es evidente que en las actuales circunstancias debería poder
elevarse significativamente la calidad de nuestra educación escolar.
El informe preliminar, y el final que se conocerá el 11 de diciembre,
de los 81 miembros de este consejo, incluido quien escribe, seguramente
se evaluarán desde esa perspectiva. Algunos lineamientos generan
consenso. Entre otros, elevar los aportes públicos a educación, aunque
teniendo claro que se podría esperar del impacto de los nuevos recursos
sobre el rendimiento educativo, exigir el cumplimiento de estándares
mínimos de calidad para todos los establecimientos educativos, crear una
institucionalidad adecuada para la definición y supervisión de estos
estándares y desarrollar una revisión profunda de la LOCE.
Pero también hay importantes discrepancias. Éstas dicen relación con
propuestas que, en mi opinión, es discutible que tengan un efecto
sobre algunos de los objetivos que se quieren lograr a través de futuras
reformas a la educación, o que incluso pueden poner en riesgo el
cumplimiento de éstos. En esta línea, por ejemplo, se inscribe la propuesta
de alguno de los integrantes de privilegiar la educación de carácter
estatal que, en la práctica, significa terminar con el financiamiento
por alumno. Ello no sólo le resta el necesario dinamismo que debe
tener el sistema educativo poniendo trabas al desplazamiento de los
estudiantes de un establecimiento a otro, sino que también discrimina entre
estudiantes de iguales características por el solo hecho de asistir a
establecimientos de distinta naturaleza jurídica.
Por último, una nota personal. Un informe de estas características
debe reflejar la diversidad de opiniones que suscitan los distintos
aspectos analizados. Suprimir los comentarios realizados por algunos
consejeros dentro de las reglas del juego, como me ocurrió a mí, es
inaceptable. Uno de ellos expresaba mi rechazo al reemplazo de los municipios
en la administración de la educación por una nueva entidad pública
creada para estos efectos. La necesidad de esta entidad, totalmente ajena
a la institucionalidad política del país, no sólo no se desprendía
del diagnóstico, sino que diluiría aún más la rendición de cuentas
que caracteriza a la educación estatal.
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El Mercurio
La historia desconocida de la preparación del informe que recibió la
Presidenta Bachelet:
El pacto Brunner-Peña que torció el rumbo del Consejo Asesor
Domingo 1 de octubre de 2006
El abogado Carlos Peña se convirtió en el mediador entre la posición
de José Joaquín Brunner y los sectores del mundo social más reacios
a sus propuestas.Foto:Claudio Bueno
Una semana antes de entregarle a la Mandataria su primer informe, la
comisión más clave y controvertida del Consejo Asesor estaba quebrada.
Un grupo disidente pretendía presentar un documento paralelo al país
que diera cuenta de las opiniones que se habían dejado fuera del
"texto oficial". La opinión mayoritaria defendía una visión marcadamente
"estatista" de la educación. Pero una fórmula de último minuto
permitió darle viabilidad, al menos por un tiempo, al trabajo del grupo de
los 81.
Eduardo Sepúlveda y Gabriel Pardo
Cuando el viernes 29 en la mañana, en el Palacio de la Moneda, la
Presidenta Michelle Bachelet recibió el informe preliminar del Consejo
Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, no se molestó por
el hecho de que el documento de 107 páginas estuviera lleno de
argumentos discrepantes entre sí.
Por el contrario. Quienes conocieron la trastienda de la ceremonia,
aseguran que la Mandataria valoró que el texto incorporara el pensamiento
de los miembros del consejo que no estuvieron de acuerdo con el sector
mayoritario que, grosso modo, tenía una mirada más "estatista" del
problema de la educación.
Lo que no supo la Presidenta es que la disyuntiva entre agregar o no a
los "disidentes" estuvo a punto de quebrar irreparablemente su Consejo
Asesor. Tampoco se enteró de que apenas una semana antes de recibir el
informe en sus manos se alcanzó un principio de acuerdo que evitó lo
peor. Y menos, que la solución se fraguó en un desconocido e
inesperado pacto entre el ex ministro José Joaquín Brunner y el vicerrector
académico de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña.
Brunner instala la bomba
El epicentro del movimiento telúrico que amenazó con hacer fracasar
el desarrollo del Consejo Asesor se registró en la más controvertida
de las subcomisiones de la entidad: la de Marco Regulatorio, aquella en
que se radicó el debate respecto de la polémica LOCE.
A comienzos de septiembre, y después de dos meses de trabajo, el
presidente de la subcomisión, Carlos Peña, tenía prácticamente redactado
un primer borrador con las conclusiones del debate sostenido por sus 27
miembros; entre ellos, el rector de la Universidad Católica, Pedro
Pablo Rosso; el obispo auxiliar de Santiago, monseñor Ricardo Ezzati; el
presidente del Colegio de Profesores, Jorge Pavez, y el presidente de
la FECh, Nicolás Grau.
Sin embargo, en esos días Peña debió viajar fuera de Chile y la
redacción del documento cambió de manos. Así, en la sesión del viernes
8 los consejeros conocieron una primera versión que, a juicio de un
grupo de personas encabezadas por José Joaquín Brunner, exhibía una
perspectiva sesgada de la discusión, donde se privilegiaba una mirada
más "estatista" de la educación.
Entonces, Brunner le envió un duro mail a Peña refutando uno a uno
los argumentos planteados en el borrador, que estimaba eran
responsabilidad de este último. Como respuesta recibió una nota en tono similar
del académico de la UDP, quien le criticaba su actitud y también varios
de sus puntos de vista.
En la siguiente reunión de la subcomisión, el viernes 15, se desató
un enfrentamiento abierto entre los dos bloques discrepantes. Jorge
Pavez tomó la palabra e increpó a Brunner, sosteniendo que no tenía
derecho a plantear a última hora sus críticas al borrador en
circunstancias de que durante semanas no asistió a las sesiones del consejo. Lo
tildó de "arrogante". Otras voces -más nítidamente la de los
estudiantes secundarios y universitarios- se unieron al dirigente de los
profesores.
El ex ministro defendió su derecho a discrepar señalando que sus
ausencias habían sido previamente avisadas, y que se debían a compromisos
en el extranjero. Y que eso no era razón suficiente para impedirle
entregar sus opiniones y que éstas fueran contenidas en el informe final.
La reunión concluyó sin un veredicto, pero dejando la sensación en
los presentes de que estaban ante un callejón sin salida.
El cara a cara
Pero ahí, en la Biblioteca de Santiago, se produjo la primera reunión
a solas entre Brunner y Peña.
Si bien se desconoce el contenido de ese diálogo, sus frutos
emergerían un par de días después. Brunner puso por escrito su pensamiento
sobre los temas que debía abordar la "subcomisión 1". Bautizó el texto
como "documento alternativo" y se lo envió a Peña. Éste le habría
hecho una serie de enmiendas, además de recomendarle a Brunner que
cambiara el título: hablar de "documento alternativo" se interpretaría
como una provocación.
Brunner aceptó íntegramente las observaciones del vicerrector y
comenzó a llamar al escrito "documento complementario". Eso selló el
inesperado pacto. Ahora ambos coincidían en un verdadero "manifiesto" sobre
la institucionalidad que debía tener la educación chilena.
El "informe Brunner-Peña" fue enviado a los coordinadores de las otras
dos subcomisiones, Paulina Araneda (Institucionalidad) y Abelardo
Castro (Calidad), quienes también lo suscribieron. Y luego se sumaron a
ellos Rosita Puga (Belén Educa) y Cecilia Alvariño (ex directora de
Educación de la Fundación Chile).
Avalado por esos seis nombres, el "documento disidente" se distribuyó
por mail a los 81 miembros del Consejo Asesor, y sus patrocinadores
insistían en que debía ser considerado en el informe final que fue
entregado a la Presidenta Bachelet.
Cuando el presidente del Consejo, Juan Eduardo García-Huidobro, se
enteró de todo esto, consideró inapropiado que existiera un documento
paralelo al oficial y se negó a que se incorporara, incluso como un
anexo. "Juan Eduardo temió que al final se presentaran dos informes, con
lo que su trabajo, y los esfuerzos por lograr consensos, se fuera a la
basura. También le molestó mucho la actitud de Peña, que al hacer un
verdadero pacto con Brunner estaba quebrando en dos la comisión",
testimonia un consejero.
Un cercano a Peña asegura, sin embargo, que "lo que quería Carlos era
exactamente lo contrario: evitar el quiebre, porque si la mayoría no
aceptaba que se incorporara la opinión de la minoría disidente, ese
grupo se marginaría y saldría a defender el informe Brunner".
Todos contra Peña
Así se llegó a la sesión del 22 de septiembre. En un intento por
conseguir un acuerdo rápido, Peña presenta a los consejeros dos
documentos: el "borrador oficial" y un segundo texto elaborado en base a éste
y al "documento complementario" acordado con Brunner.
Como era de suponer, la asamblea las emprendió ahora contra el
académico. Los representantes del "mundo social" no entendían cómo Peña
podía pactar con un sector del que lo suponían lejano. El coordinador
se defendía afirmando que sus ideas las envió en más de seis mails y
que, por lo tanto, no debían ser sorpresa para nadie. Además, sostuvo
que su rol como presidente de la subcomisión era garantizar que todas
las voces estuvieran presentes en el informe final.
La reunión se volvió inmanejable, y debió suspenderse por algunos
minutos. Hay consejeros que sostienen que en ese momento Peña se reunió
con varios dirigentes estudiantiles, como el propio Nicolás Grau,
intentando alcanzar un acuerdo.
Luego del receso, testigos relatan que monseñor Ezzati -quien había
tenido un público entredicho con Peña- pidió la palabra y emitió un
virtual "voto de confianza" hacia el vicerrector de la UDP, provocando
la sorpresa de los presentes.
Ese espaldarazo utilizó Peña para jugar su última carta: propuso que
el texto que se entregaría a la Presidenta estuviese formado por un
cuerpo central, conteniendo la opinión mayoritaria, pero también la
mirada disidente, pero como notas al pie de página. Ahí está su origen.
Después de escuchar la defensa de dicha fórmula por parte del rector
de la UC, Pedro Pablo Rosso, la comisión terminó por aprobarla. Claro
que con un prerrequisito: la redacción de esa versión final debía
quedar en manos de García-Huidobro.
Lo curioso es que sólo esta subcomisión, la de Marco Regulatorio,
incorporó en su informe todas las "notas" que quisieron agregar sus
miembros, las otras dos subcomisiones presentaron sus conclusiones
prácticamente sin el contrapeso de la minoría disidente. Así, quedaron afuera
aportes de expertos como Harald Beyer, Loreto Fontaine y el propio
Brunner.
De hecho, durante la tarde del viernes, cuando el preinforme final que
conoció la Presidenta, y que se publicó íntegramente en internet,
fue conocido por los 81 miembros del Consejo Asesor, comenzaron a
llegarle a García-Huidobro las quejas de los integrantes de las comisiones de
Institucionalidad y Calidad cuyas observaciones no figuraron.
"En la segunda parte del trabajo del Consejo Asesor se deberá adoptar
la metodología de la comisión de Marco Regulatorio; de lo contrario,
un importante grupo de opinión sentirá que todo esto no tiene
sentido. Los sectores sociales son mayoritarios y por eso pueden imponer su
visión, pero no es razonable que los expertos, los técnicos, que son
minoría, queden excluidos... porque, finalmente, ésos son los dos
bloques que se terminaron formando", reflexiona un consejero.
Otro miembro del Consejo, cercano al Gobierno, sostiene que "hay grupos
que quieren desmantelar no sólo la LOCE, sino que también la
institucionalidad educacional que ha construido la Concertación. Si no se
modifica el sistema de trabajo de las comisiones del Consejo Asesor,
podríamos terminar en diciembre entregando un documento que plantee partir
de cero".
LOS FIRMANTES
José Joaquín Brunner
Sociólogo PPD. Director del Programa de Educación de Fundación Chile
y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Fue ministro Secretario General de Gobierno durante el gobierno de
Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Integra la Comisión de Marco Regulatorio.
Carlos Peña
Abogado. Fue asesor de Soledad Alvear en temas legislativos cuando
ésta fue ministra de Justicia. Hoy es vicerrector académico de la
Universidad Diego Portales. Preside la comisión de Marco Regulatorio.
Celia Alvariño
Doctora en educación de la Universidad de Barcelona. Durante ocho
años fue directora ejecutiva del Programa de Educación de la Fundación
Chile y es la actual gerenta del Fondo de Inversiones Educacionales
Chile Valora. Integra la Comisión de Institucionalidad.
Abelardo Castro
Es cercano al PS. Fue propuesto por el senador Alejandro Navarro para
presidir el Consejo Asesor. Hoy es decano de la Facultad de Educación
de la Universidad de Concepción y representante de la Asociación de
Decanos de Educación. Preside la comisión de Calidad.
Paulina Araneda
Sicóloga. Fue asesora de los ministros de Educación Mariana Aylwin y
Sergio Bitar y actualmente es directora de la Dirección de Educación
de la Municipalidad de Peñalolén al mando del DC Claudio Orrego. Es
presidenta de la comisión de Institucionalidad.
Rosita Puga
Educadora cercana a la Iglesia. Actualmente es directora académica de
la Corporación Belén Educa que busca dar educación de excelencia a
niños de escasos recursos. Es integrante de la comisión de Calidad.
DIFERENCIAS CON EL TEXTO OFICIAL:
El documento disidente, según Brunner y Peña
José Joaquín Brunner:
"Hablo sólo por mi cuenta y sin comprometer al grupo de consejeros que
suscribimos este documento. Lo presentamos al Consejo como una
contribución al debate; para aportar a los consensos y razonar en torno a
opciones y alternativas. Quisimos subrayar la estrecha unidad que existe en
una sociedad democrática y diversa entre el derecho a una educación
de calidad garantizada y la libertad de enseñanza. Planteamos que un
sistema de educación obligatoria financiada con cargo a rentas generales
y proveída por agencias públicas o privadas a elección de los padres
puede ser socialmente beneficioso, a condición de que exista igualdad
de trato entre sostenedores, un sistema de aseguramiento de la calidad
común para todos los establecimientos, subvenciones diferenciadas y
prohibición de seleccionar alumnos durante el ciclo inicial de la
enseñanza básica y en el nivel preescolar. Abogamos además por un sistema
descentralizado y con real autonomía de gestión para los
establecimientos gestionados públicamente a nivel local. En este contexto
concordamos con la necesidad de hacer más efectivas y flexibles las
regulaciones del sistema, cambiar a fondo la LOCE y no imponer a los colegios
trabas y lastres propios del centralismo burocrático.
Carlos Peña:
"En la subcomisión se hicieron, de parte de todos, leales esfuerzos
por alcanzar convergencias. Pero luego de ese esfuerzo, fue inevitable, y
además era lo correcto, permitir la expresión de las diferencias.
Estas fueron las que siguen:
Mientras una parte del consejo atribuyó los actuales problemas a un
defectuoso diseño del sistema escolar y al abandono del patrón estatal,
otro sector consideró que esos problemas son fruto de un sistema
inclusivo, que lleva las inequidades (que hasta hace poco se detenían en la
puerta de la escuela) ahora al interior del aula. De otra parte,
mientras la mayoría del Consejo consideró que el Estado debía discriminar
positivamente al sector público por ser el que atiende a la mayoría
de los más desventajados, la minoría sugirió que era mejor un sistema
que, sobre la base de igual trato a todos los proveedores, apoyara
preferentemente a los alumnos más pobres manteniendo el esquema de
subsidios a la demanda. En fin, mientras la mayoría aconsejó erigir al
sector público en el paradigma de la educación obligatoria, el otro sector
sugirió que lo más razonable era un sistema de provisión mixta, con
igualdad de trato, subvenciones diferenciadas, prohibición de
selección y financiamiento compartido a los quintiles más pobres y un sistema
uniforme de aseguramiento de la calidad.
Se trata, en mi opinión, de divergencias legítimas, cuya expresión
pública favorece el debate y hace más robusta la deliberación en esta
materia".
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El documento que estuvo a punto de quebrar el Consejo Asesor de
Educación:
El informe Brunner versión 2.0
Domingo 1 de octubre de 2006
José Joaquín Brunner elaboró un texto que difería en varios puntos
con las posturas incluidas en el informe de avance del Consejo Asesor
de Educación. Su iniciativa disidente fue respaldada por los consejeros
Carlos Peña, Celia Alvariño, Paulina Araneda, Abelardo Castro y
Rosita Puga. Aquí se presenta un resumen del documento que sumaba 15
páginas.
La provisión social de educación obligatoria. Las sociedades
contemporáneas asumen la obligación de educar a sus niños y jóvenes como un
derecho fundamental de toda persona. Esta educación debe ser gratuita,
correspondiendo a los padres el derecho a escoger el tipo de educación
que habrá de darse a sus hijos y a los particulares el derecho a
participar en la provisión de educación obligatoria, siempre que ella se
ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.
Educación obligatoria en Chile. Históricamente, Chile ha contado con
un régimen de provisión mixta, con participación de establecimientos
públicos (administrados hoy por las municipalidades); establecimientos
privados subsidiados por el Estado y establecimientos privados
financiados directamente por los padres. Este régimen acompaña la historia
republicana de nuestro país. La libertad de enseñanza se consagra en la
Constitución del año 1833 y una subvención por alumno para los
establecimientos gestionados por privados se introduce ya en la última
parte del siglo XIX.
El reto principal. Hoy día existe un intenso debate sobre la
educación chilena y su futuro; en particular, sobre la forma de organizar, de
aquí en adelante, la provisión de enseñanza obligatoria para asegurar
mayor equidad y mejor calidad. El problema ya no es la exclusión del
derecho a recibir educación, como fue hasta muy recientemente; son los
dispares resultados de aprendizaje que logran La provisión social de
educación obligatoria. los alumnos según las condiciones de su origen
socio-económico, producto de la enorme desigualdad de ingresos y de
capital cultural que existe en nuestro país.
Derecho a la educación y libertad de enseñanza. Para hacer frente a
esta situación, es imprescindible mejorar el régimen mixto de
provisión educacional, actuando en dos direcciones convergentes. Primero,
garantizando el derecho a una educación de calidad, definida en función
de las competencias básicas que los alumnos deben alcanzar en los
diversos sectores de aprendizaje a lo largo de su trayectoria escolar. En
seguida, mejorando las regulaciones fundamentales del régimen de
provisión mixta, lo cual requiere modificar sustancialmente la Ley Orgánica
Constitucional de Enseñanza (LOCE).
Concepto de educación pública. Toda educación impartida por
establecimientos oficialmente reconocidos en el marco del derecho de las
personas a una escolarización obligatoria y que se rige por los objetivos,
contenidos y estándares del currículo nacional ha de entenderse como
educación pública, independientemente de las formas de gestión y del
financiamiento de las instituciones que la ofrecen.
Regulación básica común de los proveedores. Los proveedores de
cualquiera forma de gestión y financiamiento, deberán sujetarse a una
regulación básica común:
-Constituirse como persona jurídica de derecho público o privado,
cuyo director responsable y representante legal deberá tener título
profesional o técnico superior o su equivalente.
-Contar con un proyecto educacional aprobado y con planes y programas
de estudio enmarcados dentro de los objetivos, contenidos y estándares
dispuestos en el currículo nacional.
-Poseer el personal docente con los requisitos que lo habilita para
impartir enseñanza en el respectivo nivel y modalidad de enseñanza.
-Disponer de las condiciones de infraestructura y equipamiento
permanentes necesarios para lograr los objetivos del proyecto educacional y
cumplir con las normas correspondientes.
-Asumir la obligación de evaluar periódicamente el establecimiento
conforme a los procedimientos que se fijen en el sistema de aseguramiento
de la calidad escolar, así como de sujetarse a las inspecciones que
éste determine, e informar a la comunidad escolar sobre los resultados
obtenidos en estos procedimientos.
-Presentar anualmente el balance de ingresos y gastos al Consejo
Escolar.
Gestión de establecimientos administrados públicamente. Las
regulaciones para este tipo de proveedores deberán fomentar y garantizar la
autonomía de gestión de los establecimientos, la cual comprenderá:
contar con un proyecto educativo propio, un plan de desarrollo anual y
mecanismos de evaluación permanente de la calidad; rendir cuentas
periódicamente a la comunidad; organizar los procesos de enseñanza incluyendo
la admisión de estudiantes, aplicación del currículo, distribución
del tiempo de instrucción, elección de textos, agrupamiento de los
estudiantes, métodos pedagógicos, disciplina, etc., y administrar su
personal, incluyendo la contratación y el despido del personal docente
en el marco de un nuevo estatuto de la profesión, derechos y deberes
del personal, escala de sueldos, pago y negociación colectiva,
evaluación del personal docente e incentivos.
El financiamiento de proveedores. Corresponde al Estado financiar la
educación obligatoria gratuita. Dicho financiamiento se destinará, bajo
una regla de igualdad de tratamiento, a los establecimientos públicos
y privados subvencionados, mediante una subvención por alumno. El
monto de ésta deberá establecerse por un organismo técnico independiente
y cubrir los costos reales de impartir una enseñanza acorde con los
estándares de logro esperados. Deberá, además, diferenciarse en
función del origen socio-económico de los alumnos, reconociendo el mayor
costo que implica la enseñanza de aquellos que provienen de los hogares
de menores ingresos en la sociedad. Los proveedores de cualquier tipo
no podrán imponer o hacer cobros a las familias de los alumnos
vulnerables. Los sostenedores particulares subvencionados, constituidos como
sociedades comerciales, deberán entregar anualmente balances auditados
de su gestión económica a la agencia encargada del aseguramiento de la
calidad escolar.
Aseguramiento de la calidad. Todos los establecimientos deberán
sujetarse a un régimen común de aseguramiento de la calidad, el cual será
administrado por un organismo público autónomo, tipo
superintendencia, cuyo personal se regirá por las normas del sector privado y cuyos
directivos serán seleccionados conforme a las reglas de servicio civil.
Corresponderá a este organismo:
-Acreditar el desempeño de las escuelas de acuerdo a criterios y
pautas conocidos, preocupándose de que ellas cuenten con, y desarrollen,
normas y una gestión de calidad que asegure las prácticas docentes y
directivas;
-Evaluar los logros de aprendizaje de los alumnos en relación a los
estándares determinados por la autoridad;
-Supervisar y evaluar la implementación del currículo dentro del
marco nacional de objetivos y contenidos;
-Evaluar la satisfacción de los padres y alumnos y su participación
en la comunidad escolar.
Los procedimientos empleados por este organismo deberán aplicarse
considerando el proyecto educativo de la escuela y sin interferir en su
autonomía de gestión; se alimentarán con los resultados de los procesos
de autoevaluación realizados por los propios centros educativos; se
diseñarán con vistas al mejoramiento de la calidad, sin perjuicio de
las funciones de fiscalización que la ley encomiende a este organismo y
se sujetarán a la regla de que a mayor calidad de resultados, menor
intensidad de las funciones de inspección y supervisión.
Rol regulador del Estado. Corresponde al Estado establecer un marco de
regulaciones e incentivos que garantice los siguientes principios y
condiciones:
-Diversidad de sostenedores como sostén del derecho a una educación
de calidad garantizada por estándares de aprendizaje técnicamente
definidos y del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos.
-Establecimiento de requisitos parejos e iguales para el ingreso y la
permanencia de nuevos sostenedores en el sistema de provisión de la
educación obligatoria.
-Trato igualitario, establecido constitucionalmente, entre los
distintos proveedores en todas las cuestiones esenciales, así como su derecho
y deber de definir un proyecto institucional educativo, el cual
incluirá la responsabilidad por la aplicación del currículum nacional y los
estándares de aprendizaje.
-Autonomía de gestión de todos los establecimientos y su deber de
responsabilizarse por los resultados que obtienen sus alumnos, atendiendo
a sus condiciones sociales de origen.
-Financiamiento suficiente de la educación obligatoria canalizado a
través de la subvención escolar, cuyo monto deberá determinarse
técnicamente para cubrir el costo de una educación regida por los
estándares de calidad que se fijen y diferenciarse a favor de los alumnos
provenientes de los hogares de menores ingresos.
-Existencia de un organismo público independiente y de procedimientos
continuos de aseguramiento de la calidad, incluyendo la acreditación
de los establecimientos subvencionados por el Estado.
-Amplia información sobre los resultados de dichas evaluaciones,
primero que todo a los padres y, en seguida, a la comunidad.
-Determinación de criterios y causales para la intervención y el
eventual cierre de cualquier tipo de establecimientos subvencionados que,
habiendo recibido los necesarios apoyos, sin embargo mantienen un
desempeño notablemente insuficiente en cuanto a los logros de aprendizaje de
sus alumnos.
DURANTE EL GOBIERNO DE FREI:
El primer informe
El año 1994 el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle inició el trabajo
de la Comisión Nacional de Modernización de la Educación y el
encargado de presidir el comité de "notables" que elaboraría el informe
técnico era precisamente el experto en educación José Joaquín Brunner,
que a fines de ese año ya estaba convertido en Ministro Secretario
General de Gobierno de la administración freísta.
Ese grupo estaba integrado por 14 miembros entre los que se encontraban
Edgardo Boeninger, Fernando Léniz, Enrique Correa, Cristián Larroulet
y Gonzalo Vial.
El "informe Brunner" entregado ese año hizo un crudo diagnóstico del
sistema educacional y sus deficiencias incluyendo una serie de medidas
con miras a enfrentar la educación en el siglo XXI. Se convirtió en
la principal referencia para la Comisión Nacional de Educación de ese
entonces. El trabajo concluía que era vital proporcionar formación
general de calidad para todos, reformar y diversificar la Educación
Media, fortalecer la profesión docente, otorgar mayor autonomía y
flexibilidad a la gestión, aumentar la inversión educacional tanto pública
como privada así como impulsar una decidida modernización en todos
los ámbitos.
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El Mercurio
Si bien es cierto... no es menos cierto...
Domingo 1 de octubre de 2006
No hay nada más efectivo para no hacer nada que un buen comité.
Ahora, si el comité tiene más de 80 personas, el objetivo está asegurado.
Juan Braun
El pasado viernes se dio a conocer el "Informe de Avance" del Consejo
Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación. En una frase, el
cuerpo del informe dice que la calidad de la educación es mala,
especialmente en el sector público, y que para solucionar el problema hay que
potenciar la educación estatal y regular mucho más a la particular
subvencionada. Digo en el cuerpo del documento porque en realidad son dos
textos. Uno es el principal y otro son las notas que dicen básicamente
lo contrario.
Más de alguno podría pensar que para dar soluciones a un problema
habría que conocer sus causas. Pero la comisión no lo pensó así.
Tampoco se molestan los consejeros en estudiar las cifras disponibles. Así,
no es difícil explicarse por qué el texto aporta muy poco en general.
Todos los estudios que conocemos muestran que los establecimientos
particulares subvencionados producen mejores resultados que los municipales
aun teniendo en cuenta los distintos niveles socioeconómicos de los
alumnos. En segundo lugar, en los últimos quince años, el 85% del
aumento en la matrícula total ha optado por el sector subvencionado y este
sector contrató al 95% del aumento en el número de profesores.
En consecuencia, la mitad de los estudiantes hoy día pertenece a
colegios particulares. Este traspaso se va a acelerar automáticamente con
el aumento del ingreso. Los municipios deberán pronto diseñar un
sistema para traspasar la administración de los establecimientos al sector
privado. Existen, a nuestro juicio, dos grandes problemas en la
educación escolar en Chile. El primero es el Estatuto Docente, que hace
inflexible la administración de la educación estatal. Pues bien, no hay en
todo el documento comentario alguno sobre el estatuto docente. Sólo se
informa que se tocará en el futuro. El segundo problema, sin duda el
más importante, es la deficiente preparación de los profesores. Sobre
esto tampoco se pronuncian los consejeros.
El Informe le da importancia a otros temas.
La LOCE ocupa un lugar central y aparentemente no es tan mala como
creíamos; el problema es que su origen no habría sido democrático
(naturalmente con su nota al pie diciendo lo contrario). En todo caso,
resulta difícil pensar que alguien crea que se va a solucionar algún
problema de la educación derogando la LOCE.
El informe hace hincapié en asegurar la calidad de los colegios
particulares subvencionados. Si tienen financiamiento público, lo lógico es
que se sometan a una evaluación periódica conocida por los padres y
que los establecimientos tengan un nivel mínimo de calidad para recibir
el financiamiento. El informe también sugiere, acertadamente, prohibir
la discriminación en la selección de alumnos a los colegios que
reciben financiamiento público.
También se aborda el fin de lucro de los establecimientos. No hubo
acuerdo sobre el tema. Una parte de los consejeros opina que el lucro es
incompatible con la educación; la otra parte no lo cree así.
Pensábamos que esto ya estaba superado en nuestro país y en el mundo. La
discriminación positiva por nivel de ingresos es abordada largamente en el
informe. Se sostiene que el costo de educar a un estudiante de familia
de bajo nivel socioeconómico es mayor. De ahí que el financiamiento
podría ser diferencial. Creemos que este argumento es válido, pero con
precauciones. Naturalmente que hay un sector que prefiere que el
subsidio sea al colegio y no al alumno, a pesar de que una nota al pie de
página dice que los colegios subvencionados tienen un 40% de alumnos de
sectores vulnerables. Respecto de la dependencia administrativa de los
colegios municipalizados, los consejeros proponen crear una especie de
Superintendencia, que se sujetaría a las normas del sector privado en
su funcionamiento y contratación de personal. Qué lástima que no se
hubiera recomendado lo mismo para los establecimientos que van a
regular.
Finalmente, queremos rescatar el pie de página N° 20. En él J.J.
Brunner propone lo siguiente: que debe haber todo tipo de establecimientos
autónomos y ser tratados en igualdad de condiciones; que deben ser
evaluados y los resultados ser públicos y que el regulador pueda
intervenir y cerrar los establecimientos que tengan consistentemente malos
resultados.
Si bien falta un aspecto clave, la formación de los profesores, lo
anterior es algo muy parecido a una política educacional coherente,
moderna y eficiente. Es que José Joaquín Brunner tiene experiencia en lo
que se refiere a comisiones educacionales. Qué lástima que sea un pie
de página, porque significa que la mayoría no está de acuerdo.
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El Mercurio
No hay milagros
Domingo 1 de octubre de 2006
En educación no hay atajos. Tampoco milagros. Menos tratándose de un
sistema escolar que pertenece a una de las sociedades más desiguales
del mundo.
Carlos Peña
Las expectativas que creó el informe de avance sobre educación
mostró hasta qué punto los chilenos, o quienes los interpretan, poseen la
ingenuidad de los creyentes en milagros.
Se esperó el informe como quien espera una revelación. Como si ese
puñado de páginas nos fuera a mostrar algo que, hasta entonces, por
miopía, ignorancia o estupidez, hubiere estado oculto. Bastaría leer
esas páginas y entonces la educación se encaminaría hacia el éxito.
Como si hubiera ocurrido un milagro.
Pero los milagros no existen. Y en educación no hay atajos.
El informe mostró lo que era previsible. La ciudadanía ha transferido
a la LOCE todos los malestares acerca de la escuela. Y la erigió en un
fetiche de los defectos de nuestro sistema escolar. Habrá entonces -lo
acaba de anunciar la Presidenta- que cambiarla. Asunto cerrado.
El problema es la dirección de ese cambio. Y ahí sí que el informe
contiene cuestiones sustantivas que -si no equivalen a milagros-
debieran alimentar el debate ciudadano. Veamos las dos o tres más
importantes.
En principio, el Consejo reconoce que la provisión mixta -educación
obligatoria a cargo de agencias públicas o entes privados- es la que
mejor se aviene con nuestra tradición. Así ha ocurrido en Chile desde
la primera ley de instrucción primaria obligatoria. Es cierto que esa
es la regla general en el mundo y que era difícil que el Consejo
intentara cambiarla.
Pero el malestar con el sistema educativo llegó a tal extremo que
cualquier cosa era posible.
No es poco entonces que ese carácter mixto de nuestro sistema -que
permite que todas las creencias se expresen e intenten reproducirse en la
escuela- se haya reafirmado por un grupo de ochenta personas de
orientaciones muy diversas. Un aspecto esencial de la libertad de enseñanza
ha quedado a salvo. Una buena noticia para quienes pusieron el grito en
el cielo temiendo se la amagara.
Pero, salvo ese consenso, el resto de las proposiciones plantea algunos
problemas.
Porque ocurre que la mayor parte de quienes integran el Consejo han
sugerido discriminar positivamente a favor del sector público.
La sugerencia es radical. Supone abandonar la fórmula de subsidios a
la demanda hasta ahora existente, para sustituirla, total o
parcialmente, por la transferencia directa de recursos a las instituciones. Los
alumnos ya no llevarán consigo el mayor aporte estatal. Deberán ir a
buscarlo a las instituciones del sector público.
No es poco como reforma. Aunque, en mi opinión, abandona el principio
de igual trato y desmedra el derecho de los más pobres a escoger
colegio. Es verdad que hoy día los alumnos más pobres tampoco escogen
colegio y que el colegio los escoge a ellos. Pero para corregir eso hay
diferenciar el subsidio y prohibir la selección de parte de las
instituciones que reciben financiamiento del Estado, en vez de atar a los más
pobres exclusivamente a la educación pública.
A ello se agrega la opinión del Consejo en el sentido de que se hace
imprescindible transitar desde el derecho a la educación concebido como
un derecho de acceso al sistema educativo, a un derecho a recibir una
educación de una calidad mínima previamente definida. Suena a mera
retórica, pero para quienes saben de la función que cumplen los derechos
fundamentales a la hora de orientar las políticas públicas, se trata
de una reforma clave.
Tampoco es una opinión banal desde el punto de vista político. Esa es
justamente la reforma que está hoy a la espera de las cavilaciones de
la derecha.
El informe se refiere también a la administración de las escuelas de
propiedad pública. Estas escuelas están hoy a cargo del municipio
¿Existirá alguna fórmula mejor? La mayoría sugiere entregar su
administración a entidades que puedan hacer economías de escala y
concentrar, en una sola mano, la gestión financiera y la técnico-pedagógica.
La minoría, en cambio, advirtió que ese tipo de entidades (que a
diferencia del alcalde no están sometidas al castigo del voto) pueden ser
presa fácil de los grupos de interés.
Ahí hay, entre otras, tres sugerencias para ser discutidas. ¿Habrá
que discriminar a favor de sectores educacionales, como sugiere el
informe, o de alumnos, como prefiere la minoría? ¿Es necesario erigir al
sector público en el paradigma de la calidad educativa o, sobre la base
de la igualdad de trato a todos los proveedores, habrá que confiar en
un sistema que controle los procesos y mida los resultados? ¿Quién
debe administrar las escuelas de propiedad pública?
Como usted ve, en el informe acerca de la educación hay propuestas y
hay preguntas.
Lo que no hay son milagros.
Y es que en educación no los hay. Podrá haber huelgas, temores,
movilizaciones de diversa índole, reclamos estudiantiles de variada
intensidad.
Pero milagros no hay.
No puede haberlos porque la escuela tiende a reproducir las
características de la sociedad a la que sirve. Y, no lo olvidemos, la nuestra es
una de las veinte sociedades más desiguales del mundo. Esa desigualdad
tiene muchas causas. Débiles sistemas de protección social; ciudades
geográficamente estratificadas; políticas sociales contributivas y no
de cobertura universal; un sistema de clases que nadie cuestiona;
empresarios que confunden la racionalidad económica con la avaricia; una
élite intelectual endogámica y complaciente.
Por eso no incurramos en la ingenuidad -puede ser peor que creer en
milagros- de pensar ahora que las causas de la desigualdad están todas en
la escuela.
Gregory Elacqua
Escuela de Gobierno
Universidad Adolfo Ibañez
Santiago, Chile
56-2-3693677
gregory.elacqua@uai.cl
sobre el informe de avance producido por el Consejo Asesor Presidencial
para la Calidad de la Educacion entregado a la Presidenta Bachelet el
viernes pasado. Resumen la informacion sobre las propuestas, los
consensos, los desacuerdos, los pactos y el ambiente politico. Para mas
informacion sobre el debate y para bajar el informe recomiendo ir a
www.brunner.cl
Gregory
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El Mercurio
Aportes de un Informe
Domingo 1 de octubre de 2006
El Consejo coincidió en valorar y mantener en Chile un sistema
educativo de provisión mixta, con educación particular y pública, y en la
necesidad de generar procesos de aseguramiento de la calidad para ambos
sectores.
Juan Eduardo García-Huidobro
El Consejo cuenta con 81 miembros. Entre ellos hay especialistas en
educación, personeros de distintas confesiones, representantes de las
etnias originarias y de los actores del quehacer educacional: padres de
familia, estudiantes secundarios, universitarios, docentes, co-docentes,
sostenedores municipales y privados, rectores de universidades. En el
Consejo se respira la pluralidad de Chile, su diversidad de creencias,
ideologías y quehaceres y, también, la variedad de visiones, intereses
y responsabilidades de quienes comparten la tarea educativa. No es un
Consejo de expertos, aunque algunos consejeros sean técnicos, sino una
instancia de diálogo ciudadano cuya misión es política: proponer
caminos para mejorar la educación chilena de cara a los grandes desafíos
que enfrenta hoy. Se trata, cuando es posible, de forjar una visión
consensuada y, también, de circunscribir y expresar los desacuerdos.
Ambas caras de la moneda serán de valor para la Presidenta a la hora de
tomar decisiones de gobierno.
Hasta hoy es posible destacar dos tipos de contribuciones: las
propuestas y la experiencia. Pese a ser un informe de avance, se comienza a
hacer propuestas y a marcar orientaciones; además, el proceso de trabajo
también ha sido educativo. A continuación se detallan cinco
resultados y se aquilata la experiencia vivida.
1. Se expresó un acuerdo amplio sobre la importancia de dictar una ley
sustitutiva de la actual Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza
(LOCE). Ello para determinar mejor la educación de calidad que Chile
requiere en el siglo XXI; para entregar al Estado las facultades
suficientes para que esta educación de calidad esté efectivamente garantizada
para todos y para ampliar la legitimidad democrática del sistema
educativo.
2. El Consejo coincidió en valorar y mantener en Chile un sistema
educativo de provisión mixta, con educación particular y pública, y en
la necesidad de generar procesos de aseguramiento de la calidad para
ambos sectores.
3. Se expresó, además, una preocupación transversal por la
educación de propiedad pública, y fueron muchas las voces que expresaron la
necesidad impostergable de mejorarla. Esto se justifica porque la
educación municipal educa a la mayor proporción de los alumnos y alumnas
más pobres y ella sigue siendo para muchos niños, niñas y jóvenes
chilenos la única educación disponible (por ejemplo, hay más de 65
municipios y extensas zonas rurales donde no hay oferta privada). Además
constituye un referente concreto del estándar de calidad del sistema: es
difícil imaginar que el Estado va a poder exigirles a otros lo que no
es capaz de materializar en sus establecimientos educacionales.
4. Para lograr un mejoramiento extendido y durable de la educación de
propiedad del Estado, se postuló la necesidad de contar con agencias
administradoras de la educación, descentralizadas, de propiedad
pública, con capacidades, atribuciones y recursos proporcionados a la
complejidad e importancia de la tarea de la que deben hacerse cargo. Estas
agencias deberán juntar en una sola mano las responsabilidades
administrativas y las técnico-pedagógicas, hoy divididas entre los municipios y
el Mineduc. Hay que estudiar más si crear estas nuevas entidades a
partir de los municipios o confiando esta tarea a los gobiernos regionales
o al propio Ministerio de Educación.
5. En referencia al mejoramiento de la calidad, se fue enfático en que
ella depende fundamentalmente del buen funcionamiento de las escuelas y
liceos y del desempeño de los profesores y profesoras. La consecuencia
de este acento es que el criterio fundamental de selección entre
distintas medidas y alternativas institucionales y regulativas debe ser su
capacidad de mejorar el trabajo docente y el aprendizaje de los alumnos.
Se planteó un conjunto de propuestas para vitalizar los centros
educativos y para enriquecer y regular la formación de profesores. En este
último punto se propone una institución con funciones reguladoras. Se
recomienda el cierre de los programas especiales de formación docente
y que, a futuro, toda la formación docente sea universitaria. Para
asegurar la calidad de los nuevos profesores, se recomienda un sistema de
habilitación docente.
El trabajo del Consejo se expresa en éstos y otros resultados. En
recomendaciones consensuales y en desacuerdos honestamente expuestos. Pero
además la experiencia vivida dejó su huella. El Consejo fue una
instancia de participación y educación ciudadana para los consejeros y
consejeras. Crecimos en la capacidad de aceptar a otros; los viejos
logramos -la mayor parte de las veces- no exasperarnos con la impaciencia
juvenil; los jóvenes nos toleraron cuando -pese a nuestros esfuerzos- no
los oímos suficientemente. Todos y cada uno de nosotros vive "en" una
particular manera de ver Chile, el mundo, la educación. Esta
diversidad que, considerada en abstracto, constituye un indudable valor, en el
momento de llegar a acuerdos se viste de inflexibilidades, de prejuicios
y de mucha miopía para captar, en sus méritos, la posición ajena. A
través de horas de escucha y debate logramos entendernos más,
respetarnos más, convencernos que todos y cada uno en el momento de actuar y
al hacer sus planteamientos está buscando mejorar la educación de los
niños, niñas y jóvenes chilenos. La construcción de esta confianza
de base corrió los límites originales de nuestras diferencias y
permitió ampliar algunos acuerdos y propuestas.
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El Mercurio
Educación que ofrezca más oportunidades
Harald Beyer
Domingo 1 de octubre de 2006
Un informe de estas características debe reflejar la diversidad de
opiniones. Suprimir los comentarios realizados por algunos consejeros
dentro de las reglas del juego, como me ocurrió a mí, es inaceptable.
Hace unos meses, un número importante de establecimientos escolares se
encontraba en toma. Parecía vivirse una situación de crisis,
desmentida por un par de encuestas de opinión que sugerían que la población,
aunque no muy contenta con la educación, tampoco la reprobaba. Es que
ha habido avances que, por supuesto, son insuficientes. Los problemas
de calidad y equidad de la educación chilena se reflejan en diversos
estudios nacionales e internacionales. Éstos están influidos por las
enormes desigualdades de ingreso del país, pero las trascienden. Aun
después de tomarlas en consideración y también el nivel de gasto, los
logros de nuestros estudiantes, ricos y pobres, están por debajo de lo
que les correspondería si rindieran como lo hace el promedio de
estudiantes que participan en las pruebas internacionales en las que se ha
involucrado Chile.
El Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación es una
oportunidad para avanzar ideas que puedan contribuir a elevar la
calidad y a neutralizar la influencia del origen socioeconómico en el
rendimiento de nuestros niños y jóvenes. Además, para reducir los niveles
de segmentación. Por supuesto, en el diseño de políticas y en la
definición de prioridades algunos datos ayudan a poner en contexto la
situación de nuestro país. Por ejemplo, la relación que existe entre
condición económica, social y cultural de los hogares y el rendimiento
de los estudiantes es parecida en nuestro país a la que se observa en
muchos otros, incluidos varios más ricos y equitativos que Chile.
También nuestro país aparece en la comparación internacional como
medianamente segmentado, encontrándose incluso por debajo de países más
ricos, equitativos y con marcada provisión estatal de la educación
escolar.
A pesar de esas características, muchos de esos países ofrecen una
educación de calidad, en la que sus estudiantes de menores ingresos
tienen mejores oportunidades y mayores posibilidades de movilidad que los
nuestros de igual situación social. Esto invita, entonces, a poner en
perspectiva no sólo la situación de partida de nuestra educación,
sino los avances que se pueden lograr en los próximos años. Se evita
así caer en esos voluntarismos tan típicos de nuestras sociedades y no
desfallecer porque algunos de los objetivos no logran satisfacerse. Con
todo, es evidente que en las actuales circunstancias debería poder
elevarse significativamente la calidad de nuestra educación escolar.
El informe preliminar, y el final que se conocerá el 11 de diciembre,
de los 81 miembros de este consejo, incluido quien escribe, seguramente
se evaluarán desde esa perspectiva. Algunos lineamientos generan
consenso. Entre otros, elevar los aportes públicos a educación, aunque
teniendo claro que se podría esperar del impacto de los nuevos recursos
sobre el rendimiento educativo, exigir el cumplimiento de estándares
mínimos de calidad para todos los establecimientos educativos, crear una
institucionalidad adecuada para la definición y supervisión de estos
estándares y desarrollar una revisión profunda de la LOCE.
Pero también hay importantes discrepancias. Éstas dicen relación con
propuestas que, en mi opinión, es discutible que tengan un efecto
sobre algunos de los objetivos que se quieren lograr a través de futuras
reformas a la educación, o que incluso pueden poner en riesgo el
cumplimiento de éstos. En esta línea, por ejemplo, se inscribe la propuesta
de alguno de los integrantes de privilegiar la educación de carácter
estatal que, en la práctica, significa terminar con el financiamiento
por alumno. Ello no sólo le resta el necesario dinamismo que debe
tener el sistema educativo poniendo trabas al desplazamiento de los
estudiantes de un establecimiento a otro, sino que también discrimina entre
estudiantes de iguales características por el solo hecho de asistir a
establecimientos de distinta naturaleza jurídica.
Por último, una nota personal. Un informe de estas características
debe reflejar la diversidad de opiniones que suscitan los distintos
aspectos analizados. Suprimir los comentarios realizados por algunos
consejeros dentro de las reglas del juego, como me ocurrió a mí, es
inaceptable. Uno de ellos expresaba mi rechazo al reemplazo de los municipios
en la administración de la educación por una nueva entidad pública
creada para estos efectos. La necesidad de esta entidad, totalmente ajena
a la institucionalidad política del país, no sólo no se desprendía
del diagnóstico, sino que diluiría aún más la rendición de cuentas
que caracteriza a la educación estatal.
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El Mercurio
La historia desconocida de la preparación del informe que recibió la
Presidenta Bachelet:
El pacto Brunner-Peña que torció el rumbo del Consejo Asesor
Domingo 1 de octubre de 2006
El abogado Carlos Peña se convirtió en el mediador entre la posición
de José Joaquín Brunner y los sectores del mundo social más reacios
a sus propuestas.Foto:Claudio Bueno
Una semana antes de entregarle a la Mandataria su primer informe, la
comisión más clave y controvertida del Consejo Asesor estaba quebrada.
Un grupo disidente pretendía presentar un documento paralelo al país
que diera cuenta de las opiniones que se habían dejado fuera del
"texto oficial". La opinión mayoritaria defendía una visión marcadamente
"estatista" de la educación. Pero una fórmula de último minuto
permitió darle viabilidad, al menos por un tiempo, al trabajo del grupo de
los 81.
Eduardo Sepúlveda y Gabriel Pardo
Cuando el viernes 29 en la mañana, en el Palacio de la Moneda, la
Presidenta Michelle Bachelet recibió el informe preliminar del Consejo
Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, no se molestó por
el hecho de que el documento de 107 páginas estuviera lleno de
argumentos discrepantes entre sí.
Por el contrario. Quienes conocieron la trastienda de la ceremonia,
aseguran que la Mandataria valoró que el texto incorporara el pensamiento
de los miembros del consejo que no estuvieron de acuerdo con el sector
mayoritario que, grosso modo, tenía una mirada más "estatista" del
problema de la educación.
Lo que no supo la Presidenta es que la disyuntiva entre agregar o no a
los "disidentes" estuvo a punto de quebrar irreparablemente su Consejo
Asesor. Tampoco se enteró de que apenas una semana antes de recibir el
informe en sus manos se alcanzó un principio de acuerdo que evitó lo
peor. Y menos, que la solución se fraguó en un desconocido e
inesperado pacto entre el ex ministro José Joaquín Brunner y el vicerrector
académico de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña.
Brunner instala la bomba
El epicentro del movimiento telúrico que amenazó con hacer fracasar
el desarrollo del Consejo Asesor se registró en la más controvertida
de las subcomisiones de la entidad: la de Marco Regulatorio, aquella en
que se radicó el debate respecto de la polémica LOCE.
A comienzos de septiembre, y después de dos meses de trabajo, el
presidente de la subcomisión, Carlos Peña, tenía prácticamente redactado
un primer borrador con las conclusiones del debate sostenido por sus 27
miembros; entre ellos, el rector de la Universidad Católica, Pedro
Pablo Rosso; el obispo auxiliar de Santiago, monseñor Ricardo Ezzati; el
presidente del Colegio de Profesores, Jorge Pavez, y el presidente de
la FECh, Nicolás Grau.
Sin embargo, en esos días Peña debió viajar fuera de Chile y la
redacción del documento cambió de manos. Así, en la sesión del viernes
8 los consejeros conocieron una primera versión que, a juicio de un
grupo de personas encabezadas por José Joaquín Brunner, exhibía una
perspectiva sesgada de la discusión, donde se privilegiaba una mirada
más "estatista" de la educación.
Entonces, Brunner le envió un duro mail a Peña refutando uno a uno
los argumentos planteados en el borrador, que estimaba eran
responsabilidad de este último. Como respuesta recibió una nota en tono similar
del académico de la UDP, quien le criticaba su actitud y también varios
de sus puntos de vista.
En la siguiente reunión de la subcomisión, el viernes 15, se desató
un enfrentamiento abierto entre los dos bloques discrepantes. Jorge
Pavez tomó la palabra e increpó a Brunner, sosteniendo que no tenía
derecho a plantear a última hora sus críticas al borrador en
circunstancias de que durante semanas no asistió a las sesiones del consejo. Lo
tildó de "arrogante". Otras voces -más nítidamente la de los
estudiantes secundarios y universitarios- se unieron al dirigente de los
profesores.
El ex ministro defendió su derecho a discrepar señalando que sus
ausencias habían sido previamente avisadas, y que se debían a compromisos
en el extranjero. Y que eso no era razón suficiente para impedirle
entregar sus opiniones y que éstas fueran contenidas en el informe final.
La reunión concluyó sin un veredicto, pero dejando la sensación en
los presentes de que estaban ante un callejón sin salida.
El cara a cara
Pero ahí, en la Biblioteca de Santiago, se produjo la primera reunión
a solas entre Brunner y Peña.
Si bien se desconoce el contenido de ese diálogo, sus frutos
emergerían un par de días después. Brunner puso por escrito su pensamiento
sobre los temas que debía abordar la "subcomisión 1". Bautizó el texto
como "documento alternativo" y se lo envió a Peña. Éste le habría
hecho una serie de enmiendas, además de recomendarle a Brunner que
cambiara el título: hablar de "documento alternativo" se interpretaría
como una provocación.
Brunner aceptó íntegramente las observaciones del vicerrector y
comenzó a llamar al escrito "documento complementario". Eso selló el
inesperado pacto. Ahora ambos coincidían en un verdadero "manifiesto" sobre
la institucionalidad que debía tener la educación chilena.
El "informe Brunner-Peña" fue enviado a los coordinadores de las otras
dos subcomisiones, Paulina Araneda (Institucionalidad) y Abelardo
Castro (Calidad), quienes también lo suscribieron. Y luego se sumaron a
ellos Rosita Puga (Belén Educa) y Cecilia Alvariño (ex directora de
Educación de la Fundación Chile).
Avalado por esos seis nombres, el "documento disidente" se distribuyó
por mail a los 81 miembros del Consejo Asesor, y sus patrocinadores
insistían en que debía ser considerado en el informe final que fue
entregado a la Presidenta Bachelet.
Cuando el presidente del Consejo, Juan Eduardo García-Huidobro, se
enteró de todo esto, consideró inapropiado que existiera un documento
paralelo al oficial y se negó a que se incorporara, incluso como un
anexo. "Juan Eduardo temió que al final se presentaran dos informes, con
lo que su trabajo, y los esfuerzos por lograr consensos, se fuera a la
basura. También le molestó mucho la actitud de Peña, que al hacer un
verdadero pacto con Brunner estaba quebrando en dos la comisión",
testimonia un consejero.
Un cercano a Peña asegura, sin embargo, que "lo que quería Carlos era
exactamente lo contrario: evitar el quiebre, porque si la mayoría no
aceptaba que se incorporara la opinión de la minoría disidente, ese
grupo se marginaría y saldría a defender el informe Brunner".
Todos contra Peña
Así se llegó a la sesión del 22 de septiembre. En un intento por
conseguir un acuerdo rápido, Peña presenta a los consejeros dos
documentos: el "borrador oficial" y un segundo texto elaborado en base a éste
y al "documento complementario" acordado con Brunner.
Como era de suponer, la asamblea las emprendió ahora contra el
académico. Los representantes del "mundo social" no entendían cómo Peña
podía pactar con un sector del que lo suponían lejano. El coordinador
se defendía afirmando que sus ideas las envió en más de seis mails y
que, por lo tanto, no debían ser sorpresa para nadie. Además, sostuvo
que su rol como presidente de la subcomisión era garantizar que todas
las voces estuvieran presentes en el informe final.
La reunión se volvió inmanejable, y debió suspenderse por algunos
minutos. Hay consejeros que sostienen que en ese momento Peña se reunió
con varios dirigentes estudiantiles, como el propio Nicolás Grau,
intentando alcanzar un acuerdo.
Luego del receso, testigos relatan que monseñor Ezzati -quien había
tenido un público entredicho con Peña- pidió la palabra y emitió un
virtual "voto de confianza" hacia el vicerrector de la UDP, provocando
la sorpresa de los presentes.
Ese espaldarazo utilizó Peña para jugar su última carta: propuso que
el texto que se entregaría a la Presidenta estuviese formado por un
cuerpo central, conteniendo la opinión mayoritaria, pero también la
mirada disidente, pero como notas al pie de página. Ahí está su origen.
Después de escuchar la defensa de dicha fórmula por parte del rector
de la UC, Pedro Pablo Rosso, la comisión terminó por aprobarla. Claro
que con un prerrequisito: la redacción de esa versión final debía
quedar en manos de García-Huidobro.
Lo curioso es que sólo esta subcomisión, la de Marco Regulatorio,
incorporó en su informe todas las "notas" que quisieron agregar sus
miembros, las otras dos subcomisiones presentaron sus conclusiones
prácticamente sin el contrapeso de la minoría disidente. Así, quedaron afuera
aportes de expertos como Harald Beyer, Loreto Fontaine y el propio
Brunner.
De hecho, durante la tarde del viernes, cuando el preinforme final que
conoció la Presidenta, y que se publicó íntegramente en internet,
fue conocido por los 81 miembros del Consejo Asesor, comenzaron a
llegarle a García-Huidobro las quejas de los integrantes de las comisiones de
Institucionalidad y Calidad cuyas observaciones no figuraron.
"En la segunda parte del trabajo del Consejo Asesor se deberá adoptar
la metodología de la comisión de Marco Regulatorio; de lo contrario,
un importante grupo de opinión sentirá que todo esto no tiene
sentido. Los sectores sociales son mayoritarios y por eso pueden imponer su
visión, pero no es razonable que los expertos, los técnicos, que son
minoría, queden excluidos... porque, finalmente, ésos son los dos
bloques que se terminaron formando", reflexiona un consejero.
Otro miembro del Consejo, cercano al Gobierno, sostiene que "hay grupos
que quieren desmantelar no sólo la LOCE, sino que también la
institucionalidad educacional que ha construido la Concertación. Si no se
modifica el sistema de trabajo de las comisiones del Consejo Asesor,
podríamos terminar en diciembre entregando un documento que plantee partir
de cero".
LOS FIRMANTES
José Joaquín Brunner
Sociólogo PPD. Director del Programa de Educación de Fundación Chile
y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Fue ministro Secretario General de Gobierno durante el gobierno de
Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Integra la Comisión de Marco Regulatorio.
Carlos Peña
Abogado. Fue asesor de Soledad Alvear en temas legislativos cuando
ésta fue ministra de Justicia. Hoy es vicerrector académico de la
Universidad Diego Portales. Preside la comisión de Marco Regulatorio.
Celia Alvariño
Doctora en educación de la Universidad de Barcelona. Durante ocho
años fue directora ejecutiva del Programa de Educación de la Fundación
Chile y es la actual gerenta del Fondo de Inversiones Educacionales
Chile Valora. Integra la Comisión de Institucionalidad.
Abelardo Castro
Es cercano al PS. Fue propuesto por el senador Alejandro Navarro para
presidir el Consejo Asesor. Hoy es decano de la Facultad de Educación
de la Universidad de Concepción y representante de la Asociación de
Decanos de Educación. Preside la comisión de Calidad.
Paulina Araneda
Sicóloga. Fue asesora de los ministros de Educación Mariana Aylwin y
Sergio Bitar y actualmente es directora de la Dirección de Educación
de la Municipalidad de Peñalolén al mando del DC Claudio Orrego. Es
presidenta de la comisión de Institucionalidad.
Rosita Puga
Educadora cercana a la Iglesia. Actualmente es directora académica de
la Corporación Belén Educa que busca dar educación de excelencia a
niños de escasos recursos. Es integrante de la comisión de Calidad.
DIFERENCIAS CON EL TEXTO OFICIAL:
El documento disidente, según Brunner y Peña
José Joaquín Brunner:
"Hablo sólo por mi cuenta y sin comprometer al grupo de consejeros que
suscribimos este documento. Lo presentamos al Consejo como una
contribución al debate; para aportar a los consensos y razonar en torno a
opciones y alternativas. Quisimos subrayar la estrecha unidad que existe en
una sociedad democrática y diversa entre el derecho a una educación
de calidad garantizada y la libertad de enseñanza. Planteamos que un
sistema de educación obligatoria financiada con cargo a rentas generales
y proveída por agencias públicas o privadas a elección de los padres
puede ser socialmente beneficioso, a condición de que exista igualdad
de trato entre sostenedores, un sistema de aseguramiento de la calidad
común para todos los establecimientos, subvenciones diferenciadas y
prohibición de seleccionar alumnos durante el ciclo inicial de la
enseñanza básica y en el nivel preescolar. Abogamos además por un sistema
descentralizado y con real autonomía de gestión para los
establecimientos gestionados públicamente a nivel local. En este contexto
concordamos con la necesidad de hacer más efectivas y flexibles las
regulaciones del sistema, cambiar a fondo la LOCE y no imponer a los colegios
trabas y lastres propios del centralismo burocrático.
Carlos Peña:
"En la subcomisión se hicieron, de parte de todos, leales esfuerzos
por alcanzar convergencias. Pero luego de ese esfuerzo, fue inevitable, y
además era lo correcto, permitir la expresión de las diferencias.
Estas fueron las que siguen:
Mientras una parte del consejo atribuyó los actuales problemas a un
defectuoso diseño del sistema escolar y al abandono del patrón estatal,
otro sector consideró que esos problemas son fruto de un sistema
inclusivo, que lleva las inequidades (que hasta hace poco se detenían en la
puerta de la escuela) ahora al interior del aula. De otra parte,
mientras la mayoría del Consejo consideró que el Estado debía discriminar
positivamente al sector público por ser el que atiende a la mayoría
de los más desventajados, la minoría sugirió que era mejor un sistema
que, sobre la base de igual trato a todos los proveedores, apoyara
preferentemente a los alumnos más pobres manteniendo el esquema de
subsidios a la demanda. En fin, mientras la mayoría aconsejó erigir al
sector público en el paradigma de la educación obligatoria, el otro sector
sugirió que lo más razonable era un sistema de provisión mixta, con
igualdad de trato, subvenciones diferenciadas, prohibición de
selección y financiamiento compartido a los quintiles más pobres y un sistema
uniforme de aseguramiento de la calidad.
Se trata, en mi opinión, de divergencias legítimas, cuya expresión
pública favorece el debate y hace más robusta la deliberación en esta
materia".
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El documento que estuvo a punto de quebrar el Consejo Asesor de
Educación:
El informe Brunner versión 2.0
Domingo 1 de octubre de 2006
José Joaquín Brunner elaboró un texto que difería en varios puntos
con las posturas incluidas en el informe de avance del Consejo Asesor
de Educación. Su iniciativa disidente fue respaldada por los consejeros
Carlos Peña, Celia Alvariño, Paulina Araneda, Abelardo Castro y
Rosita Puga. Aquí se presenta un resumen del documento que sumaba 15
páginas.
La provisión social de educación obligatoria. Las sociedades
contemporáneas asumen la obligación de educar a sus niños y jóvenes como un
derecho fundamental de toda persona. Esta educación debe ser gratuita,
correspondiendo a los padres el derecho a escoger el tipo de educación
que habrá de darse a sus hijos y a los particulares el derecho a
participar en la provisión de educación obligatoria, siempre que ella se
ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.
Educación obligatoria en Chile. Históricamente, Chile ha contado con
un régimen de provisión mixta, con participación de establecimientos
públicos (administrados hoy por las municipalidades); establecimientos
privados subsidiados por el Estado y establecimientos privados
financiados directamente por los padres. Este régimen acompaña la historia
republicana de nuestro país. La libertad de enseñanza se consagra en la
Constitución del año 1833 y una subvención por alumno para los
establecimientos gestionados por privados se introduce ya en la última
parte del siglo XIX.
El reto principal. Hoy día existe un intenso debate sobre la
educación chilena y su futuro; en particular, sobre la forma de organizar, de
aquí en adelante, la provisión de enseñanza obligatoria para asegurar
mayor equidad y mejor calidad. El problema ya no es la exclusión del
derecho a recibir educación, como fue hasta muy recientemente; son los
dispares resultados de aprendizaje que logran La provisión social de
educación obligatoria. los alumnos según las condiciones de su origen
socio-económico, producto de la enorme desigualdad de ingresos y de
capital cultural que existe en nuestro país.
Derecho a la educación y libertad de enseñanza. Para hacer frente a
esta situación, es imprescindible mejorar el régimen mixto de
provisión educacional, actuando en dos direcciones convergentes. Primero,
garantizando el derecho a una educación de calidad, definida en función
de las competencias básicas que los alumnos deben alcanzar en los
diversos sectores de aprendizaje a lo largo de su trayectoria escolar. En
seguida, mejorando las regulaciones fundamentales del régimen de
provisión mixta, lo cual requiere modificar sustancialmente la Ley Orgánica
Constitucional de Enseñanza (LOCE).
Concepto de educación pública. Toda educación impartida por
establecimientos oficialmente reconocidos en el marco del derecho de las
personas a una escolarización obligatoria y que se rige por los objetivos,
contenidos y estándares del currículo nacional ha de entenderse como
educación pública, independientemente de las formas de gestión y del
financiamiento de las instituciones que la ofrecen.
Regulación básica común de los proveedores. Los proveedores de
cualquiera forma de gestión y financiamiento, deberán sujetarse a una
regulación básica común:
-Constituirse como persona jurídica de derecho público o privado,
cuyo director responsable y representante legal deberá tener título
profesional o técnico superior o su equivalente.
-Contar con un proyecto educacional aprobado y con planes y programas
de estudio enmarcados dentro de los objetivos, contenidos y estándares
dispuestos en el currículo nacional.
-Poseer el personal docente con los requisitos que lo habilita para
impartir enseñanza en el respectivo nivel y modalidad de enseñanza.
-Disponer de las condiciones de infraestructura y equipamiento
permanentes necesarios para lograr los objetivos del proyecto educacional y
cumplir con las normas correspondientes.
-Asumir la obligación de evaluar periódicamente el establecimiento
conforme a los procedimientos que se fijen en el sistema de aseguramiento
de la calidad escolar, así como de sujetarse a las inspecciones que
éste determine, e informar a la comunidad escolar sobre los resultados
obtenidos en estos procedimientos.
-Presentar anualmente el balance de ingresos y gastos al Consejo
Escolar.
Gestión de establecimientos administrados públicamente. Las
regulaciones para este tipo de proveedores deberán fomentar y garantizar la
autonomía de gestión de los establecimientos, la cual comprenderá:
contar con un proyecto educativo propio, un plan de desarrollo anual y
mecanismos de evaluación permanente de la calidad; rendir cuentas
periódicamente a la comunidad; organizar los procesos de enseñanza incluyendo
la admisión de estudiantes, aplicación del currículo, distribución
del tiempo de instrucción, elección de textos, agrupamiento de los
estudiantes, métodos pedagógicos, disciplina, etc., y administrar su
personal, incluyendo la contratación y el despido del personal docente
en el marco de un nuevo estatuto de la profesión, derechos y deberes
del personal, escala de sueldos, pago y negociación colectiva,
evaluación del personal docente e incentivos.
El financiamiento de proveedores. Corresponde al Estado financiar la
educación obligatoria gratuita. Dicho financiamiento se destinará, bajo
una regla de igualdad de tratamiento, a los establecimientos públicos
y privados subvencionados, mediante una subvención por alumno. El
monto de ésta deberá establecerse por un organismo técnico independiente
y cubrir los costos reales de impartir una enseñanza acorde con los
estándares de logro esperados. Deberá, además, diferenciarse en
función del origen socio-económico de los alumnos, reconociendo el mayor
costo que implica la enseñanza de aquellos que provienen de los hogares
de menores ingresos en la sociedad. Los proveedores de cualquier tipo
no podrán imponer o hacer cobros a las familias de los alumnos
vulnerables. Los sostenedores particulares subvencionados, constituidos como
sociedades comerciales, deberán entregar anualmente balances auditados
de su gestión económica a la agencia encargada del aseguramiento de la
calidad escolar.
Aseguramiento de la calidad. Todos los establecimientos deberán
sujetarse a un régimen común de aseguramiento de la calidad, el cual será
administrado por un organismo público autónomo, tipo
superintendencia, cuyo personal se regirá por las normas del sector privado y cuyos
directivos serán seleccionados conforme a las reglas de servicio civil.
Corresponderá a este organismo:
-Acreditar el desempeño de las escuelas de acuerdo a criterios y
pautas conocidos, preocupándose de que ellas cuenten con, y desarrollen,
normas y una gestión de calidad que asegure las prácticas docentes y
directivas;
-Evaluar los logros de aprendizaje de los alumnos en relación a los
estándares determinados por la autoridad;
-Supervisar y evaluar la implementación del currículo dentro del
marco nacional de objetivos y contenidos;
-Evaluar la satisfacción de los padres y alumnos y su participación
en la comunidad escolar.
Los procedimientos empleados por este organismo deberán aplicarse
considerando el proyecto educativo de la escuela y sin interferir en su
autonomía de gestión; se alimentarán con los resultados de los procesos
de autoevaluación realizados por los propios centros educativos; se
diseñarán con vistas al mejoramiento de la calidad, sin perjuicio de
las funciones de fiscalización que la ley encomiende a este organismo y
se sujetarán a la regla de que a mayor calidad de resultados, menor
intensidad de las funciones de inspección y supervisión.
Rol regulador del Estado. Corresponde al Estado establecer un marco de
regulaciones e incentivos que garantice los siguientes principios y
condiciones:
-Diversidad de sostenedores como sostén del derecho a una educación
de calidad garantizada por estándares de aprendizaje técnicamente
definidos y del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos.
-Establecimiento de requisitos parejos e iguales para el ingreso y la
permanencia de nuevos sostenedores en el sistema de provisión de la
educación obligatoria.
-Trato igualitario, establecido constitucionalmente, entre los
distintos proveedores en todas las cuestiones esenciales, así como su derecho
y deber de definir un proyecto institucional educativo, el cual
incluirá la responsabilidad por la aplicación del currículum nacional y los
estándares de aprendizaje.
-Autonomía de gestión de todos los establecimientos y su deber de
responsabilizarse por los resultados que obtienen sus alumnos, atendiendo
a sus condiciones sociales de origen.
-Financiamiento suficiente de la educación obligatoria canalizado a
través de la subvención escolar, cuyo monto deberá determinarse
técnicamente para cubrir el costo de una educación regida por los
estándares de calidad que se fijen y diferenciarse a favor de los alumnos
provenientes de los hogares de menores ingresos.
-Existencia de un organismo público independiente y de procedimientos
continuos de aseguramiento de la calidad, incluyendo la acreditación
de los establecimientos subvencionados por el Estado.
-Amplia información sobre los resultados de dichas evaluaciones,
primero que todo a los padres y, en seguida, a la comunidad.
-Determinación de criterios y causales para la intervención y el
eventual cierre de cualquier tipo de establecimientos subvencionados que,
habiendo recibido los necesarios apoyos, sin embargo mantienen un
desempeño notablemente insuficiente en cuanto a los logros de aprendizaje de
sus alumnos.
DURANTE EL GOBIERNO DE FREI:
El primer informe
El año 1994 el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle inició el trabajo
de la Comisión Nacional de Modernización de la Educación y el
encargado de presidir el comité de "notables" que elaboraría el informe
técnico era precisamente el experto en educación José Joaquín Brunner,
que a fines de ese año ya estaba convertido en Ministro Secretario
General de Gobierno de la administración freísta.
Ese grupo estaba integrado por 14 miembros entre los que se encontraban
Edgardo Boeninger, Fernando Léniz, Enrique Correa, Cristián Larroulet
y Gonzalo Vial.
El "informe Brunner" entregado ese año hizo un crudo diagnóstico del
sistema educacional y sus deficiencias incluyendo una serie de medidas
con miras a enfrentar la educación en el siglo XXI. Se convirtió en
la principal referencia para la Comisión Nacional de Educación de ese
entonces. El trabajo concluía que era vital proporcionar formación
general de calidad para todos, reformar y diversificar la Educación
Media, fortalecer la profesión docente, otorgar mayor autonomía y
flexibilidad a la gestión, aumentar la inversión educacional tanto pública
como privada así como impulsar una decidida modernización en todos
los ámbitos.
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El Mercurio
Si bien es cierto... no es menos cierto...
Domingo 1 de octubre de 2006
No hay nada más efectivo para no hacer nada que un buen comité.
Ahora, si el comité tiene más de 80 personas, el objetivo está asegurado.
Juan Braun
El pasado viernes se dio a conocer el "Informe de Avance" del Consejo
Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación. En una frase, el
cuerpo del informe dice que la calidad de la educación es mala,
especialmente en el sector público, y que para solucionar el problema hay que
potenciar la educación estatal y regular mucho más a la particular
subvencionada. Digo en el cuerpo del documento porque en realidad son dos
textos. Uno es el principal y otro son las notas que dicen básicamente
lo contrario.
Más de alguno podría pensar que para dar soluciones a un problema
habría que conocer sus causas. Pero la comisión no lo pensó así.
Tampoco se molestan los consejeros en estudiar las cifras disponibles. Así,
no es difícil explicarse por qué el texto aporta muy poco en general.
Todos los estudios que conocemos muestran que los establecimientos
particulares subvencionados producen mejores resultados que los municipales
aun teniendo en cuenta los distintos niveles socioeconómicos de los
alumnos. En segundo lugar, en los últimos quince años, el 85% del
aumento en la matrícula total ha optado por el sector subvencionado y este
sector contrató al 95% del aumento en el número de profesores.
En consecuencia, la mitad de los estudiantes hoy día pertenece a
colegios particulares. Este traspaso se va a acelerar automáticamente con
el aumento del ingreso. Los municipios deberán pronto diseñar un
sistema para traspasar la administración de los establecimientos al sector
privado. Existen, a nuestro juicio, dos grandes problemas en la
educación escolar en Chile. El primero es el Estatuto Docente, que hace
inflexible la administración de la educación estatal. Pues bien, no hay en
todo el documento comentario alguno sobre el estatuto docente. Sólo se
informa que se tocará en el futuro. El segundo problema, sin duda el
más importante, es la deficiente preparación de los profesores. Sobre
esto tampoco se pronuncian los consejeros.
El Informe le da importancia a otros temas.
La LOCE ocupa un lugar central y aparentemente no es tan mala como
creíamos; el problema es que su origen no habría sido democrático
(naturalmente con su nota al pie diciendo lo contrario). En todo caso,
resulta difícil pensar que alguien crea que se va a solucionar algún
problema de la educación derogando la LOCE.
El informe hace hincapié en asegurar la calidad de los colegios
particulares subvencionados. Si tienen financiamiento público, lo lógico es
que se sometan a una evaluación periódica conocida por los padres y
que los establecimientos tengan un nivel mínimo de calidad para recibir
el financiamiento. El informe también sugiere, acertadamente, prohibir
la discriminación en la selección de alumnos a los colegios que
reciben financiamiento público.
También se aborda el fin de lucro de los establecimientos. No hubo
acuerdo sobre el tema. Una parte de los consejeros opina que el lucro es
incompatible con la educación; la otra parte no lo cree así.
Pensábamos que esto ya estaba superado en nuestro país y en el mundo. La
discriminación positiva por nivel de ingresos es abordada largamente en el
informe. Se sostiene que el costo de educar a un estudiante de familia
de bajo nivel socioeconómico es mayor. De ahí que el financiamiento
podría ser diferencial. Creemos que este argumento es válido, pero con
precauciones. Naturalmente que hay un sector que prefiere que el
subsidio sea al colegio y no al alumno, a pesar de que una nota al pie de
página dice que los colegios subvencionados tienen un 40% de alumnos de
sectores vulnerables. Respecto de la dependencia administrativa de los
colegios municipalizados, los consejeros proponen crear una especie de
Superintendencia, que se sujetaría a las normas del sector privado en
su funcionamiento y contratación de personal. Qué lástima que no se
hubiera recomendado lo mismo para los establecimientos que van a
regular.
Finalmente, queremos rescatar el pie de página N° 20. En él J.J.
Brunner propone lo siguiente: que debe haber todo tipo de establecimientos
autónomos y ser tratados en igualdad de condiciones; que deben ser
evaluados y los resultados ser públicos y que el regulador pueda
intervenir y cerrar los establecimientos que tengan consistentemente malos
resultados.
Si bien falta un aspecto clave, la formación de los profesores, lo
anterior es algo muy parecido a una política educacional coherente,
moderna y eficiente. Es que José Joaquín Brunner tiene experiencia en lo
que se refiere a comisiones educacionales. Qué lástima que sea un pie
de página, porque significa que la mayoría no está de acuerdo.
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El Mercurio
No hay milagros
Domingo 1 de octubre de 2006
En educación no hay atajos. Tampoco milagros. Menos tratándose de un
sistema escolar que pertenece a una de las sociedades más desiguales
del mundo.
Carlos Peña
Las expectativas que creó el informe de avance sobre educación
mostró hasta qué punto los chilenos, o quienes los interpretan, poseen la
ingenuidad de los creyentes en milagros.
Se esperó el informe como quien espera una revelación. Como si ese
puñado de páginas nos fuera a mostrar algo que, hasta entonces, por
miopía, ignorancia o estupidez, hubiere estado oculto. Bastaría leer
esas páginas y entonces la educación se encaminaría hacia el éxito.
Como si hubiera ocurrido un milagro.
Pero los milagros no existen. Y en educación no hay atajos.
El informe mostró lo que era previsible. La ciudadanía ha transferido
a la LOCE todos los malestares acerca de la escuela. Y la erigió en un
fetiche de los defectos de nuestro sistema escolar. Habrá entonces -lo
acaba de anunciar la Presidenta- que cambiarla. Asunto cerrado.
El problema es la dirección de ese cambio. Y ahí sí que el informe
contiene cuestiones sustantivas que -si no equivalen a milagros-
debieran alimentar el debate ciudadano. Veamos las dos o tres más
importantes.
En principio, el Consejo reconoce que la provisión mixta -educación
obligatoria a cargo de agencias públicas o entes privados- es la que
mejor se aviene con nuestra tradición. Así ha ocurrido en Chile desde
la primera ley de instrucción primaria obligatoria. Es cierto que esa
es la regla general en el mundo y que era difícil que el Consejo
intentara cambiarla.
Pero el malestar con el sistema educativo llegó a tal extremo que
cualquier cosa era posible.
No es poco entonces que ese carácter mixto de nuestro sistema -que
permite que todas las creencias se expresen e intenten reproducirse en la
escuela- se haya reafirmado por un grupo de ochenta personas de
orientaciones muy diversas. Un aspecto esencial de la libertad de enseñanza
ha quedado a salvo. Una buena noticia para quienes pusieron el grito en
el cielo temiendo se la amagara.
Pero, salvo ese consenso, el resto de las proposiciones plantea algunos
problemas.
Porque ocurre que la mayor parte de quienes integran el Consejo han
sugerido discriminar positivamente a favor del sector público.
La sugerencia es radical. Supone abandonar la fórmula de subsidios a
la demanda hasta ahora existente, para sustituirla, total o
parcialmente, por la transferencia directa de recursos a las instituciones. Los
alumnos ya no llevarán consigo el mayor aporte estatal. Deberán ir a
buscarlo a las instituciones del sector público.
No es poco como reforma. Aunque, en mi opinión, abandona el principio
de igual trato y desmedra el derecho de los más pobres a escoger
colegio. Es verdad que hoy día los alumnos más pobres tampoco escogen
colegio y que el colegio los escoge a ellos. Pero para corregir eso hay
diferenciar el subsidio y prohibir la selección de parte de las
instituciones que reciben financiamiento del Estado, en vez de atar a los más
pobres exclusivamente a la educación pública.
A ello se agrega la opinión del Consejo en el sentido de que se hace
imprescindible transitar desde el derecho a la educación concebido como
un derecho de acceso al sistema educativo, a un derecho a recibir una
educación de una calidad mínima previamente definida. Suena a mera
retórica, pero para quienes saben de la función que cumplen los derechos
fundamentales a la hora de orientar las políticas públicas, se trata
de una reforma clave.
Tampoco es una opinión banal desde el punto de vista político. Esa es
justamente la reforma que está hoy a la espera de las cavilaciones de
la derecha.
El informe se refiere también a la administración de las escuelas de
propiedad pública. Estas escuelas están hoy a cargo del municipio
¿Existirá alguna fórmula mejor? La mayoría sugiere entregar su
administración a entidades que puedan hacer economías de escala y
concentrar, en una sola mano, la gestión financiera y la técnico-pedagógica.
La minoría, en cambio, advirtió que ese tipo de entidades (que a
diferencia del alcalde no están sometidas al castigo del voto) pueden ser
presa fácil de los grupos de interés.
Ahí hay, entre otras, tres sugerencias para ser discutidas. ¿Habrá
que discriminar a favor de sectores educacionales, como sugiere el
informe, o de alumnos, como prefiere la minoría? ¿Es necesario erigir al
sector público en el paradigma de la calidad educativa o, sobre la base
de la igualdad de trato a todos los proveedores, habrá que confiar en
un sistema que controle los procesos y mida los resultados? ¿Quién
debe administrar las escuelas de propiedad pública?
Como usted ve, en el informe acerca de la educación hay propuestas y
hay preguntas.
Lo que no hay son milagros.
Y es que en educación no los hay. Podrá haber huelgas, temores,
movilizaciones de diversa índole, reclamos estudiantiles de variada
intensidad.
Pero milagros no hay.
No puede haberlos porque la escuela tiende a reproducir las
características de la sociedad a la que sirve. Y, no lo olvidemos, la nuestra es
una de las veinte sociedades más desiguales del mundo. Esa desigualdad
tiene muchas causas. Débiles sistemas de protección social; ciudades
geográficamente estratificadas; políticas sociales contributivas y no
de cobertura universal; un sistema de clases que nadie cuestiona;
empresarios que confunden la racionalidad económica con la avaricia; una
élite intelectual endogámica y complaciente.
Por eso no incurramos en la ingenuidad -puede ser peor que creer en
milagros- de pensar ahora que las causas de la desigualdad están todas en
la escuela.
Gregory Elacqua
Escuela de Gobierno
Universidad Adolfo Ibañez
Santiago, Chile
56-2-3693677
gregory.elacqua@uai.cl
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