Cuando los pingüinos se salieron de la vitrina - Miguel de Castilla Urbina

Cuando los pingüinos se salieron de la vitrina (Primera parte)

Miguel De Castilla Urbina
IDEUCA

Entre el 29 de mayo y el 8 de junio de este año las comunidades educativas latinoamericanas fuimos testigos de las multitudinarias manifestaciones de los estudiantes de secundaria chilenos (los pingüinos, por el estilo y color de sus uniformes), en contra de la filosofía, estructura y organización del sistema educativo escolar de Chile, testigo y herencia en el campo educativo y cultural de la dictadura militar que gobernó las tierras de la cueca, la empanada y el vino entre 1973 y 1990.

Para nosotros el tema podría pasar desapercibido y no tener el interés político que reviste, si las demandas estudiantiles no estuviesen centradas en aspectos que tocan muy de cerca al modelo escolar nicaragüense, copia al carbón del modelo chileno, propuesto como vitrina por el Banco Mundial, a la cual los latinoamericanos debíamos ir a ver cómo se reformaba la educación.

Con el propósito de extraer lecciones, hoy que en Nicaragua estamos a punto de cambiar gobierno y ojalá de cambiar el rumbo de la educación, en tres artículos nos proponemos comentar la riquísima experiencia chilena de estos días

Éste es el primero.

1. ¿En qué consiste el modelo escolar chileno?

El sistema escolar chileno, igual que todos los sistemas escolares latinoamericanos, desde su fundación en 1821 por Andrés Bello, tuvo un carácter centralizado. La educación era responsabilidad ineludible del Estado. Esta tradición fue cortada de un solo tajo en los años 80, con la aplicación de una reforma educacional privatizadora, en virtud de la cual el Estado docente del pasado pasó a tener un papel subsidiario, y el mercado pasó a ser la instancia reguladora de las actividades en el ámbito escolar. La concreción de la reforma se dio en dos ámbitos diferentes y convergentes: se cambió la modalidad del financiamiento de la educación y se descentralizó la administración de la educación. El discurso que buscaba legitimar estos cambios planteaba que el Estado era excesivamente burocrático y, por ende, había que trasladar muchas de sus funciones (entre ellas la educativa) al sector privado, que era más eficiente.

Desde el punto de vista pedagógico y estrictamente educativo, se transitó de la valoración del estudiante como ser humano preñado de derechos y su formación como ciudadano(a), a la concepción de éste como consumidor de servicios culturales y factor fundamental del proceso empresarial educativo. En lo profundo, el objetivo estratégico era (y es) entregar los procesos de regulación de la educación a los mecanismos del mercado, igual que se hiciera con otros servicios públicos como la energía, la telefonía, los hospitales y la seguridad social. Así, el propósito de la equidad en educación se preveía fuera solucionado en el mercado, dependiendo de quienes por sus posibilidades económicas pudiesen comprar servicios educativos; y el propósito de la calidad educativa, como en toda empresa capitalista, se procuraba quedara en manos de quienes mostraran una mayor eficiencia administrativa, atrajeran mayor cantidad de recursos de parte de los padres de familia y a la competencia entre centros educativos.

2. El financiamiento a la demanda: la Ley de Subvenciones de 1981

Quizás la medida más importante de la reforma educacional chilena fue la relacionada con la asignación de recursos a las escuelas de parte del Gobierno, de acuerdo con la cantidad de estudiantes matriculados y la asistencia mensual de éstos a los centros escolares. La idea del financiamiento vía subvención por estudiante pretendió ofrecer el escenario apropiado para que los agentes del sector privado viesen en la educación las posibilidades para hacer negocios. De ahí que la propaganda que sirvió para vender la idea estuviese centrada en principios como: la libre competencia, el fomento a la iniciativa privada, la libertad de gestión, "la educación es un buen negocio", en suma: el lucro y las ganancias a través de la educación.

Las principales críticas a este modelo han sido de dos tipos, por un lado se critica que a pesar de que es el Estado chileno el que se encarga de financiar a cada estudiante del sistema escolar de la educación básica y secundaria, casi no existen mecanismos de control que garanticen la correcta utilización de los recursos. "Es el único país del mundo que permite el lucro con fondos públicos y sin mayor control ni rendición de cuentas (...), así se han armado imperios. Familias se han hecho multimillonarias con esto", expresaron recientemente, en el contexto de la lucha estudiantil(1) Loreto Egaña y Jesús Redondo, directores del Programa Interdisciplinario de Investigaciones Educativas (PIIE) y del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), de Santiago.

El tema sobre la falta de controles y transparencia respecto del uso de los recursos se presenta acompañado de otro tema más sociológico y más profundo sobre el cual se critica al modelo de las subvenciones educativas; éste es el referido a las formas y maneras como los centros particulares subvencionados seleccionan a sus estudiantes, críticas que desentrañan la principal insuficiencia del modelo, cual es: la contradicción entre el Derecho a la educación, (la educación como un derecho humano fundamental), y el Derecho a la libertad de enseñanza, como derecho de los empresarios privados, a fundar centros escolares como medios para el enriquecimiento personal o familiar.

Los académicos Egaña y Redondo se refieren a este tema así: "El derecho a la libertad de enseñanza ha permitido que los empresarios privados seleccionen a los alumnos que les acomodan, dejando fuera a los más pobres o aquellos con problemas de aprendizaje... Entonces, quienes no acceden a estos colegios particulares subvencionados tienen que ir a los colegios municipales, donde los tienen que recibir sin ninguna distinción. La lógica del mercado ha funcionado como corresponde, selecciona alumnos con buenas calificaciones, porque es más barato educar alumnos buenos, y los malos van al sistema público municipal".

Betzie Jaramillo, columnista de La Nación, de Santiago, dice que algunas de las preguntas que los dueños de los centros subvencionados hacen a los estudiantes, para decidir si los aceptan o no, son las siguientes: barrio de procedencia, apellidos, rasgos étnicos, profesión y antecedentes jurídicos y sanitarios de los padres, etc. todo disimulado tras exigencias de calificaciones en anteriores colegios y certificados médicos. "Buscan prestigio --dice Juan García Huidobro, del CIDE-- distinguiéndose de los más pobres y separándose de ellos"(2)

Cuando los pingüinos se salieron de la vitrina (Segunda Parte)

Miguel De Castilla Urbina
IDEUCA

En este artículo completaremos el modelo educativo chileno con la pieza que por falta de espacio quedó pendiente en el artículo anterior publicado el domingo pasado; observaremos de cerca a la LOCE y el rol que ha jugado la coalición socialista en el gobierno respecto de la misma; la insurgencia de los pingüinos (estudiantes secundarios, con sus uniformes azul oscuro y blanco) y las posibilidades de que "la tortilla se vuelva" a favor de sus demandas.

1. La municipalización de la educación

La descentralización de la educación en Chile durante el régimen militar fue la otra cara de la moneda de la Ley de Subvenciones Escolares, y consistió en trasladar la responsabilidad sobre las escuelas de la educación básica y secundaria, que históricamente habían sido administradas por el Ministerio de Educación, a las municipalidades del país. El Ministerio abandonó sus antiguas funciones relacionadas con el financiamiento, la gestión y la vigilancia pedagógica, y se quedó solamente con tareas relacionadas con el control y la evaluación de programas y proyectos.

Como muchos estudios lo han demostrado, esta iniciativa fue pensada, consciente y expresamente, como una estrategia para la segmentación de los pobres respecto de los otros sectores de la sociedad. "La famosa municipalización --dice Betzie Jaramillo-- que pretendía descentralizar la educación lo que en verdad hizo fue diseminar el sistema educacional en los más de 300 municipios del país. Unos opulentos, que pueden añadir fondos a la cuota estatal (como Vitacura y las Condes, en Santiago) y que no pasan de treinta, y otros miserables, como los que forman el cordón empobrecido de la capital, las aldeas del desierto, el altiplano rural y las islas del fin del mundo, que apenas consiguen pagar a los profesores" (1). El otro objetivo de la municipalización, tan importante como el de la segmentación social de los sectores empobrecidos, fue el de la desarticulación de los sindicatos de maestros y de las asociaciones estudiantiles y de padres y madres de familia. Así, las demandas de los más pobres por más y mejor educación serían en contra de los alcaldes y no en contra del gobierno de la dictadura.

2. La Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza (LOCE)

Un día antes que Pinochet dejara el poder, el 7 de marzo de 1990, la dictadura promulgó la Ley que legalizaba la privatización de la educación, las subvenciones educativas y la municipalización de la educación. La LOCE, dice el Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH) "en concordancia con la Constitución, en su Arto. 3, expresa que "el Estado tiene el deber de resguardar especialmente la Libertad de Enseñanza". No asegura la calidad de la educación, pues fija requisitos irrisorios para el reconocimiento oficial de los colegios e instituciones privadas de educación superior. Las consecuencias de esto son: la educación funciona como mercancía y no como derecho social; los dueños de los colegios subvencionados se lucran por la venta de servicios educativos y están autorizados para seleccionar a los estudiantes segmentando el sistema escolar" (2).

3. La insurrección de los pingüinos

Todo comenzó con cuestiones aparentemente triviales y de fácil manejo, como lo fueron el pago de los pasajes en el transporte colectivo para los estudiantes y la gratuidad de las pruebas de ingreso a las universidades. No obstante, a medida que fue pasando el tiempo y en el fragor de la lucha, las demandas epidérmicas se transformaron en demandas estructurales que aludían directamente a la LOCE, principal herencia pinochetista en el campo de la educación, y que la coalición política gobernante desde 1990 nunca había pensado cuestionar, mucho menos cambiar. En este sentido, la rebelión estudiantil no es sólo un movimiento que hace crujir al establecimiento educativo, sino que también es una crítica a las formas y maneras de hacer gobierno de los socialistas chilenos, que, acomodados al modelo neoliberal centrado en el mercado, durante 16 años han gobernado al país, en éste y otros campos, con base en las leyes de la dictadura.

La insurgencia estudiantil, a la vez que sumaba nuevas causas que justificaban su lucha, poco a poco fue ganando numerosas y sustantivas solidaridades de otros sectores de la comunidad educativa chilena (magisterio, estudiantes universitarios, asociaciones de padres de familia, organismos académicos) y de entidades defensoras del Derecho a la Educación a nivel internacional, como fue el caso del Foro Latinoamericano de Políticas Educativas (FLAPE). Ante esta situación, que día a día se tornaba inmanejable, la presidenta Bachelet, con la celeridad que el caso demandaba, creó el Consejo Asesor Presidencial integrado por representantes de diferentes sectores de la sociedad chilena, a fin de que estudiaran el problema y le hicieran las recomendaciones pertinentes.

La situación era y es muy compleja en tanto la solución debe atender variados y diferentes intereses. Se han cumplido 33 años de imposición y construcción del modelo privatizador neoliberal en Chile, motivo por el cual, aunque los militantes y los motivos a favor del derecho a la educación son numerosos (la memoria del Recabarren, Neruda y el Allende profundo está siempre viva), hay muchos defensores del derecho a la libertad de la enseñanza sustentada en la LOCE, entre los que se encuentran no sólo las cámaras empresariales chilenas, los partidos de la derecha pinochetista y el diario El Mercurio, sino que también miembros de los partidos de la Concertación en el gobierno, que se han hecho millonarios a la sombra de las subvenciones a los centros educativos privados.

Por lo pronto, las organizaciones civiles representadas en el Consejo Asesor Presidencial ya se han asociado en el denominado Frente Social de la Educación y han expresado que "de no haber avances en una dirección contraria a como se han desarrollado las actuales políticas educativas, no descartamos abandonar, en determinado momento, nuestra participación en el Consejo Presidencial". Está avisada la presidenta Bachelet, si las recomendaciones del Consejo no satisfacen las demandas de los pingüinos y del Frente Social de la Educación, las calles de Santiago les están esperando para continuar la lucha por cambiar la educación desde las barricadas. El lema ya está listo: "Si la educación es un negocio, entonces los clientes tienen la razón".

CHILE: Nicaragua frente a su espejo (Tercera parte)

Miguel De Castilla Urbina
IDEUCA

Con el artículo "Cuando los pingüinos se salieron de la vitrina", publicados los domingos 18 y 25 de junio pasados, se buscó desentrañar las causas más profundas que motivaran la insurgencia de los estudiantes secundarios chilenos, en contra del modelo educativo construido por el régimen militar durante los años ochenta. Se explicaron los componentes del modelo relacionados con el financiamiento y la administración de la educación la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza (LOCE), y los límites de la solución a la problemática planteada por los estudiantes secundarios y los sectores civiles respecto al Derecho a la educación en Chile. En este artículo procuraremos desentrañar la conexión del Chile pinochetista y la Nicaragua neoliberal, en el campo educativo en la actualidad.

1. Chile y Nicaragua

El modelo de financiamiento educativo, vía subvenciones a los estudiantes y la descentralización de la educación iniciado en Chile en los primeros años de los ochenta y cristalizado en la LOCE en 1990, fue transferido a partir de 1993 a Nicaragua, después de tres años de acciones políticas orientadas a desmontar el modelo de educación popular construido por la revolución sandinista en la década de los ochenta.

Chile y Nicaragua, aunque con notables diferencias culturales, venían de cumplir jornadas políticas similares de vocación socialista, cuando en 1973 y 1990 respectivamente, les cayó la loza fascista y neoliberal, que cambiarían los sentidos de sus historias y de sus educaciones.

Cuando la revolución sandinista perdió las elecciones en febrero de 1990, Chile en esos mismos días, estaba saliendo del periplo fascista de los años setenta y ochenta, dejando como herencia, un modelo educativo que ponía sus estructuras y funciones a la orden del mercado capitalista. Por la cercanía de estos procesos y la orientación privatizadora - neoliberal del gobierno de la Señora Barrios de Chamorro, el modelo económico y educativo chileno, se presentaron como la vitrina a la que había que ir a observar y tomar ejemplos, acerca de cómo administrar la educación en el contexto de la construcción neoliberal.

Los neoliberales nicaragüenses, respetando la esencia del modelo chileno, se tomaron la libertad de introducirle algunas variantes al modelo. En tal sentido, en Nicaragua, el proceso de descentralización fue mucho más radical que el de la municipalización chilena, en tanto trasladó, no a los gobiernos municipales, sino a los mismos centros educativos, muchas de las funciones que antes cumplía centralizadamente el Ministerio de Educación, con especial énfasis en el financiamiento de la educación, rubro en el cual, al parecer se trajeron a Managua los manuales chilenos, ya que su implementación no sólo obedeció a la misma filosofía y propósitos, sino que sus mecanismos fueron los mismos que se utilizaron en el país andino.

Igual que en Chile, en Nicaragua, mediante una fórmula matemática arbitraria se le puso un precio a la cabeza de cada estudiante, y esa cantidad se multiplicó de acuerdo al número de estudiantes que los centros educativos declaraban se habían matriculado anualmente, y el total era la cantidad de dinero que se transfería mensualmente a cada centro escolar de la educación básica pública del país.

2. Las subvenciones chilenas.

Allá en Chile, a ese proceso se le llamó de subvenciones, aquí en Nicaragua se le llama de transferencias. Allá proliferaron los centros educativos privados que reciben las subvenciones, enriquecieron a muchos y excluyen a los hijos de los pobres; aquí fueron fuente de empobrecimiento de los sectores empobrecidos del país, que son los que hacen uso de los servicios escolares públicos, y de la incorporación del dinero, las actividades mercantiles, el sentido de lucro fácil y la corrupción, a la cultura organizacional de la escolaridad nicaragüense, pulverizando su sentido ético y axiológico tradicional

La fuente de empobrecimiento de los pobres a través de la escuela, de la negación del derecho a la educación y de la corrupción en las escuelas en Nicaragua, fueron las famosas "subvenciones chilenas". Dado que la lógica y orientación del sistema era ( y es) reducir el gasto en educación y desresponsabilizar al Estado sobre su responsabilidad respecto a la educación como un derecho social, la cantidad de dinero mensual que se transfiere a las escuelas, es tan poca que sólo dan para pagar a los maestros (uno de los sueldos más bajos de América Latina y el Caribe), dejando fuera el pago de los servicios básicos, el mantenimiento de los edificios escolares y los materiales didácticos necesarios para la enseñanza. Ante esta situación, los directores de los centros educativos y los Consejos Directivos Escolares, no tuvieron otra salida que generar las más variadas formas de conseguir dinero para impedir el colapso de las unidades escolares y del sistema en su totalidad.

3. Privatización y Corrupción.

Así surgió la privatización de la educación, mediante el cobro a las familias por la educación de sus hijos, lo que produjo no sólo un mayor empobrecimiento de la población del segundo país más pobre de América Latina y el Caribe, sino que también la reducción de la matricula y el abandono de las escuelas de los niños de las familias en situación de pobreza, lo que ha provocado que 850.000 niños, niñas y jóvenes estén fuera de la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria en la actualidad. Pero sólo con el cobro de la cuota mensual a las familias no bastaba, motivo por el cual, hubo que convertir a las escuelas en pulperías, generando en su interior múltiples actividades mercantiles para conseguir dinero, y en ese proceso, no sólo se introdujo a las escuelas los códigos y valores del mercado capitalista, en donde maestros y estudiantes actúan como vendedores y compradores de cualquier tipo de bien o servicio, sino que también aparecieron las más variadas formas de corrupción al inflar las estadísticas escolares a fin de obtener mayores ingresos vía transferencias.

4. Hora de desalambrar.

En Chile el proceso de desmontaje del modelo escolar pinochetista está en marcha. Los pingüinos, las organizaciones estudiantiles y magisteriales y el Frente Social de la Educación están en pie de lucha. En Nicaragua, los niveles de corrupción llegaron al extremo, de que en Estelí, escuelas fantasmas que nunca existieron, recibían transferencias escolares mensualmente, ante tal situación, hace unos ocho meses el Ministerio de Educación, obligado por la Confederación General de Trabajadores de la Educación (ANDEN), tímidamente comenzó a revertir algunos de los procesos perniciosos del modelo privatizador. Falta continuar con esa iniciativa y eliminarlo de raíz. En Nicaragua, el próximo 5 de noviembre habrán elecciones generales; la recuperación de la naturaleza ética de la educación y las escuelas, es un buen motivo para ir a votar y para saber por quien votar.