13 jul 2006

Significados y perspectivas de la movilización nacional de estudiantes en Chile - OPECH


"Estamos dando clases"*:
Significados y perspectivas de la movilización nacional de estudiantes en Chile.

* Consigna difundida por la Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios días antes de deponer tomas y paros en los colegios.

Juan González, Rodrigo Cornejo y Rodrigo Sánchez
Observatorio Chileno de Políticas Educativas - OPECH.
Universidad de Chile.

I. Introducción

El Movimiento Social que, durante los meses de mayo y junio del presente año, sacudió al conjunto de la sociedad chilena, comenzó a forjarse desde el actor educativo que, al menos desde una concepción tradicional de lo político, aparecía como el más débilmente articulado para poder incidir: l@s estudiantes. Este movimiento, fundamentalmente juvenil-popular, fue capaz de integrar las legítimas reivindicaciones económicas y de infraestructura (pase escolar gratuito, gratuidad de la prueba de selección a la Universidad, mejorar los baños en mal estado, aumentar las raciones alimenticias) con el cuestionamiento a una de las principales leyes de amarre dejada por la dictadura: la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza. Esta ley, que fue promulgada horas antes del término de la dictadura militar, así como los artículos de nuestra Constitución Política sobre derechos y deberes ciudadanos, sientan las bases jurídicas y filosóficas para el actual modelo de administración y financiamiento del sistema educativo chileno.

Este modelo de administración (supuestamente basado en la descentralización), así como el modelo financiamiento de la educación (basado en la receta de Milton Friedman de hacer competir a las escuelas por los subsidios portables que el Estado le "da" a los estudiantes[1]), al amparo de las citadas leyes constitucionales, han permitido la privatización masiva de escuelas en Chile. Hoy en día, el 42% de los estudiantes de la educación obligatoria asisten a escuelas particulares que reciben subvención del estado. Los dueños de estas escuelas pueden lucrar con dicha subvención, cobrar a las familias y seleccionar estudiantes. Descontando al 9% que asiste a escuelas particulares sin subvención, el otro 49% de los estudiantes asiste a escuelas administradas por municipalidades, cuya inmensa mayoría no son capaces de solventar gastos educativos mínimos y no cuentan con equipos técnicos-pedagógicos que apoyen la gestión. Este experimento educativo chileno ha generado logros significativos en cobertura escolar, pero presenta un estancamiento generalizado en las mediciones de aprendizaje, graves problemas de inequidad en la calidad educativa y ha generado un inédito fenómeno de segmentación socioeducativa en las escuelas, una especie de apartheid educativo. En palabras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la educación chilena parece estar "concientemente estructurada por clases sociales" y "está influenciada por una ideología que da una importancia indebida a los mecanismos de mercado para mejorar la enseñanza y el aprendizaje" (OCDE, 2004: 290).

II. El Movimiento de Estudiantes Secundarios

El Movimiento Secundario se organizó a partir de la articulación de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), instancia surgida desde los centros de alumnos y colectivos estudiantiles[2] organizados principalmente en los colegios emblemáticos[3] del centro de la capital y algunos colegios municipales y particulares subvencionados ubicados en el mismo sector.

La ACES comienza a articular sus demandas luego de un dificultoso proceso de unificación, debido a sucesivos quiebres propiciados por las fuerzas políticas tradicionales que buscaban la conducción del espacio, ante la autonomía y heterogeneidad demostrada por éste. Finalmente este proceso da frutos. Entre otras cosas, en noviembre del año pasado elaboran un documento de trabajo , que le entregan al Ministerio de Educación, en el que dan cuenta de las principales demandas y propuestas elaboradas por los estudiantes de la Región Metropolitana, en un proceso de trabajo participativo y amplio.

A comienzos de este año, y a raíz de la indiferencia que mostró el nuevo Ministerio de Educación hacia sus propuestas y peticiones, los estudiantes comenzaron un proceso de movilización. Lo hicieron a través de una lógica organizativa totalmente novedosa en el escenario de los movimientos reivindicativos surgidos en estos quince años de democracia y políticas neoliberales en Chile. La horizontalidad del movimiento, la transversalidad de sus demandas (a ellas comienzan adherir estudiantes de las más diversas clases sociales y regiones del país), la claridad de sus propuestas, los novedosos estilos de movilización que proponen y ejecutan, el nivel de adhesión social que provocan, sorprenden al país, en especial a sus elites políticas, que había confinado a la juventud popular al campo de los apáticos y/o socialmente dañados. La Asamblea de Estudiantes secundarios perfila un funcionamiento basado en la democracia directa, en donde los voceros son simplemente eso, portadores del mandato de sus bases, que en asamblea resuelven, sin ceder a las dinámicas de la coyuntura y a las maniobras divisionistas y de desinformación generadas por poderosos grupos de interés[4]. Esto les permitió construir un espacio político donde la participación efectiva de todos y la diversidad se transformaban en elementos constituyentes de una nueva ciudadanía juvenil que desbordaba los tímidos canales de integración política que hasta la fecha se han constituido en el Chile post-dictadura.

A los pocos días de iniciados los paros y la tomas en unos pocos liceos de Santiago, el movimiento genera una explosiva adhesión que, para sorpresa de muchos, sumó rápidamente a los estudiantes y profesores de los liceos y escuelas de las zonas periféricas y de regiones[5], los actores más afectados por el apartheid educativo imperante en el país[6]. La Asamblea de Estudiantes Secundarios adquiere un carácter Nacional. Se desencadena un proceso generalizado de tomas y paros, testimonio del acercamiento entre los jóvenes más marginados de la sociedad chilena (de los llamados liceos periféricos o urbano-populares) y los jóvenes de las clases medias y populares con posibilidades de "integración social". Tal fenómeno de unidad, inédito en el Chile de post dictadura, caracteriza la radicalidad, en el sentido de masividad social, de este movimiento[7].

La demanda por una Educación de calidad para todos, impacta profundamente en la mayoría de los chilenos. La conciencia colectiva respecto de las inequidades educativas, la mala calidad y la segmentación social, desencadenan una adhesión masiva en una sociedad altamente segmentada[8], la cual no ha olvidado, a pesar de los esfuerzos propagandísticos de las elites neoliberales, que el Estado debe estar al servicio de los ciudadanos y no siempre de las elites.

El movimiento secundario fue instituyente[9], cambió la agenda de las elites políticas e instaló un debate nacional sobre preguntas educativas esenciales: ¿qué significa educación de calidad? ¿Cuál es el rol del Estado en un país en el cual este ya aparece casi inexistente para los desfavorecidos? ¿Qué entendemos por educación pública? ¿Cuál es el límite que debe existir para el lucro y las fuerzas del mercado? ¿Por qué no cambiamos las leyes constitucionales impuestas por la dictadura?

III. El escenario abierto con las movilizaciones: la respuesta del gobierno, la posición de los poderosos grupos conservadores y las perspectivas del movimiento social.

"Entramos en otro proceso de movilizaciones, el cual se trata de construir un proyecto de Educación para Chile"[10]

La respuesta que ha tenido el gobierno frente a las demandas de los estudiantes ha sido confusa y variable. Al comienzo de las movilizaciones intentó negar la validez de las mismas, luego ensayó maniobras que buscaban la división de la asamblea de estudiantes y que recordaron el estilo político de algunos ministros de la dictadura[11]. Desatado ya el conflicto nacional, el día 1 de junio, la Presidenta Bachelet se dirige al país en cadena nacional de radio y televisión, y da a conocer las "medidas" del gobierno para solucionar la (ahora sí reconocida) crisis educativa. Estas medidas apuntaban esencialmente a las demandas económicas y de infraestructura hechas por los estudiantes. Respecto a las demandas de fondo, se envía al Parlamento una indicación general para reformar algunos artículos de la Constitución Política (la que difícilmente será aprobada), y se crea un Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación coordinado por Juan Eduardo García-Huidobro, un ex alto funcionario del Ministerio de Educación, alejado del mismo hace un par de años. Este consejo asesor presidencial http://www.consejoeducacion.cl/view/index.asp está compuesto por cerca de 80 miembros y "tendrá que esmerarse por mostrar caminos para llegar a la educación justa y de calidad que Chile quiere y necesita" en un plazo de seis meses de trabajo[12]. Para muchos se trató de una medida de escasa efectividad, por la composición y alcances del nuevo organismo. Se criticó además que el gobierno no presentará postura frente a los principales temas estructurales: financiamiento de la educación pública, rol del estado, lucro y selección, etc. Al interior de este Consejo, los miembros ligados a la alianza de gobierno (Concertación por la democracia) han oscilado entre dos posturas: una más progresista que busca regular el mercado y fortalecer la educación pública y el rol del estado y una más bien tecnócrata, sustentada por sus cuadros economistas y por los ideólogos de la reforma educativa de los años '90, que aún creen en el mercado de la educación y que defienden "el respeto a la estructura vigente" (Contreras, D y Elacqua, G: 2005[13]).

Por su parte, los poderosos grupos conservadores chilenos, han comenzado a superar un momento inicial de perplejidad. Sus argumentaciones en pro de un mercado de la educación totalmente desregulado y su defensa del lucro, la competencia y los incentivos como "motores" del desarrollo humano, tienen mucho de ideologismo y poco sustento en evidencia. Sin embargo poseen un control absoluto sobre los medios de comunicación masivos, lo cual unido a la descomposición del sujeto social, tras 25 años de políticas neoliberales, les ha permitido instalar, hasta ahora, los marcos en que se ha dado el debate nacional. En el consejo asesor presidencial, estos grupos son minoría, sin embargo poseen una comprobada influencia sobre las decisiones del gobierno y cuentan con el apoyo parlamentario de la derecha política.

Finalmente, los representantes de la sociedad civil[14], que han sido convocados al Consejo Asesor Presidencial, se han agrupado en un frente social por la Educación. Este frente se ha puesto como horizonte convocar a un espacio ciudadano que discuta acerca de la Educación que queremos todos los chilenos: el Congreso Educativo. Esta será una instancia que nos permitirá sentar las bases para que el movimiento social, en su conjunto, logre incidir en la política pública, enfrentando en forma transparente a los intereses que durante años han amparado sus ganancias en la "anarquía neoliberal".

Para este Frente Social la tarea no ha sido fácil, sus miembros deben enfrentarse en el Consejo Asesor Presidencial, a un debate que constantemente los encierra en tecnicismos que reducen la educación a criterios econométricos[15]. Esta puede ser la principal tensión que existe al interior del Consejo Asesor Presidencial, y que se evidencia en la discusión acerca de la calidad de la Educación, la definición de Educación Pública y el Rol del Estado.

Este es el escenario actual del debate sobre educación abierto en Chile. La gran paradoja de las políticas públicas neoliberales aplicadas en nuestro país es que, a pesar de todos sus esfuerzos, han construido en la ciudadanía una necesidad común que logra unirlos y movilizarlos. La ausencia del Estado en los problemas vitales de las personas, hoy es un problema que no sólo aparece en el ámbito educativo, sino también en la salud privada, en los sistemas de administración de pensiones, y en el conjunto de servicios privatizados que comienzan a mostrar su deuda con el país. El libre mercado no genera más calidad, sino que por el contrario descompone los bienes sociales, y por lo tanto, deconstruye ciudadanía, transformando la sociedad en un negocio, donde los fuertes gobiernan y los débiles los sostienen.

El movimiento secundario fue capaz de cambiar completamente la agenda política chilena y consiguió avances que van más allá del ámbito educativo, y que parecían imposibles en el Chile de post-dictadura. Logró cuestionar la ideología de la "igualdad de oportunidades", uno de los pilares estructurales del sistema chileno, generó formas de organización innovadoras y masivas, concitó un altísimo nivel de apoyo en la ciudadanía y mostró, en la práctica, que el sujeto social colectivo exige espacios reales de participación, que van mucho más allá de los débiles canales de integración que propone el sistema.

Textos citados:

- Contreras, D y Elacqua, G. (2005): "El desafío de la calidad y equidad en la educación chilena". Serie "En foco", N° 43. Expansiva. http://www.expansiva.cl Consultado el 3 de Julio de 2006.

- Estudiantes secundarios de la Región Metropolitana (2005): "Propuesta de Trabajo". http://www.observatorioeducacion.uchile.cl Documentación movilización estudiantes 2006. Consultado el 10 de julio de 2006.

- Foladori, H. (2006): "Los pingüinos y el deseo". http://www.observatorioeducacion.uchile.cl . Consultado el 3 de julio de 2006.

- Observatorio Chileno de Políticas Educativas (2006 a): "¿Por qué hay que cambiar la LOCE y revisar la Municipalización?". OPECH, Universidad de Chile. http://www.observatorioeducacion.uchile.cl
Documentación movilización estudiantes 2006. Consultado el 10 de julio de 2006.

- Observatorio Chileno de Políticas Educativas (2006 b): "OPECH frente al consejo asesor presidencial". OPECH, Universidad de Chile. http://www.observatorioeducacion.uchile.cl
Documentación movilización estudiantes 2006. Consultado el 10 de julio de 2006.

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2004): "Revisión de Políticas Nacionales de Educación: Chile". Paris, OCDE. http://www.observatorioeducacion.uchile.cl
Centro de documentación. Consultado el 1 de julio de 2006.

- Salazar, G y Pinto, M. (2002): "Historia Contemporánea de Chile". Editorial LOM, Santiago de Chile.
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[1] En rigor la subvención estatal no la reciben las escuelas directamente, sino que los organismos que administran la educacional municipal y particular: los sostenedores. Elemento clave en el experimento educativo chileno.

[2] Los colectivos son organizaciones surgidas en torno a la expresión social, cultural y política de estudiantes de Izquierda, que no se sienten representados por las estructuras políticas existentes (Salazar y Pinto, Historia Contemporánea de Chile, 2002).

[3] Centros Educativos Municipales, que tienen estudiantes de elite , debido a que seleccionan alumnos y cuentan con Proyectos Educativos fuertemente asentados en la institución. Estos colegios son gratuitos y se encuentran fundamentalmente en la comuna de Santiago, centro neurálgico del capital del país.

[4] Los grupos de interés que han operado en este proceso son los grandes sostenedores de escuelas con subvención del Estado, los dueños de los medios de comunicación (de propiedad altamente concentrada), y sectores de la clase política criolla vinculados con el negocio de la educación.

[5] Una de las últimas escuelas tomadas fue el colegio Lorenzo Baeza de Isla de Pascua, el día 30 de mayo.

[6] Hoy en Chile existen, al menos, cinco sistemas de administración y financiamiento escolar, en los cuales se educan estudiantes de características socioeducativas distintas, de manera altamente segmentada: el sistema particular pagado (donde se educan las elites), el sistema particular subvencionado con financiamiento compartido (donde los padres pagan cuotas mensuales y se seleccionan alumnos), el sistema particular subvencionado sin financiamiento compartido (que igualmente puede realizar selección escolar), el sistema municipal de comunas ricas (escasas comunas que pueden invierten en educación fondos propios aparte de la subvención estatal) y el sistema municipal de comunas pobres (un sistema desfinanciado, en el cual se educa entre el 75% y el 80% de los niños y jóvenes con altas condiciones de vulnerabilidad social). Los niños pobres reciben una subvención estatal cercana a los 30 mil pesos mensuales, y de ahí para arriba cada grupo se educa en condiciones económicas diferentes (OPECH, Mayo 2006)

[7] Durante los dos Paros Nacionales convocados por el movimiento (el 30 de mayo y el 5 de junio), uno de ellos, por cierto en conjunto con otros sectores sociales, se estima que pararon alrededor de 700.000 estudiantes secundarios y de enseñanza básica, el Colegio de Profesores de Chile y la Confederación Nacional de Estudiantes Universitarios. Por otra parte, encuestas de opinión realizadas en ese periodo hablan de una adhesión nacional transversal a las demandas de los estudiantes que fluctúa entre un 75% y un 85%. Hecho absolutamente inédito en la democracia chilena.

[8] "Los secundarios han mostrado que el deseo es productor de deseo. El deseo de hacer, crea las condiciones para seguir haciendo y hacer a su vez cosas distintas cada vez, con un efecto de total descolocación de aquello que está en su entorno". (Foladori H, 2006)

[9] Un movimiento que cuestiona, en el discurso y en la práctica, las bases de lo instituido, y que aparece, ante los ojos y los corazones de los ciudadanos, como una "propuesta de un nuevo orden social" (Foladori H ; 2006)

[10] Frase dicha a la prensa por el dirigente estudiantil Juan Carlos Herrera, Vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, al momento de bajar las tomas de colegios el día 8 de Junio del 2006.

[11] El Ministro de educación realizó dos intentos (fallidos) de generar una mesa de negociación con sostenedores, apoderados, e incluso estudiantes, al margen de la Asamblea de Estudiantes.

[12] Extracto del discurso presidencial en el que la Presidenta presenta los objetivos y miembros del Consejo Asesor, el día 7 de junio.

[13] Se trata de un documento realizado por estos investigadores para el centro de ideas "Expansiva", al cual pertenecen varios actuales ministros y al cual está ligada la actual vice- ministra de educación. Un dato no menor, son los intereses que tienen en el actual negocio de la educación, destacados dirigentes de partidos de la coalición de gobierno. A modo de ejemplo, al inicio de las movilizaciones, el presidente de la agrupación de sostenedores de colegios particulares (CONACEP), que ha sostenido posturas a favor de la desregulación total del mercado educativo era, a su vez, el Vicepresidente Nacional de la Democracia Cristiana: el Sr. Walter Oliva.

[14] Estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, profesores, codocentes y padres y apoderados.

[15] "...reducirse a considerar la Educación como una "maquina trivial" que sólo requiere "incentivos" externos que controlen "input" para lograr "resultados" medibles conforme a los mecanismos del mercado y la economía aplicada, es desconocer las ciencias "complejas", que son las que pueden ocuparse de la Educación" Opech; 2006

7 jul 2006

Cuando los pingüinos se salieron de la vitrina - Miguel de Castilla Urbina


Cuando los pingüinos se salieron de la vitrina (Primera parte)

Miguel De Castilla Urbina
IDEUCA

Entre el 29 de mayo y el 8 de junio de este año las comunidades educativas latinoamericanas fuimos testigos de las multitudinarias manifestaciones de los estudiantes de secundaria chilenos (los pingüinos, por el estilo y color de sus uniformes), en contra de la filosofía, estructura y organización del sistema educativo escolar de Chile, testigo y herencia en el campo educativo y cultural de la dictadura militar que gobernó las tierras de la cueca, la empanada y el vino entre 1973 y 1990.

Para nosotros el tema podría pasar desapercibido y no tener el interés político que reviste, si las demandas estudiantiles no estuviesen centradas en aspectos que tocan muy de cerca al modelo escolar nicaragüense, copia al carbón del modelo chileno, propuesto como vitrina por el Banco Mundial, a la cual los latinoamericanos debíamos ir a ver cómo se reformaba la educación.

Con el propósito de extraer lecciones, hoy que en Nicaragua estamos a punto de cambiar gobierno y ojalá de cambiar el rumbo de la educación, en tres artículos nos proponemos comentar la riquísima experiencia chilena de estos días

Éste es el primero.

1. ¿En qué consiste el modelo escolar chileno?

El sistema escolar chileno, igual que todos los sistemas escolares latinoamericanos, desde su fundación en 1821 por Andrés Bello, tuvo un carácter centralizado. La educación era responsabilidad ineludible del Estado. Esta tradición fue cortada de un solo tajo en los años 80, con la aplicación de una reforma educacional privatizadora, en virtud de la cual el Estado docente del pasado pasó a tener un papel subsidiario, y el mercado pasó a ser la instancia reguladora de las actividades en el ámbito escolar. La concreción de la reforma se dio en dos ámbitos diferentes y convergentes: se cambió la modalidad del financiamiento de la educación y se descentralizó la administración de la educación. El discurso que buscaba legitimar estos cambios planteaba que el Estado era excesivamente burocrático y, por ende, había que trasladar muchas de sus funciones (entre ellas la educativa) al sector privado, que era más eficiente.

Desde el punto de vista pedagógico y estrictamente educativo, se transitó de la valoración del estudiante como ser humano preñado de derechos y su formación como ciudadano(a), a la concepción de éste como consumidor de servicios culturales y factor fundamental del proceso empresarial educativo. En lo profundo, el objetivo estratégico era (y es) entregar los procesos de regulación de la educación a los mecanismos del mercado, igual que se hiciera con otros servicios públicos como la energía, la telefonía, los hospitales y la seguridad social. Así, el propósito de la equidad en educación se preveía fuera solucionado en el mercado, dependiendo de quienes por sus posibilidades económicas pudiesen comprar servicios educativos; y el propósito de la calidad educativa, como en toda empresa capitalista, se procuraba quedara en manos de quienes mostraran una mayor eficiencia administrativa, atrajeran mayor cantidad de recursos de parte de los padres de familia y a la competencia entre centros educativos.

2. El financiamiento a la demanda: la Ley de Subvenciones de 1981

Quizás la medida más importante de la reforma educacional chilena fue la relacionada con la asignación de recursos a las escuelas de parte del Gobierno, de acuerdo con la cantidad de estudiantes matriculados y la asistencia mensual de éstos a los centros escolares. La idea del financiamiento vía subvención por estudiante pretendió ofrecer el escenario apropiado para que los agentes del sector privado viesen en la educación las posibilidades para hacer negocios. De ahí que la propaganda que sirvió para vender la idea estuviese centrada en principios como: la libre competencia, el fomento a la iniciativa privada, la libertad de gestión, "la educación es un buen negocio", en suma: el lucro y las ganancias a través de la educación.

Las principales críticas a este modelo han sido de dos tipos, por un lado se critica que a pesar de que es el Estado chileno el que se encarga de financiar a cada estudiante del sistema escolar de la educación básica y secundaria, casi no existen mecanismos de control que garanticen la correcta utilización de los recursos. "Es el único país del mundo que permite el lucro con fondos públicos y sin mayor control ni rendición de cuentas (...), así se han armado imperios. Familias se han hecho multimillonarias con esto", expresaron recientemente, en el contexto de la lucha estudiantil(1) Loreto Egaña y Jesús Redondo, directores del Programa Interdisciplinario de Investigaciones Educativas (PIIE) y del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), de Santiago.

El tema sobre la falta de controles y transparencia respecto del uso de los recursos se presenta acompañado de otro tema más sociológico y más profundo sobre el cual se critica al modelo de las subvenciones educativas; éste es el referido a las formas y maneras como los centros particulares subvencionados seleccionan a sus estudiantes, críticas que desentrañan la principal insuficiencia del modelo, cual es: la contradicción entre el Derecho a la educación, (la educación como un derecho humano fundamental), y el Derecho a la libertad de enseñanza, como derecho de los empresarios privados, a fundar centros escolares como medios para el enriquecimiento personal o familiar.

Los académicos Egaña y Redondo se refieren a este tema así: "El derecho a la libertad de enseñanza ha permitido que los empresarios privados seleccionen a los alumnos que les acomodan, dejando fuera a los más pobres o aquellos con problemas de aprendizaje... Entonces, quienes no acceden a estos colegios particulares subvencionados tienen que ir a los colegios municipales, donde los tienen que recibir sin ninguna distinción. La lógica del mercado ha funcionado como corresponde, selecciona alumnos con buenas calificaciones, porque es más barato educar alumnos buenos, y los malos van al sistema público municipal".

Betzie Jaramillo, columnista de La Nación, de Santiago, dice que algunas de las preguntas que los dueños de los centros subvencionados hacen a los estudiantes, para decidir si los aceptan o no, son las siguientes: barrio de procedencia, apellidos, rasgos étnicos, profesión y antecedentes jurídicos y sanitarios de los padres, etc. todo disimulado tras exigencias de calificaciones en anteriores colegios y certificados médicos. "Buscan prestigio --dice Juan García Huidobro, del CIDE-- distinguiéndose de los más pobres y separándose de ellos"(2)

Cuando los pingüinos se salieron de la vitrina (Segunda Parte)

Miguel De Castilla Urbina
IDEUCA

En este artículo completaremos el modelo educativo chileno con la pieza que por falta de espacio quedó pendiente en el artículo anterior publicado el domingo pasado; observaremos de cerca a la LOCE y el rol que ha jugado la coalición socialista en el gobierno respecto de la misma; la insurgencia de los pingüinos (estudiantes secundarios, con sus uniformes azul oscuro y blanco) y las posibilidades de que "la tortilla se vuelva" a favor de sus demandas.

1. La municipalización de la educación

La descentralización de la educación en Chile durante el régimen militar fue la otra cara de la moneda de la Ley de Subvenciones Escolares, y consistió en trasladar la responsabilidad sobre las escuelas de la educación básica y secundaria, que históricamente habían sido administradas por el Ministerio de Educación, a las municipalidades del país. El Ministerio abandonó sus antiguas funciones relacionadas con el financiamiento, la gestión y la vigilancia pedagógica, y se quedó solamente con tareas relacionadas con el control y la evaluación de programas y proyectos.

Como muchos estudios lo han demostrado, esta iniciativa fue pensada, consciente y expresamente, como una estrategia para la segmentación de los pobres respecto de los otros sectores de la sociedad. "La famosa municipalización --dice Betzie Jaramillo-- que pretendía descentralizar la educación lo que en verdad hizo fue diseminar el sistema educacional en los más de 300 municipios del país. Unos opulentos, que pueden añadir fondos a la cuota estatal (como Vitacura y las Condes, en Santiago) y que no pasan de treinta, y otros miserables, como los que forman el cordón empobrecido de la capital, las aldeas del desierto, el altiplano rural y las islas del fin del mundo, que apenas consiguen pagar a los profesores" (1). El otro objetivo de la municipalización, tan importante como el de la segmentación social de los sectores empobrecidos, fue el de la desarticulación de los sindicatos de maestros y de las asociaciones estudiantiles y de padres y madres de familia. Así, las demandas de los más pobres por más y mejor educación serían en contra de los alcaldes y no en contra del gobierno de la dictadura.

2. La Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza (LOCE)

Un día antes que Pinochet dejara el poder, el 7 de marzo de 1990, la dictadura promulgó la Ley que legalizaba la privatización de la educación, las subvenciones educativas y la municipalización de la educación. La LOCE, dice el Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH) "en concordancia con la Constitución, en su Arto. 3, expresa que "el Estado tiene el deber de resguardar especialmente la Libertad de Enseñanza". No asegura la calidad de la educación, pues fija requisitos irrisorios para el reconocimiento oficial de los colegios e instituciones privadas de educación superior. Las consecuencias de esto son: la educación funciona como mercancía y no como derecho social; los dueños de los colegios subvencionados se lucran por la venta de servicios educativos y están autorizados para seleccionar a los estudiantes segmentando el sistema escolar" (2).

3. La insurrección de los pingüinos

Todo comenzó con cuestiones aparentemente triviales y de fácil manejo, como lo fueron el pago de los pasajes en el transporte colectivo para los estudiantes y la gratuidad de las pruebas de ingreso a las universidades. No obstante, a medida que fue pasando el tiempo y en el fragor de la lucha, las demandas epidérmicas se transformaron en demandas estructurales que aludían directamente a la LOCE, principal herencia pinochetista en el campo de la educación, y que la coalición política gobernante desde 1990 nunca había pensado cuestionar, mucho menos cambiar. En este sentido, la rebelión estudiantil no es sólo un movimiento que hace crujir al establecimiento educativo, sino que también es una crítica a las formas y maneras de hacer gobierno de los socialistas chilenos, que, acomodados al modelo neoliberal centrado en el mercado, durante 16 años han gobernado al país, en éste y otros campos, con base en las leyes de la dictadura.

La insurgencia estudiantil, a la vez que sumaba nuevas causas que justificaban su lucha, poco a poco fue ganando numerosas y sustantivas solidaridades de otros sectores de la comunidad educativa chilena (magisterio, estudiantes universitarios, asociaciones de padres de familia, organismos académicos) y de entidades defensoras del Derecho a la Educación a nivel internacional, como fue el caso del Foro Latinoamericano de Políticas Educativas (FLAPE). Ante esta situación, que día a día se tornaba inmanejable, la presidenta Bachelet, con la celeridad que el caso demandaba, creó el Consejo Asesor Presidencial integrado por representantes de diferentes sectores de la sociedad chilena, a fin de que estudiaran el problema y le hicieran las recomendaciones pertinentes.

La situación era y es muy compleja en tanto la solución debe atender variados y diferentes intereses. Se han cumplido 33 años de imposición y construcción del modelo privatizador neoliberal en Chile, motivo por el cual, aunque los militantes y los motivos a favor del derecho a la educación son numerosos (la memoria del Recabarren, Neruda y el Allende profundo está siempre viva), hay muchos defensores del derecho a la libertad de la enseñanza sustentada en la LOCE, entre los que se encuentran no sólo las cámaras empresariales chilenas, los partidos de la derecha pinochetista y el diario El Mercurio, sino que también miembros de los partidos de la Concertación en el gobierno, que se han hecho millonarios a la sombra de las subvenciones a los centros educativos privados.

Por lo pronto, las organizaciones civiles representadas en el Consejo Asesor Presidencial ya se han asociado en el denominado Frente Social de la Educación y han expresado que "de no haber avances en una dirección contraria a como se han desarrollado las actuales políticas educativas, no descartamos abandonar, en determinado momento, nuestra participación en el Consejo Presidencial". Está avisada la presidenta Bachelet, si las recomendaciones del Consejo no satisfacen las demandas de los pingüinos y del Frente Social de la Educación, las calles de Santiago les están esperando para continuar la lucha por cambiar la educación desde las barricadas. El lema ya está listo: "Si la educación es un negocio, entonces los clientes tienen la razón".

CHILE: Nicaragua frente a su espejo (Tercera parte)

Miguel De Castilla Urbina
IDEUCA

Con el artículo "Cuando los pingüinos se salieron de la vitrina", publicados los domingos 18 y 25 de junio pasados, se buscó desentrañar las causas más profundas que motivaran la insurgencia de los estudiantes secundarios chilenos, en contra del modelo educativo construido por el régimen militar durante los años ochenta. Se explicaron los componentes del modelo relacionados con el financiamiento y la administración de la educación la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza (LOCE), y los límites de la solución a la problemática planteada por los estudiantes secundarios y los sectores civiles respecto al Derecho a la educación en Chile. En este artículo procuraremos desentrañar la conexión del Chile pinochetista y la Nicaragua neoliberal, en el campo educativo en la actualidad.

1. Chile y Nicaragua

El modelo de financiamiento educativo, vía subvenciones a los estudiantes y la descentralización de la educación iniciado en Chile en los primeros años de los ochenta y cristalizado en la LOCE en 1990, fue transferido a partir de 1993 a Nicaragua, después de tres años de acciones políticas orientadas a desmontar el modelo de educación popular construido por la revolución sandinista en la década de los ochenta.

Chile y Nicaragua, aunque con notables diferencias culturales, venían de cumplir jornadas políticas similares de vocación socialista, cuando en 1973 y 1990 respectivamente, les cayó la loza fascista y neoliberal, que cambiarían los sentidos de sus historias y de sus educaciones.

Cuando la revolución sandinista perdió las elecciones en febrero de 1990, Chile en esos mismos días, estaba saliendo del periplo fascista de los años setenta y ochenta, dejando como herencia, un modelo educativo que ponía sus estructuras y funciones a la orden del mercado capitalista. Por la cercanía de estos procesos y la orientación privatizadora - neoliberal del gobierno de la Señora Barrios de Chamorro, el modelo económico y educativo chileno, se presentaron como la vitrina a la que había que ir a observar y tomar ejemplos, acerca de cómo administrar la educación en el contexto de la construcción neoliberal.

Los neoliberales nicaragüenses, respetando la esencia del modelo chileno, se tomaron la libertad de introducirle algunas variantes al modelo. En tal sentido, en Nicaragua, el proceso de descentralización fue mucho más radical que el de la municipalización chilena, en tanto trasladó, no a los gobiernos municipales, sino a los mismos centros educativos, muchas de las funciones que antes cumplía centralizadamente el Ministerio de Educación, con especial énfasis en el financiamiento de la educación, rubro en el cual, al parecer se trajeron a Managua los manuales chilenos, ya que su implementación no sólo obedeció a la misma filosofía y propósitos, sino que sus mecanismos fueron los mismos que se utilizaron en el país andino.

Igual que en Chile, en Nicaragua, mediante una fórmula matemática arbitraria se le puso un precio a la cabeza de cada estudiante, y esa cantidad se multiplicó de acuerdo al número de estudiantes que los centros educativos declaraban se habían matriculado anualmente, y el total era la cantidad de dinero que se transfería mensualmente a cada centro escolar de la educación básica pública del país.

2. Las subvenciones chilenas.

Allá en Chile, a ese proceso se le llamó de subvenciones, aquí en Nicaragua se le llama de transferencias. Allá proliferaron los centros educativos privados que reciben las subvenciones, enriquecieron a muchos y excluyen a los hijos de los pobres; aquí fueron fuente de empobrecimiento de los sectores empobrecidos del país, que son los que hacen uso de los servicios escolares públicos, y de la incorporación del dinero, las actividades mercantiles, el sentido de lucro fácil y la corrupción, a la cultura organizacional de la escolaridad nicaragüense, pulverizando su sentido ético y axiológico tradicional

La fuente de empobrecimiento de los pobres a través de la escuela, de la negación del derecho a la educación y de la corrupción en las escuelas en Nicaragua, fueron las famosas "subvenciones chilenas". Dado que la lógica y orientación del sistema era ( y es) reducir el gasto en educación y desresponsabilizar al Estado sobre su responsabilidad respecto a la educación como un derecho social, la cantidad de dinero mensual que se transfiere a las escuelas, es tan poca que sólo dan para pagar a los maestros (uno de los sueldos más bajos de América Latina y el Caribe), dejando fuera el pago de los servicios básicos, el mantenimiento de los edificios escolares y los materiales didácticos necesarios para la enseñanza. Ante esta situación, los directores de los centros educativos y los Consejos Directivos Escolares, no tuvieron otra salida que generar las más variadas formas de conseguir dinero para impedir el colapso de las unidades escolares y del sistema en su totalidad.

3. Privatización y Corrupción.

Así surgió la privatización de la educación, mediante el cobro a las familias por la educación de sus hijos, lo que produjo no sólo un mayor empobrecimiento de la población del segundo país más pobre de América Latina y el Caribe, sino que también la reducción de la matricula y el abandono de las escuelas de los niños de las familias en situación de pobreza, lo que ha provocado que 850.000 niños, niñas y jóvenes estén fuera de la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria en la actualidad. Pero sólo con el cobro de la cuota mensual a las familias no bastaba, motivo por el cual, hubo que convertir a las escuelas en pulperías, generando en su interior múltiples actividades mercantiles para conseguir dinero, y en ese proceso, no sólo se introdujo a las escuelas los códigos y valores del mercado capitalista, en donde maestros y estudiantes actúan como vendedores y compradores de cualquier tipo de bien o servicio, sino que también aparecieron las más variadas formas de corrupción al inflar las estadísticas escolares a fin de obtener mayores ingresos vía transferencias.

4. Hora de desalambrar.

En Chile el proceso de desmontaje del modelo escolar pinochetista está en marcha. Los pingüinos, las organizaciones estudiantiles y magisteriales y el Frente Social de la Educación están en pie de lucha. En Nicaragua, los niveles de corrupción llegaron al extremo, de que en Estelí, escuelas fantasmas que nunca existieron, recibían transferencias escolares mensualmente, ante tal situación, hace unos ocho meses el Ministerio de Educación, obligado por la Confederación General de Trabajadores de la Educación (ANDEN), tímidamente comenzó a revertir algunos de los procesos perniciosos del modelo privatizador. Falta continuar con esa iniciativa y eliminarlo de raíz. En Nicaragua, el próximo 5 de noviembre habrán elecciones generales; la recuperación de la naturaleza ética de la educación y las escuelas, es un buen motivo para ir a votar y para saber por quien votar.

2 jul 2006

Pronunciamiento del Observatorio Chileno de Politicas Educativas OPECH


Pronunciamiento del Observatorio Chileno de Politicas Educativas OPECH

¿POR QUÉ HAY QUE CAMBIAR LA LOCE Y REVISAR LA MUNICIPALIZACION?

INTRODUCCION NECESARIA

Las propuestas de los estudiantes son ejemplo para el país, porque manifiestan la necesidad de profundizar la democracia chilena. Sus demandas son de carácter estructural, golpean directamente al centro de la estructura legal y política heredada por la dictadura, que hasta la fecha, los gobiernos de la Concertación no han demostrado voluntad política para modificarla. Un claro ejemplo de esto es la ley LOCE, promulgada el 10 de Marzo de 1990, horas antes del término oficial de la dictadura militar”. Han pasado más de 15 años durante los cuales la clase política no ha sido capaz de revisar una ley que consagra un modelo de gestión y financiamiento de la educación que vulnera gravemente el derecho a la Educación de calidad para todos los niños/as y jóvenes Chilenos. Como Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), queremos poner a disposición este documento con el objetivo de apoyar los debates y la participación a que hemos sido convocados por estos jóvenes y su accionar.

EL DIAGNOSTICO

CRISIS DE CALIDAD, INEQUIDAD Y SEGMENTACION SOCIAL EN LAS ESCUELAS:

A) Crisis de Calidad:

Los resultados de aprendizaje en Matemáticas y Lenguaje, medidos a través de puntajes del SIMCE, se han mantenido estancados a lo largo de todos estos años. Los problemas de calidad, si aceptamos el SIMCE como instrumento de medición, afectan a los tres sistemas de administración educacional (municipalizada, particular subvencionada y particular pagada), existiendo consenso entre los investigadores respecto de que los mejores resultados obtenidos por colegios particulares se explican por la selección de estudiantes que estos realizan, esto permite que este tipo de establecimientos concentren a los estudiantes con mayor capital sociocultural de origen. Estableciendo una pseudo competencia injusta. Sin considerar esta evidencia, entre el año 1990 y el año 2004, se han creado más de 1600 colegios particulares subvencionados y se han cerrado más de 60 colegios municipalizados.

B) Crisis de Inequidad:

La Equidad en la educación fue el segundo gran objetivo que se fijó la Reforma educativa de los años ’90. En esta materia los avances se han limitado a la mayor cobertura de la enseñanza básica y media (aunque no ha ocurrido lo mismo en los niveles pre-escolar y de educación superior). Sin embargo, las diferencias significativas de rendimiento entre los establecimientos particulares pagados, particulares subvencionados y municipales se han mantenido a lo largo de los últimos años e incluso presentan una leve tendencia a acrecentarse. Podemos decir que la gran mayoría de nuestros niños y jóvenes tiene acceso a la educación básica y media, pero no todos tienen el mismo derecho a contar con una educación de calidad. La calidad parece estar reservada para quien pueda pagarla.

C) Crisis de Segmentación social en las escuelas. El apartheid educativo:

De la mano de este proceso de creciente desigualdad, aparece un fenómeno absolutamente nuevo en la historia chilena: la segmentación social de los establecimientos, o lo que algunos académicos venimos denominando el “apartheid educativo”. Existen hoy en Chile cinco sistemas cerrados y excluyentes de administración: el particular pagado, el particular subvencionado con financiamiento compartido (donde los padres pagan cuotas mensuales), el particular subvencionado sin financiamiento compartido, el municipal de comunas ricas y el municipal de comunas pobres. Los niños pobres reciben una subvención estatal cercana a los 30 mil pesos, y de ahí para arriba cada grupo se educa en condiciones económicas diferentes. Además los establecimientos particulares subvencionados (salvo honrosas excepciones) aplican procedimientos de SELECCIÓN de alumnos, en desmedro obviamente de los más pobres, pese a recibir una subvención monetaria con platas de todos los chilenos.

El sistema educativo chileno, en palabras de un Informe elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2004, esta “concientemente estructurado por clases sociales”, fomentando las desigualdades de origen de los estudiantes. Lo que existe en Chile, entonces, es libertad de selección de parte de los establecimientos y no libertad de enseñanza.

LAS CAUSAS

La estructura que hay que cambiar: Las leyes constitucionales, la ley de subvenciones escolares y la ley de municipalización de la educación.

A) LAS LEYES CONSTITUCIONALES:

1. Constitución de la República: Derecho a la libertad de enseñanza y derecho a la educación

La Constitución de la Republica, en su artículo 19, establece un total de 26 derechos y deberes constitucionales. En el artículo 20 de la misma Constitución se establece, un mecanismo de “recurso de protección” sólo para algunos de estos deberes y derechos. Esto implica que por la privación, perturbación o amenaza de algunos de ellos, el ciudadano afectado puede concurrir a la Corte de Apelaciones respectiva, la que esta obligada a adoptar, de inmediato, las providencias que juzgue necesarias para establecer el imperio del derecho, y asegurar la debida protección. La libertad de enseñanza (art. 19 n. 11) goza de esta garantía constitucional, así como el derecho a desarrollar cualquier actividad económica (art. 19 n 21), el derecho a no ser discriminado por el estado y sus organismos en materia económica (art. 19 n 22), el derecho a la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes (art. 19 n. 23) y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Lamentablemente el derecho a la educación (art. 19 n. 10) no goza de esta garantía constitucional, como tampoco el derecho a la seguridad social (art. 19 n. 18). Por lo tanto, en nuestra Constitución prima el derecho de los sostenedores por sobre el derecho de los ciudadanos a la educación.

2. La Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza LOCE

La LOCE, en concordancia con la Constitución, no articula adecuadamente la preferencia del derecho a la educación por sobre el derecho a la libertad de enseñanza (art. 3° LOCE1), ni sobre la libertad de empresa. Por otra parte no asegura la calidad de la educación, pues fija requisitos irrisorios para el reconocimiento oficial de los colegios e instituciones de educación superior por parte del Estado. Las consecuencias de esto son principalmente que:

• La educación funciona como mercancía y no como derecho social.
• Los sostenedores que reciben subvención estatal pueden lucrar.
• Los sostenedores privados que reciben subvención estatal, pueden seleccionar estudiantes, por lo que se segmenta el sistema escolar y se impide una evaluación adecuada de la calidad de la educación. Señalemos al respecto que el Tribunal Constitucional, al revisar la constitucionalidad de la ley de Jornada Escolar Completa (2004), dejó en claro que para impedir la selección de alumnos en colegios con subvención pública, deben hacerse modificaciones a la LOCE.
• La regulación de la Educación Superior solo contempla aspectos de privatización (Título III de la LOCE).
• La LOCE no regula la participación de los actores de la comunidad educativa, manteniendo en el Sostenedor la potestad de tomar decisiones. Señalemos que, en la ley de JEC que regula los consejos escolares, estos son solo consultivos.

B) LA LEY DE SUBVENCIONES EDUCACIONALES

• En virtud de esta ley, los sostenedores municipales, que educan a la mayoría de los niños y jóvenes socioeconómicamente desfavorecidos de Chile, reciben la misma subvención, pese a que deben enfrentar mayores gastos. Estos gastos se refieren a la complejidad de los procesos educativos, a las necesarias garantías laborales de los docentes y al deterioro histórico de los insumos educacionales del sector, después de 17 años sin ninguna inversión.

Se insiste en el erróneo y fracasado sistema de financiamiento (supuestamente a la demanda) por asistencia y alumno, en lugar de un financiamiento al derecho a la educación. Este derecho a la educación se garantizaría con un financiamiento focalizado en territorios y centros educativos, como indica la evidencia internacional.

• La posibilidad de usar incentivos que impulsen mejoras en la calidad educativa, requiere que se garantice previamente un piso suficiente y adecuado de inversión, como ha sido señalado por distintos actores (investigadores, parlamentarios, alcaldes, etc.). El financiamiento por alumno solo tiene sentido como incentivo complementario, después del piso suficiente para garantizar una educación de calidad integral, como muestra la experiencia internacional exitosa.

• El objetivo del actual Proyecto de ley de Subvención Preferencial, en la medida en que no altere los fundamentos del sistema educativo señalados en los puntos anteriores, solo conseguirá segmentar más el sistema y consolidar el negocio en la educación. Los colegios privados seleccionarán a los alumnos pobres con más capacidades y dejarán a los alumnos con menos capital sociocultural en el sistema municipal. Cualquier evaluación posterior indicará que los privados, supuestamente, son mejores que los municipales.

c) LA LEY DE MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION

• Esta ley impone un modelo de gestión del sistema escolar basado en el papel central de los sostenedores municipales y particulares. Este modelo no significó una descentralización efectiva, sino una delegación de algunas funciones de administración en los Municipios de manera desfinanciada y una privatización de las escuelas. Los Municipios, tal como funcionan actualmente, no son necesariamente la estructura pública local pertinente para la gestión de la educación. Una adecuada descentralización requiere tener en cuenta las complejidades territoriales y sociales del país. Un reciente estudio indica que, de los 345 municipios que existen en Chile, solo 32 cuentan con equipos técnicos especializados en educación, por cierto se trata de los municipios más ricos del país. Una situación similar o peor presentan muchos sostenedores particulares, subvencionados por el estado, que no cuentan con proyectos educativos y que funcionan solamente con la lógica del lucro.

• Los sostenedores carecen de exigencias mínimas que garanticen la calidad y no solo la cobertura educacional; por lo que sostienen fundamentalmente su negocio.

• El modelo de financiamiento compartido aumenta la capacidad de los sostenedores para lucrar con la educación, al sumar recursos de las familias a las subvenciones del Estado, sin garantizar mayor calidad. Al seleccionar alumnos y dejar fuera a los niños/as con más necesidades educativas, consiguen mejores resultados en el único instrumento externo de medición de la calidad (SIMCE). Debemos señalar, además, que este instrumento apenas mide un aspecto de lo que se debe considerar una educación de calidad integral.

El MINEDUC pretende “dirigir” la educación con mando a distancia, con un diseño fundamentalmente econométrico, (inyectar recursos y evaluar resultados) sin intervenir en los procesos educativos (lo esencial en la educación). El modelo de supervisión ministerial no se articula adecuadamente con las atribuciones legales de gestión educativa de los sostenedores y de los municipios.

CONCLUSIONES

Se requieren cambios profundos en la Constitución y en la ley LOCE. Chile necesita leyes constitucionales de educación que hagan primar el derecho de la educación por sobre el derecho a la libertad de enseñanza, a la propiedad y a la libre empresa.

• Por otra parte, necesitamos leyes que hablen de la educación que queremos para los ciudadanos y que garanticen una educación pública de calidad integral.

• Se requiere cambiar la ley de Financiamiento. La actual ley sólo entrega criterios económicos para administrar la educación, lo que en el actual contexto, significa dejar los objetivos educativos en manos de las fuerzas del lucro y del mercado. Como en el resto del mundo, todo establecimiento particular que reciba subvención del Estado debe garantizar el derecho a la Educación de todos los niños/as y jóvenes del País. La selección escolar de cualquier tipo, para estos establecimientos, debe quedar expresamente prohibida.

• Se requiere un cambio profundo en la Ley de Municipalización de la Educación y en el modelo de gestión del sistema basado en sostenedores particulares. Es necesario garantizar la existencia de un organismo público que administre la educación en las comunas. Como muestran las experiencias exitosas en otras partes del mundo, estos organismos públicos deben incorporar a los actores de la comunidad local y recibir un adecuado apoyo técnico-pedagógico y financiero.

• Finalmente el Ministerio de Educación debe reconstruir un sistema sólido y altamente capacitado para supervisar todas las escuelas subvencionadas, privadas o municipales.

Santiago, 01 de Julio del 2006
Observatorio Chileno de Políticas Educativas