23 ene. 2007

Resoluciones I Congreso Nacional de Estudiantes Secundarios (dic.2006)

Desde 1906, fecha de creación de la FECH, la primera organización estudiantil en Chile, los movimientos estudiantiles en sus distintas épocas hemos sido actores principales en los cambios sociales de este país, en todas las décadas las distintas generaciones de secundarios y universitarios han jugado un papel relevante en la política nacional, las grandes transformaciones históricas han sido precedidas por una activación de la movilización de los estudiantes cuyo signo prefigura, de alguna manera, el carácter de los cambios sociales que se avecinan.

Este año no fue diferente, ya que nuestro país se vio alterado por la movilización estudiantil más grande de los últimos 30 años, movilización conducida y articulada desde el movimiento estudiantil secundario. Nadie podía predecir que nuestra movilización alcanzaría los grados de masividad y radicalidad que tuvo, y aún más, que pusiera en jaque al cuarto gobierno de la concertación que estaba a punto de cumplir solo tres meses.

La primera movilización, que fue desarrollada el 26 de abril, inició el proceso de movilizaciones de este año. En ésta participaron alrededor de 6 mil estudiantes y tuvo un efecto inmediato: la congelación de los aranceles de la PSU que días antes habían sufrido un alza.

Posteriormente se convocó a la primera movilización nacional para el 10 de mayo, que tuvo respuesta de casi la totalidad de regiones del país, movilizando alrededor de 30 mil secundarios. De aquí en adelante la movilización asumió característica nacional y el petitorio se extendió por todo Chile. Este petitorio contenía las demandas que desde hace tiempo venia discutiendo el movimiento estudiantil y demandas históricas de los sectores relacionados a la educación, a saber:

* Pase Escolar: Gratuito, Único nacional, vigente los 365 días del año, sin regulación horaria y gratuidad de la tarifa escolar
* Gratuidad en la PSU
* Reemplazo del Decreto Nº 524 por uno nuevo, que norme el funcionamiento de los CCAA
* Prácticas pagadas para los Liceos Técnicos Profesionales e inclusión de talleres de formación sindical de la malla curricular de estos establecimientos.
* Mejora de las raciones alimenticias.
* Derogación de la LOCE
* Modificación o Derogación de la Jornada Escolar Completa

Uno de los primeros efectos posterior a estas movilizaciones, fue el acuerdo sobre el uso ilimitado en lo referente a viajes del pase escolar en la región metropolitana. A esta altura del conflicto el manejo del gobierno era llevado por dos ejes: el mantenimiento de una mesa de trabajo con el ministerio y el intento de deslegitimar las movilizaciones por la vía de los medios de comunicación masivos.

A partir de este periodo se empieza a gestar un nuevo cuadro, que tiene relación con el cambio de caracterización que asume la movilización. El 19 de mayo se inician las tomas del Instituto Nacional y el Liceo de Aplicación con el objetivo de que Bachelet de una respuesta al conflicto en su discurso del 21 de Mayo, cuestión que no hace. A partir de esta omisión, y en cuestión de semanas, las tomas se extienden por todas las regiones del país, desde las principales capitales regionales hasta las comunas más pequeñas.

Debido a esta situación, donde la movilización marcó la agenda política, la gran mayoría de la opinión publica, incluyendo los medios de comunicación, dan un giro a favor de nuestra movilización y se acrecentó, cada vez más, el apoyo del pueblo.

La convocatoria a movilización planteada para el día 30 de mayo alcanzó niveles de masividad no vistos en los últimos años, mas 800 mil estudiantes en todo Chile, que en algunas ciudades se transformaron en marchas históricas donde participaron junto con nosotros, universitarios, profesores, padres y apoderados, como en Valparaíso con alrededor de 15 mil personas y en Antofagasta con cerca de 8.000.

Antes de las movilizaciones, en la gran mayoría de las regiones no se contaba con una orgánica y en muchas tampoco con plataforma. Al calor de esta movilización se avanzó en asambleas y coordinadoras a nivel comunal, provincial, regional y además, en la última semana de mayo se alcanzó el carácter de asamblea nacional.

En cuanto a plataforma, el petitorio de los estudiantes se logró instalar y masificar. Fue empujado por los estudiantes de casi la totalidad de los establecimientos, hasta que se obtuvieron resultados favorables. En este punto hay un hecho a destacar, que fue la visualización que tuvimos sobre las demandas, ya que en un primer momento las demandas principales fueron la PSU y el pase, posteriormente, conforme al avance que experimentaba la movilización, profundizamos las demandas, colocamos el énfasis en lo principal: la LOCE , la Municipalización y la JEC.

Ante esa situación el gobierno se vio presionado a dar una respuesta, Bachelet en su primera cadena nacional, el 1 de junio, anuncia la respuesta del gobierno a nuestras demandas, divididas en dos, la llamada agenda corta contempla:

* PSU gratuita para todos los estudiantes pertenecientes los primeros cuatro quintiles de ingreso.
* Pase escolar, nacional, gratuito, a contar del 2007, para los estudiantes pertenecientes a los primeros cuatro quintiles, además contempla su uso durante las 24 hrs. y los diez meses del año escolar
* Incremento de 500 mil nuevas raciones alimenticias durante los años 2006 y 2007.
* Reparación de 520 colegios y reposición de mobiliario en 1200 colegios con JEC
* Normativa que establecerá un trato digno para los estudiantes en prácticas, financiamiento de los 3 meses de práctica de los estudiantes con 20 mil pesos cada mes y perfeccionamiento de los contenidos pedagógicos de las prácticas.
* Modificación del Decreto 524.
* En cuanto a la tarifa, aumenta el dinero del subsidio único familiar y 18 mil nuevas becas destinadas a transporte escolar en el programa “liceo para todos”.

La segunda, llamada agenda larga, contemplaba la LOCE y la JEC. La respuesta a estas demandas fue la creación de un Consejo Asesor presidencial con presencia de diversos sectores sociales donde se discutirían los temas profundos de la educación

Junto con estos nosotros definimos iniciar la discusión de estos temas al interior de cada liceo con todos nuestros compañeros y con la comunidad escolar en las mesas paralelas.

A partir de este escenario y de lo que conseguimos, sintetizamos que este es un avance que hemos conseguido únicamente con nuestra movilización, sumado al apoyo de la opinión publica y amplios sectores del pueblo, como los trabajadores, los profesores, padres y apoderados, universitarios y pobladores, la movilización tuvo la capacidad de atraer a otros sectores, esto también debemos considerarlo un triunfo.

Un punto aparte merecen las formas de movilización que impulsamos. Pasó de las movilizaciones callejeras a la paralización de todas sus actividades, podemos evaluar que esto fue un acierto pues nos posicionó lejos de los apelativos de violentistas y dejó visualizar nuestro petitorio, instalando los temas de fondo.

A pesar de estos avances debemos tener claridad que no significan la solución de todos los problemas, al punto que quedaron sin solución, como por ejemplo la tarifa escolar. Otro elemento que se debe considerar en su justa dimensión, dice relación, con los costos que las medidas implementadas acarrean al Estado chileno.

Sin relativizar el importante avance obtenido en esta etapa de lucha, no es menos importante constatar que los nuevos 72 mil millones de pesos que en el 2007 se utilizarán en educación, pueden sonar a una gran suma, sin embargo, son dineros enanos a la hora de las comparaciones, ya que representan solo el 0.3% de la deuda externa o el 1.2% del superávit fiscal proyectado para este año. Peor aún, los 72 mil millones de pesos, es decir poco más de 135 millones de dólares, en nada se comparan con los más de 2.000 millones en igual moneda, que recibirán las FF.AA. para gasto en armamento. La proyección 2006 por excedentes de Codelco ya bordea los USD $7.000 millones[1].

A manera de evaluación podemos concluir que durante casi un mes se marco la pauta de la política nacional y de los medios de comunicación, donde todos los sectores sociales y políticos se refirieron a esta y el país entero esperaba que curso iba a tomar nuestra movilización, nadie quedo indiferente al desarrollo que tenían los acontecimientos y cuales eran sus consecuencias.

Dentro de esta evaluación es necesario clarificar dos cosas, primero estos no fueron hechos espontáneos, podemos buscar los antecedentes de estas movilizaciones en las tomas del año pasado, en las marchas contra la implementación de los cambios en las NEM y la SIES , en las mismas movilizaciones del 2001, lo anterior tiene que ver también con un proceso de diagnostico de las desigualdades de la educación que lleva años, donde los estudiantes las sufrimos en la vida diaria, un ejemplo de ello es el fracaso de la reforma, sumado a un sin numero de elementos que provocaron el estallido de una crisis de proporciones, al interior del sistema educacional. Segundo, si bien este año avanzamos a pasos agigantados en cuanto a plataforma y estructura, y conseguimos poner en jaque al gobierno y hasta pautear la entrega de los recursos económicos, el movimiento estudiantil secundario es esencialmente nuevo, es un movimiento que venia recreándose año tras año y que llegado a este punto, aun le falta mucho por recorrer, vendrán los intentos de debilitarlo y quebrarlo y para eso debemos estar prevenidos, también debemos superar nuestras propias limitaciones, como lo es por ejemplo, el aporte que ha venido dando la enseñanza media a las distintas luchas, pero todavía desde una posición particular y reivindicativa, cuestión que este año a empezado a ser revertida, lo cual nos llama a seguir trabajando en la misma línea, pero aun falta profundizar la relación con otros sectores sociales y no limitarse a los temas solamente internos de los estudiantes.

TEMAS PARA LA DISCUSIÓN Y PROPUESTAS

1. Marco Regulatorio, por una nueva ley que asegure el derecho a la educación.

1.1 Libertad de enseñanza v/s Derecho a la educación.

La educación chilena vive una profunda crisis, esta crisis tiene su expresión en la incapacidad del Estado de dar respuesta a las necesidades educativas del pueblo chileno. Unas de sus aristas más claras, dice relación con la contradicción entre el derecho a la educación versus la libertad de enseñanza, cuestión fundamental del sistema neoliberal, siendo esta uno de los principales pilares sobre lo que se ha sostenido el actual modelo y su supuesta competencia para la calidad. La libertad de enseñanza se encuentra consagrada en la LOCE , donde se explicita que corresponde a la familia el derecho y el deber de entregar la educación a sus hijos y “el Estado tiene, asimismo, el deber de resguardar especialmente la libertad de enseñanza”[2]. Lo primero que podemos concluir, es que hoy el Estado no tiene mayores obligaciones con la educación, ya que predomina la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación, lo anterior también queda consagrado en la constitución ya que el derecho a la educación (art. 19 n. 10) no goza de ninguna garantía constitucional pero si la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza (art. 19 n. 11) goza de esta garantía constitucional, así como el derecho a desarrollar cualquier actividad económica (art. 19 n 21), el derecho a no ser discriminado por el estado y sus organismos en materia económica (art. 19 n 22), el derecho a la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes (art. 19 n. 23) y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Por lo tanto, en nuestra Constitución prima el derecho de los sostenedores por sobre el derecho de los ciudadanos a la educación.

Si bien los sectores neoliberales hablan de que la libertad de enseñanza permite el desarrollo de proyectos educativos diferentes al del Estado, es decir que contengan alguna particularidad que los diferencie; lo que existe actualmente no es tal, hoy existe, un mercado de la educación donde el que tiene los recursos suficientes puede acceder a una educación de calidad; y los que no, pueden elegir entre un sistema colapsado como el municipal o el sistema particular subvencionado, que salvo excepciones, tiene la misma calidad de los establecimientos municipales o muchas veces peor, ya que la subvención más que aportar a mejorar la calidad educativa, va directamente al lucro de los sostenedores, donde nos podemos encontrar con verdaderas empresas que tienen repartidos colegios por varias regiones. Lo que en realidad existe es una completa libertad de empresa y una desregulación de la labor educativa que debe tener un país, para con sus jóvenes y el pueblo en general.

Propuestas:

Una nueva Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza construida con todo el país y no impuesta desde el gobierno o el parlamento, esta ley debe contemplar un cambio profundo en el rol del Estado en el financiamiento, gestión y administración; abolición de la educación particular; y establecer una supremacía del derecho a la educación sobre la libertad de enseñanza, hoy no solo es necesario equilibrar estos dos aspectos, sino marcar una asimetría a favor del derecho a la educación. Todo lo anterior debe permitir en lo inmediato, enfrentar la actual crisis y en el largo plazo, sentar las bases para la construcción de un Sistema Nacional de Educación que abarque todos los niveles educativos.

La nueva ley debe asegurar espacios democráticos en aspectos formativos, administrativos, de decisión y de participación de las comunidades escolares y de base de la sociedad. No podemos volver a repetir la experiencia de la última reforma que fue generada sin la participación de ningún actor social, por lo tanto, en cada proyecto o decisión relacionada con el quehacer educativo es indispensable la participación amplia y la capacidad de definir políticas educativas de todo el país.

La constitución debe garantizar y proteger el Derecho a una Educación, entendida ésta como un bien social público, laica, de alto nivel tecnológico, contenidos teóricos e infraestructura de calidad. Derecho sin ningún tipo de discriminación ni restricción: económica, social, cultural, ideológica o política, educacional, étnica, de género, de minorías de minusválidos; considerando incluso las diferencias sexuales.

1.2 Rol del Estado.

La diferenciación entre establecimientos municipales, privados, subvencionados y privados pagados como consecuencia del rol subsidiario que el Estado ha asumido en los últimos 20 años, provoca tal estratificación y segmentación social en el sistema educacional, que genera desiguales grados de calidad y de prestigio ante la sociedad, lo cual, perpetúa el proceso de reproducción social de las desigualdades sociales que hoy existen.
La educación es un derecho social, ya que implica la generación del conocimiento, la integración de las personas a la convivencia social, al lenguaje y la ciudadanía. El impacto de la educación, en la constitución de las sociedades; en las formas que esta asume, sus jerarquías y valores, sus grados de equidad o desigualdad y en definitiva en la capacidad política que entrega a los ciudadanos para participar activamente de la construcción de la misma, es fundamental. Esto implica que su calidad no puede ser distinta para unos o para otros, ni menos dejar su planificación en manos de lógicas que no se basen en los fines comunes que una sociedad haya establecido democráticamente. A estas alturas es evidente que administrar la educación entorno a la lógica del lucro inevitablemente traerá consecuencias, no solo en la calidad de la educación, sino que también en el tipo de segmentación social que se constituya en el país.

Esta razón es suficiente para entender la contradicción entre una educación pública de calidad para todos y la existencia de la educación privada con fines de lucro. Por esto es sumamente importante que el estado garantice una educación de calidad equivalente para los que no puedan o no quieran pagarla, solo bajo esta condición existe libertad de enseñanza.

Por lo anterior que un fuerte rol del estado se hace indispensable, no podemos olvidar que antes del 80, en Chile existía un estado docente que velaba por una educación bajo cuatro grandes paradigmas: universalidad, gratuidad, pluralidad y laicismo, lo anterior es condición sine qua non, ya que en el caso contrario, lo que existe son condiciones de ventaja sobre un principio de mercado, reflejado en las personas que no tienen posibilidad de acceder a una educación de calidad sin pagar y se ven obligadas a buscar calidad solo en los privados.

Ante esto el Estado debe dejar su rol asistencial y sobrepasar la función de dar educación solo a las personas vulnerables o marginalizadas, mas bien, el Estado debe generar una educación que apunte a constituir una sociedad en donde esas personas no sean marginadas ni sean consideradas vulnerables, sino que por el contrario, una sociedad que integre activamente a todos sus miembros, sin discriminación cultural, social ni económica.

Propuestas:

El estado debe retomar su rol docente, asegurando el Derecho a la Educación de la población sin importar el origen social, económico y cultural de niños, niñas y jóvenes chilenos, promoviendo la construcción de una sociedad democrática, más justa, igualitaria y libre.

El estado también debe recuperar la potestad de elaborar, planificar y llevar adelante las políticas publicas educativas; financiar y administrar directamente los establecimientos; desarrollar una política de mejora de infraestructura y construcción de establecimientos de calidad y adecuados a las necesidades de cada comunidad escolar, para no repetir hechos como la inundación de liceos o construcciones paralizadas por errores de las empresas concesionarias.

Promover un proyecto educativo ciudadano desde el estado, que responda a las necesidades de la transformación social y desarrollo nacional, no solo a los requerimientos del mercado o a los proyectos de algunos sectores corporativos que buscan reproducir sus opciones ideológicas. La participación de los actores locales en el proceso educativo es un requerimiento fundamental de la calidad.

1.3 Selección y segmentación.

Los procesos de selección para la admisión de los alumnos, instaurados en algunos establecimientos de la educación particular subvencionada, así como también en aquellos establecimientos municipales cuya demanda supera la oferta, constituyen muchas veces mecanismos de discriminación, que no sólo atentan contra el derecho de los padres a elegir la educación que desean para sus hijos, sino que afectan también la dignidad y las oportunidades educativas de los alumnos. Asimismo, la consolidación de un sistema selectivo ha traído como consecuencia la concentración de la población con mayores desventajas de entrada en determinados establecimientos. Esta situación provoca efectos como: afectar la integración y cohesión social; restringe las experiencias educativas de los alumnos más vulnerables, privándolos de la interacción con estudiantes con mayores niveles de aprendizaje y del estímulo que ello supone para la compensación de las desigualdades. Estos son algunos de los factores que inciden en la profunda segmentación de la educación, es decir la división de la oferta educativa según el origen de clase de niños y jóvenes, cuestión que impide la movilidad social, esto se ve reflejado en que solo el 0.7% de los jóvenes de enseñaza media del primer quintil estudian en colegios particulares pagados cifra que sube al 40.5% de los jóvenes del quinto quintil en este tipo de colegios, algo inverso se produce en la matricula municipal donde asiste el 65.4% de los jóvenes del primer quintil y solo el 19.7% de los jóvenes del quinto quintil, que asiste a los colegios municipales de alta calidad, donde los sectores populares tampoco tienen acceso[3]. Esta cifras vienen a reflejar la segmentación de la educación, donde en su gran mayoría los jóvenes y niños, no conocen otra realidad que la de su ámbito particular es decir su colegio, su población y su clase social, impidiendo la retroalimentación social, cultural, valorica y afectiva.

Propuestas:

Erradicar toda forma de discriminación arbitraria y resguardar los derechos de los estudiantes y sus familias, junto con esto introducir las modificaciones legales que sean necesarias para preservar el derecho a la educación.

Prohibir, como principio general, la selectividad de estudiantes en los establecimientos de educación pública de propiedad del Estado y en los que reciben aporte estatal, en caso de realizarlo los colegios subvencionados, perderían la subvención. En caso de haber mas postulantes que vacantes se deberá contar con un procedimiento imparcial para determinar quienes se matricularán.

1.4 Requisitos a los sostenedores, por una fiscalización y término del lucro.

La educación vive un proceso progresivo de privatización, esto se expresa de dos formas, el primero dice relación con la fuga de matricula del sector municipalizado hacia el particular subvencionado, esto debido principalmente a la estigmatización que sufren los colegios municipales debido a su baja calidad y también el status social que se supone alcanzar en la subjetividad de las personas al estudiar sus hijos en colegios particulares. Si en 1990 había un total de 719.819 estudiantes de enseñanza media, que representaban el 100% de la matricula, esta se dividía en educación municipal un 50.9%, particulares subvencionados un 32.6%, particulares pagados un 8.5%, y corporaciones administración delegadas un 7.7%. El año 2005 con un 1.029.366 estudiantes que representa el 100% de la matricula de enseñanza media, esta se divide en educación municipal un 44.9%, particulares subvencionados un 42.2%, particulares pagados un 7.2% y corporaciones de administración delegada un 5.5%[4]. Esto da cuenta que el único sector que ha aumentado su matricula es el particular subvencionado, casi alcanzado a la municipal y que en conjunto con el sector particular pagado la supera, esto provoca que los privados cada ves tengan mas control sobre la educación y deja a Chile como un país, que es la excepción entre sus pares, ya que en la gran mayorías de los países, es el Estado el que asume la labor de educar a su pueblo. Otra forma de privatización es el traspaso de colegios desde las municipalidades a corporaciones privadas, ello ante la imposibilidad de las municipalidades de seguir administrándolos, principalmente por causas económicas. Estos traspasos, mas las casi nulas restricciones que establece la legislación, en especial la LOCE , provoca que en conjunto con el crecimiento de la matricula de los colegios particulares subvencionados, se produzca una explosión de colegios de este tipo, el año 2005 de un total de 2423 establecimientos de enseñanza media, 694 sean municipales, 1266 particulares subvencionados, 393 particulares pagados y 70 de corporaciones de administración delegada[5].

Si pensamos en los requisitos a los sostenedores, estos son mínimos, solo tener 18 años y licencia de enseñanza media para la educación básica y media, y para la parvularia solo se suma el no haber sido condenado a una pena aflictiva (mas de 3 años). Hoy se hace urgente transformar esta situación, no se puede permitir en Chile caso como los de los Colegios Britania, en el cual el sostenedor abandona totalmente sus funciones y el estado no tiene atribuciones para sancionarlo.

Por lo tanto como estudiantes nos oponemos a este proceso de privatización, nos pronunciamos en contra que los privados sigan lucrando con recursos que son de todos los chilenos, para contrarrestar esto, debe ser el estado, como ya lo hemos expresado, quien tomo un rol relevante, dirigiendo sus esfuerzos a la educación publica para que este vuelva a educar a la gran mayoría de los chilenos y una fuerte fiscalización a la educación privada, sobre todo a la que recibe aporte estatal.

Propuesta:

Es necesario la generación de criterios mas exigentes a la hora de aceptar a sostenedores, sean estas personas naturales o jurídicas, como por ejemplo la vigencia de un titulo profesional reconocido por el estado.

Proyecto educativo coherente con los proyectos de desarrollo local, en la idea que estos colegios sean un aporte a su entorno, en estos proyectos debe participar democráticamente toda la comunidad educativa. Estos proyectos deben ser aprobados por el Ministerio de Educación, y en estos se debe justificar la entrega de aporte estatal.

Asegurar condiciones de infraestructura, que estén de acuerdo con el proyecto educativo, que aseguren espacio físico para el desarrollo de actividades propias del quehacer educativo como actividades extraprogramaticas.

El Ministerio de Educación debe tener las atribuciones para fiscalizar y evaluar periódicamente el cumplimiento del proyecto educativo, como del buen uso de los recursos. El Ministerio también debe tener la atribución de intervenir los colegios que estén en situación crítica y donde los sostenedores no cumplan con la ley.

2. Administración del Sistema, transparencia, eficiencia y participación.

En Chile a comienzo de los años 80, se impuso un modelo de gestión en el sistema escolar que pretendía descentralizarlo, este proceso estuvo enmarcado en una serie de profundas reformas al aparato estatal, en el ámbito educacional, se caracterizo por la contrarreforma universitaria y el cambio en las formas de financiamiento y administración de la educación primaria y secundaria. En relación a la administración este proceso se le conoce como municipalización; hasta ese minuto la función educativa caía principalmente en el estado, donde el ministerio era quien elaboraba, planificaba, dictaba y llevaba a cabo las políticas publicas educativas, este era el encargado de financiar y administrar los establecimientos, construía y reparaba la infraestructura educacional y contrataba a los docentes. La municipalización como un cambio estructural, tuvo como característica principal, el abandono de los deberes de un estado docente, ya que no se produjo una descentralización sino desconcentración de la función educativa del estado, transfiriendo la administración a las municipalidades con una falta de financiamiento, además a esto se suma, la fuerte incorporación del sector privado en el incipiente mercado educativo.

En el actual modelo, el ministerio de educación no tiene ingerencia alguna sobre el funcionamiento de los establecimientos de administración particular (pagada y subvencionada), y en la práctica, ha perdido gran parte de su capacidad de influir en la marcha de las escuelas municipales[6]. El ministerio de educación pasa a ocupar un rol más bien débil, centrando su poder de decisión en las grandes orientaciones curriculares nacionales, la fijación de condiciones laborales generales de los docentes del sector municipal a través del Estatuto docente, y a la creación e implementación de programas nacionales como el proyecto Enlaces, MECE MEDIA, perfeccionamiento docente, etc. No obstante incluso en la implementación de estos planes y programas, el MINEDUC ha recurrido al mecanismo de licitación de la ejecución de los mismos en función de la oferta disponible en el mercado[7].

Este modelo de gestión ha presentado dos grandes dificultades. Por una parte, el enorme poder que recae hoy en los organismos sostenedores no guarda relación alguna con sus capacidades técnicas, ya que no cuentan con equipos técnicos que apoyen la toma de decisiones educativas, queda la impresión de que, por el contrario, la mayor parte de las decisiones de su gestión tienen que ver con el criterio de maximización de sus ganancias[8].

En el caso de los sostenedores municipales resulta igual de dramático. Existen 345 comunas (por lo tanto 345 sostenedores municipales), sin embargo, estudios plantean que solo 120 de estos sostenedores cuentan con equipos técnicos de apoyo (esto suele ocurrir en los municipios más ricos).

Por otra parte, este modelo de gestión del sistema educativo ha generado una suerte de confusión entre las laboras administrativas y las labores de índole técnico-pedagógica. En el caso de los establecimientos municipales las labores administrativas las tiene las municipalidades y las técnico-pedagógicas el ministerio, lo que produce una disociación que impide la planificación y la interacción de estas dos áreas. En cuanto a los sostenedores, por un asunto de capacidad o por opción, se han concentrado en aspectos administrativos y económicos, intentando captar la mayor cantidad de subvenciones escolares y haciendo esfuerzos por racionalizar al máximo sus recursos. El ministerio es el que tendría que velar por la calidad de los procesos pedagógicos, pero lo hace sin contar con las capacidades, ni las regulaciones necesarias para guiar a las escuelas en este proceso, apareciendo como un ente lejano desde el punto de vista técnico-pedagógico para los docentes.

Queda claro que esta desconcentración educativa impuesta por el Estado se realiza sin haber asegurado los recursos, ni las condiciones mínimas para su éxito a nivel local, aparece más bien como un proceso de desentendimiento de la educación pública. Al final de todo este proceso la escuela, que es el centro neurálgico de la mejora escolar, y los docentes, ejes del proceso de enseñanza-aprendizaje se hayan desprovisto de apoyo y supervisión técnica de calidad y se encuentran sobrepasados por la aplicación de proyectos y programas que le son impuestos desde el nivel central o desde los sostenedores.

Propuestas:

Una nueva forma de administración debe tener como características principales, primero que el estado sea el principal responsable de la administración y financiamiento, que se garantice el derecho constitucional de todas y todos a una educación obligatoria, gratuita, de calidad, universal, laica y plural, lo ultimo se debe garantizar con la existencia de proyectos educativos donde no prime lo particular sino donde se promueva la diversidad.

Se debe generar a partir del Ministerio de Educación un servicio nacional de carácter público con organismos administradores que se encarguen de todos los establecimientos, hoy en manos de las municipalidades, que tengan como única función la gestión de establecimientos educacionales de propiedad del Estado de una determinada unidad geográfica, donde responsable principal y último en cuanto a la administración y gestión de la educación es el Estado, ello implica un adecuado equilibrio entre los aspectos centralizados y descentralizados. Este nuevo sistema debe contemplar la más amplia participación y democracia de todas sus instancias, con la adecuada representación de los organismos del Estado, de las organizaciones locales y de toda la comunidad escolar y académica. Lo anterior en la idea de que la comunidad tenga un rol determinante en las definiciones educativas propias.

Deberá ser el Ministerio de Educación quien conforme estos nuevos organismos administradores, el número de organismos y las unidades geográficas que abarcara se tendrá que definir con un estudio que evalúe las condiciones de cada región y sus necesidades tomando en cuenta características sociales, culturales, económicas y geográficas de las diversas zonas del país, como el número de estudiantes y establecimientos, la cantidad de profesionales necesarios y los recursos con que deberá contar. La división territorial anterior estará de acuerdo con la actual división política administrativa, sin que la anterior se convierta en una limitante. Todo lo anterior debiera permitir una mejor coordinación con el Ministerio de Educación, conformando un sistema nacional, donde el involucramiento prioritario del Estado en relación con las escuelas de su propiedad, es garantía directa de una mejora en la educación, ya que tendría relación directa con el ministerio, entidad especializada en materia de educación y política educativa.

Estos organismos deberán tener amplias atribuciones en la definición de un proyecto educativo territorial, en consonancia con un proyecto de desarrollo nacional, para esto, es importante concentrar en los organismos administradores partes del sistema nacional de educación, las funciones de gestión administrativo-financiera con las de gestión técnico-pedagógica, de manera de resolver los problemas de incoherencia, de disolución de responsabilidades y asegurar una gestión más eficiente. Lo anterior debe ser posible conjugando él más alto nivel técnico para efectos de la gestión y administración pedagógica, con la participación de la comunidad en el control de su gestión y en la definición del proyecto educativo territorial.

Para asegurar esta participación, cada organismo administrador contará con un ente directivo, en el cual estará representada la comunidad de la unidad geográfica. Este ente será responsable del funcionamiento del organismo y velará por el cumplimiento de sus objetivos. Tendrá carácter resolutivo y entre sus funciones estará la aprobación de la cuenta anual, el desarrollo de un proyecto educativo y el presupuesto del organismo y de las escuelas a su cargo. En el ente directivo deberán estar presentes representantes de los actores propios de la actividad educativa (profesores, apoderados, co-docentes y estudiantes), del municipio o municipios (según cuántas comunas agrupe la unidad geográfica), del Gobierno Regional (en representación del gobierno central) y de universidades de la zona.

En conjunto con lo anterior debe existir un control de la comunidad a los organismos administradores, el cual deberá ser facilitado con la entrega de toda la información pertinente; a saber, balances, planes de desarrollo, evaluaciones nacionales, etc. Por otra parte existirá un estricto control del Ministerio de Educación en lo que respecta al desempeño educacional y financiero, y a la coherencia que han de tener los proyectos educativos con el currículum nacional.

· Por ultimo se requiere un real funcionamiento de los consejos regionales de educación de carácter consultivo – contemplados en la actual legislación -, de manera de asegurar un espacio de diálogo y participación entre todos los actores interesados en alcanzar una educación publica, equitativa y de calidad. Estos debieran emitir su opinión no sólo respecto a la educación de propiedad del Estado, sino que sobre toda la educación que recibe aporte estatal en la región, en la idea de interrelacionar las distintas modalidades educativas, para así generar un proyecto de desarrollo educativo regional. En éste deberán estar presentes: los actores propios de la escuela, representantes del Ministerio de educación, universidades, municipios, comunidad y sectores productivos relevantes de la zona.

3. Financiamiento estatal, pilar de la nueva educación.

Unos de los aspectos donde el estado más se ha alejado y favorecido a los privados es el financiamiento, a la par con el inicio del proceso de municipalización, se inicio un nuevo sistema de financiamiento, donde el estado comienza a entregar una subvención por asistencia media a los establecimientos municipales antes estatales y los liceos particulares subvencionados. Una primera revisión a este sistema de financiamiento, da cuenta de un lucro desmedido por parte de los sostenedores privados y un déficit estructural para las municipalidades, que no son capaces de cubrir el gasto de los establecimientos con estos ínfimos recursos. También provoca una competencia por la matricula, esta es cada vez mas baja para el sector municipal, esto bajo la falsa premisa que el sector particular subvencionado tiene mejor calidad.

Además de la subvención, el estado entrega financiamiento a los liceos por concepto de becas o de mejoras en la infraestructura, sobre la primeras, el principal problema es la falta de cobertura, ya que estas solo alcanzan a un numero limitado de estudiantes que si bien es positivo, necesitamos que beneficios como la alimentación, materiales escolares y transporte hoy alcancen a la gran mayoría de la población escolar. Sobre las mejoras en las infraestructuras, estas están ligadas a la implementación de la JEC , donde los liceos tienen que presentar proyectos concursables y no son echas de acuerdo a un plan nacional de construcción de nuevos colegios y reparación de los actuales. Con todo esto se intenta igualar la educación municipal y la particular subvencionada, donde el estado tiene la misma responsabilidad con los dos tipos de sostenedores y no hay ninguna diferencia ni ninguna responsabilidad mayor hacia los municipalizados.

Es por la situación anterior que resulta indispensable que cualquier transformación en lo administrativo vaya acompañada de un financiamiento suficiente para asegurar un adecuado funcionamiento.

Propuestas:

La Educación en el sistema Público debe ser Gratuita, debiendo el Estado financiar de manera descentralizada el Sistema Público, con a lo menos el 12,3% del PIB, íntegramente con cargo al Estado.,

· El Estado debe financiar de modo preferente la educación pública, eliminado el sistema de subvención, estableciendo presupuestos de educación que permitan el financiamiento suficiente de la administración descentralizada y sus establecimientos educacionales, considerando a lo menos: los proyectos educativos, renovación y mantenimiento de la infraestructura, recursos técnicos-pedagógicos, así como asistencialidad escolar. El financiamiento del Sistema debe, además, propender a la expansión de la educación pública, como única garantía del Derecho a la Educación y de integración de los sectores postergados.

· Así mismo los organismos administradores deberán contar con centros de costos por establecimiento. A su vez, las escuelas y liceos participarán en la configuración de su presupuesto administrarán directamente recursos vinculados a su proyecto y deberán rendir cuenta sobre la ejecución de éste y ser fiscalizados por el Ministerio y la comunidad. Esto en la idea de definir cuales son los establecimientos, zonas o regiones que necesitan mas financiamiento.

Se debe eliminar el financiamiento compartido a los establecimientos de propiedad del estado, ya que será este último el que deberá financiar íntegramente a estos liceos y colegios.

Toda la educación pre-básica, básica y media financiada con recursos estatales deberá asegurar la matrícula escolar de su comuna, provincia, región, sin selección de ningún tipo y sólo por orden de matrícula. Ningún estudiante podrá ser excluido por razones económicas. Se debe poner fin al financiamiento compartido como también a los gastos adicionales de uniforme, buzos deportivos y otros, los que podrán ser optativos, de acuerdo a lo acordado por las comunidades educativas y en ningún caso de carácter obligatorio.

Los establecimientos particulares subvencionados deberán seguir con el mismo sistema de financiamiento, donde el estado le entregara un aporte, asegurando que no se lucrará con este.

4. Jornada Escolar Completa, el fracaso de la reforma y las actuales políticas educacionales.

La reforma implementada el 96, pretendía darle una nueva cara a la educación chilena, integrar nuevos conocimientos y nuevas experiencias pedagógicas destinadas a mejorar la educación. Pero al margen de estos objetivos, que suenan bastante bien, la reforma nació con problemas que determinan su posterior fracaso. Lo primero fue el origen antidemocrático, debido a que no se contemplo la opinión de la comunidad educativa, por lo tanto provoco un nulo involucramiento de ella. En lo concreto, esta reforma no ha resuelto las grandes problemáticas y contradicciones del sistema educacional, la medida más publicitada y símbolo de esta reforma, la JEC ha visto impedida su implementación en muchos casos y en otros no ha cumplido los objetivos para lo cual fue creada, esto debido a la falta de financiamiento, infraestructura, asistencialidad escolar y condiciones pedagógicas adecuadas, como también la imposibilidad de poner en practica proyectos de desarrollo educativo, debido a la falta de ayuda técnica por parte del estado, a esto se suma la carencia de planificación al interior de los establecimientos y la nula participación de los actores de la comunidad educativa en esta planificación.

El diagnóstico que motivó la Jornada Escolar Completa constató que los niños y jóvenes de los sectores más vulnerables tenían menos horas efectivas de clases al año y contaban, a su vez, con menos espacios temporales y físicos, tanto en sus escuelas como hogares, para dedicar al trabajo escolar. La Jornada Escolar Completa surgió como una respuesta a las necesidades de contar con mayor espacio y tiempo para el aprendizaje y el mejoramiento pedagógico de las clases. Podemos decir como estudiantes, que para todo Chile, esta claro que esta reforma y la JEC han fracasado, ya que si bien sus objetivos son validos, mientras el estado no se involucre de manera fuerte no habrá un cambio sustancial.

Propuestas:

· Una profunda evaluación en la que participe la comunidad educativa, para revisar en que condiciones se esta implementando la JEC en los colegios, y cuales son las condiciones que se tienen que mejorar de manera urgente. En los establecimientos sin JEC también se debe evaluar cuales son las condiciones para implementarla y que se debe generar para llevarla a cabo.

· Revisión de la carga curricular de los doce años de educación para detectar las falencias y las sobrecargas curriculares, que afectan el desempeño del estudiante. Debieran plantearse las formas de diferenciar la segunda parte de la jornada de la primera, buscando que se conviertan en un currículum flexible, que desarrolle aquellas inquietudes de los estudiantes desde un ambiente pedagógico distinto.

Asegurar la participación con capacidad de resolución de los estudiantes en la generación y evaluación, de los proyectos de la JEC.

Proporcionar condiciones laborales y contractuales al profesor para desarrollar adecuadamente su rol en la JEC : mayor disponibilidad de tiempo no lectivo.

· Se deben asegurar las raciones alimenticias necesarias (desayuno y almuerzo) en las condiciones adecuadas para todos los estudiantes. Lo anterior se relaciona con la creación de nueva infraestructura para el desarrollo correcto de la actividad educativa.

· Promover la cooperación entre establecimientos educacionales, con proyectos educativo comunes o similares, que provoquen una retroalimentación de experiencias entre los docentes y los estudiantes.

5. Sistema Curricular, la base de la educación Chilena.

El currículum es un instrumento que otorga estructura, organización y coherencia a los planes formativos de niños y jóvenes en un sistema educacional, promoviendo experiencias comunes necesarias para establecer la base cultural de la ciudadanía, en relación con su historia, idiosincrasia cultural, valores y normas éticas, todo lo anterior, en la idea de un currículum nacional que contemple la identidad del país y sus necesidades de desarrollo (científico, tecnológico, económico y social), que entregue una serie de conocimientos pertinentes que permitan al estudiante, su desarrollo integral como persona y su aporte a la sociedad, permitiendo la movilidad social de los estudiantes y posteriores profesionales.

El actual enfoque curricular carece de mucho de lo anteriormente nombrado, más que un instrumento que permita el desarrollo integral del individuo y con esto dar paso a la movilidad social, esta elaborado para reproducir el orden existente en la sociedad. El actual currículum tiene dos falencias principales, primero no esta elaborado en base a un proyecto de desarrollo nacional que le de coherencia, ni determine la existencia de una relación que articule las distintas modalidades educacionales, ni tampoco la educación media con la superior. Lo segundo, es la falta de desarrollo de un currículum flexible, de calidad y pertinente, de acuerdo al entorno social y cultural, que produzca una retroalimentación de las diferentes realidades sociales, étnicas, culturales, etc. y que incluya particularidades de acuerdo a objetivos específicos como puede ser conservar una cultura originaria, costumbres propias de una comunidad, etc.

Respecto a la generación y actualización del currículum, existe una Unidad de Currículum y Evaluación (UCE), dependiente del Ministerio de Educación para la gestión, discusión y resolución del currículum, este es revisado y evaluado por el Consejo Superior de Educación (CSE) donde están presentes, representantes de las universidades del consejo de rectores y privadas, el poder judicial y las fuerzas armadas.

Propuestas:

· Se debe crear un Proyecto Curricular Nacional Único y Flexible dentro de un proyecto de Desarrollo Nacional Sustentable, que de cuenta de las particulares realidades étnicas, singularidades regionales y locales. Debe, por tanto, hacerse una distribución, administración y organización del currículum mediante una matriz curricular flexible, con diseño programático y de logros de aprendizajes generales mínimos, que se adapte a las distintas realidades nacionales. La evaluación del sistema y de los aprendizajes, debe llevarse a cabo mediante Pruebas Nacionales con adaptación a las Regiones, que evalúen considerando los planes y metas de los establecimientos, a partir de sus proyectos educativos, según los aprendizajes generales mínimos y aquellos particulares de las localidades. De este modo, deben organizarse Planes y Programas de Estudio únicos que señalen el desarrollo gradual de capacidades, según niveles, con contenidos flexibles, que permitan aprendizajes generales mínimos y que incorporen contenidos propios, relativos a cada cultura, ideología, intereses, códigos lingüísticos y socio lingüísticos.

El currículum debe ser continuamente confrontado con esas realidades para no perder actualidad y para que contribuya a potenciar el desarrollo de nuestro país y sus habitantes. Junto con asegurar una base mínima de conocimientos, se requiere preparar a los estudiantes en lenguajes y métodos de aprendizaje que les permitan seguir aprendiendo en un mundo cambiante, caracterizado por la abundancia de información y la tasa de cambio sin precedentes del conocimiento. Respecto a los organismos que revisan el currículum, si bien podemos estar de acuerdo en los organismos técnicos, se debe cambiar la composición del Consejo Superior de Educación, sacando a las fuerzas armadas y al poder judicial, e incluyendo a actores del mundo social como los trabajadores y del mundo educativo.

6. Enseñanza Media Técnico Profesional, a dignificar a los jóvenes trabajadores.

Hoy la enseñanza media técnico profesional (EMTP) representa un segmento importante de la educación en chile, es casi el 40% de la matricula de enseñanza media, esta modalidad de enseñanza media esta dividida en especialidades: agrícola, marítima, industrial y comercial. A partir de 1980 con el decreto con fuerza de ley 3.166 el Estado traspasa la administración de una parte de los liceos técnicos profesionales a corporaciones de administración delegadas – instituciones del sector público o privadas sin fines de lucro -, la situación actual de los estudiantes técnicos profesionales es precaria, la innovación tecnológica necesaria para enfrentar los nuevos conocimientos es deficiente, la falta de talleres en algunas especialidades provoca la falta de conocimientos en algunas áreas, los estudiantes muchas veces son ocupados como mano de obra barata a la hora de realizar sus practicas o ejecución del plan dual, existe una desvalorización de la profesión técnica profesional de nivel medio, tanto en el medio laboral, como también frente a la modalidad humanista científico, sumado a esto no existe una articulación de la EMTP con la educación superior, lo que dificulta una continuidad natural de estudio y la posibilidad de adquirir mas conocimientos, a lo anterior se le suma la falta de perfeccionamiento de los docentes en las nuevas tecnologías.

Lo anterior esta determinado por la falta de un proyecto nacional de desarrollo sustentable que se vincule con los proyectos educativos de cada establecimiento TP en la idea de hacer un aporte al desarrollo del país en función del proyecto.

Propuestas:

Generación de un proyecto de desarrollo nacional que contemple el papel de la EMTP dentro de este, para así asegurar puestos de trabajos dignos y seguros para los estudiantes de esta modalidad. En este punto el Estado debe cumplir un rol fundamental, ya que el debe generar esta política, además los liceos en manos de corporaciones delegadas deben volver a ser administrados por el Estado.

No dejar la enseñanza técnica en los dos últimos años de la enseñanza media, esto va contra la idea de un técnico profesional con una buena calificación, probablemente solo sea mano de obra barata, pues dos años no alcanza para aprender la profesión. Esto debe ir en conjunto con un fortalecimiento de los contenidos comunes con la modalidad HC.

Articulación de la EMTP con la educación superior que permita una continuidad de estudios en carreras afines, con ingreso especial a CFTs y universidades estatales. Respecto a los CFTs el Estado también debe cumplir un rol en relación al Educación Superior Técnica, por lo tanto el Estado debe asegurar la creación de estos centros de estudios.

Talleres de formación sindical, para que todos conozcan sus derechos laborales.

Protección integral para enfermedades laborales y accidentes en el lugar de trabajo, generado mayores condiciones de seguridad para los estudiantes en prácticas.

Eliminación de la actual formación dual, ya que en la mayoría de los lugares de trabajo los estudiantes de 3º y 4º son mano de obra barata, en su reemplazo se debe generar instancias de conexión entre el liceo y la empresa para conocer el mundo laboral.

Fuerte fiscalización a las prácticas profesionales, asegurándose que los estudiantes cumplan con la práctica profesional y no los ocupen en tareas que no dicen relación con su especialidad.

Mejoramiento progresivo del monto entregado a los estudiantes en practica y que se entregue durante todo el tiempo que se extienda la practica. Se debe lograr que se equipare con los sueldos de los trabajadores adultos, “a igual trabajo, igual salario”. También se debe contemplar un contrato de practicante, para asegurar el respeto a los derechos laborales.

7. Sistema de medición (SIMCE)

El sistema de medición de la calidad de la educación (SIMCE) se ha instalado progresivamente como un elemento central de las políticas educativas a partir de 1990. En el marco fijado por la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) en 1989, se consagra como un sistema de medición que guarda completa coherencia con principios básicos que sustentan el actual sistema educativo.

Esta forma de evaluar la calidad de la educación presenta una serie de problemas que deben ser considerados a la hora de analizar los resultados en las pruebas SIMCE, ya que este, si bien devela la mala calidad de la educación también tiene limitaciones propias y entraña algunas perversidades, como no tener un carácter formativo, sino mas bien punitivo, ya que se utiliza para rankear a los colegios de acuerdo a su puntaje, estigmatizando a los que obtiene bajos resultados, principalmente del sector publico.
Otro tema es la selección curricular. Las reformas curriculares realizadas en la década de los ’90 tenían el propósito de fijar parámetros de calidad, pero en la práctica es la medición externa la que finalmente define lo que se enseña y ejercita en el aula. El SIMCE ha alcanzado plenamente este objetivo en los niveles y sectores de aprendizaje en los que se aplica, asumiendo el riesgo de empobrecer la implementación del currículum en su conjunto.

En el plano técnico y metodológico aparecen varios problemas necesarios de abordar para poder dar a los resultados SIMCE una interpretación más consistente. Primero el SIMCE, solo mide dos áreas del conocimiento, dejando de lado, la medición de otros aspectos, que van mas allá de lo que se enseña en el aula, además es un prueba estandarizada que no toma en cuenta las particularidades al interior de los establecimientos, como tampoco las diferencias culturales, étnicas y socioeconómicas, y por ultimo es una prueba que intenta ofrecer información acerca de los resultados obtenidos por los establecimientos educacionales. Sin embargo, de acuerdo a las investigaciones actuales, la variabilidad en los resultados escolares obtenidos por los alumnos depende en un porcentaje minoritario de lo que ocurre al interior de las escuelas (no más de un 30%), y en un porcentaje mayoritario de variables extra escolares como el origen socioeconómico, cultural y familiar de los niños (en un 70% y más).

Los efectos perversos que han generado sobre la educación el uso y comunicación mediática de los resultados SIMCE son:

a) La imposición de una “lógica privatizadora”.
b) El empobrecimiento del currículum para los estudiantes.
c) La culpabilización de los docentes y la lógica de la competencia entre las escuelas.
d) Desprofesionalización de los docentes y empeoramiento de sus condiciones de salud laboral.
e) Subutilización de la información SIMCE por parte de los actores involucrados: directivos, docentes, apoderados, codocentes, alumnos.

Propuesta:

· Generar un amplio debate en la comunidad educativa, y en la sociedad civil en general, sobre la reformulación de un instrumento de medición que evalué el sistema y los aprendizajes, llevándose a cabo mediante Pruebas Nacionales con adaptación a las Regiones, que evalúen considerando los planes y metas de los establecimientos, a partir de sus proyectos educativos, según los aprendizajes generales mínimos y aquellos particulares de las localidades.
. Enriquecer los indicadores de calidad, a nivel del sistema educativo y de los procesos de aprendizaje de los estudiantes e incorporar información que permita analizar adecuadamente los resultados de la evaluación.

8. Acceso a la Educación Superior , un derecho de todos.

Unas de las consecuencias más visibles de las problemáticas de la educación chilena, son los resultados en la Prueba de Selección Universitaria (PSU), esta prueba determina el acceso a la universidad de todos quienes somos estudiantes secundarios, los resultados año a año dan cuenta de las desigualdades, por ejemplo en el proceso de admisión 2006, de los 100 mejores colegios solo hay 3 liceos municipales y del los 128 colegios con puntaje nacional solo el 10% es municipal, además son más 49.000 los postulantes de la educación municipal y particular subvencionada que obtuvieron menos 450 puntos, puntaje mínimo para postular a las universidades del consejo de rectores,esos mismos resultados provocan que hoy, solo el 42.1% de los jóvenes del I, II y III quintil, es decir el 60 % mas pobre de Chile tengan acceso a la universidad, en contraste casi 60 % de estudiantes del IV y V tiene acceso al universidad, es decir el 40% mas rico de Chile. Ello nos dice que hoy el sistema universitario chileno esta diseñado para impedir que los jóvenes talentosos pobres puedan acceder a la Educación Superior universitaria.

Hoy los problemas principales de la educación superior que nos afectan de manera directa son el ingreso y la permanencia en la educación superior, para solucionar estos temas que nos afectan directamente, nos debemos involucran en temas relacionados con la PSU y el financiamiento estudiantil.

Propuestas:

Discutir y evaluar si la PSU es el instrumento indicado para medir los conocimientos adquiridos durante la enseñanza media y predice el desempeño universitario, como también evaluar un posible cambio en las ponderaciones de las NEM y las pruebas de conocimientos, todo esto como parte de este estudio global sobre el ingreso a la universidad.

Bonificar al 5% de los mejores estudiantes de cada liceo municipal con el 10% de su puntaje ponderado.

Que el estado vuelva a financiar la educación superior de propiedad del estado permitiendo que hoy los jóvenes que no tengan los recursos para pagar no lo hagan y los que si tienen,, es decir los sectores mas ricos de este país paguen sus estudios en las universidades del estado.

9. Democratización y participación de todo el pueblo en la educación.

Este un tema de vital importancia, debemos recordar que todas las grandes definiciones de políticas educativas en los últimos 30 años no han sido consultadas ni definidas con ningún actor social, expresión de ello es la municipalización, la LOCE , la reforma educacional del año 96, etc. expresión final de todo ello es la constitución del 80 que da el marco propicio, para la existencia de enclaves antidemocráticos en todos los estamentos de la sociedad incluyendo al interior del sistema educacional. Un ejemplo son los dos instrumentos de planificación de los cuales está dotada la administración municipal: el Proyecto Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) y el Proyecto de Desarrollo Educativo Institucional (PDEI), estos no son discutidos por toda la comunidad, quedan limitados a las paredes de la municipalidad y de la direcciones de los liceos, lo cual impide que reflejen las necesidades y demandas de la población.

Por lo tanto lo principal es que desarrollemos los mas amplios espacios de discusión democrática, tanto en al interior de nuestras organizaciones como consejos de cursos, CC.AA, coordinadoras y asambleas; a la par con eso debemos luchar por democratizar los espacios como consejos escolares y demás espacios de definición que tengan relación con el quehacer de la comunidad educativa, la administración y gestión del sistema educacional.

Otro aspecto donde se debe plasmar la democracia al interior de los liceos es la elaboración del proyecto educativo institucional y el presupuesto de cada establecimiento, es en esta etapa donde se debe iniciar un proceso de democratización global del sistema educativo, donde la opinión de los estudiantes, padres, apoderados, profesores y codocentes sea tomada en cuenta, en conjunto con la opinión de toda la sociedad.

Propuestas:

· El consejo escolar se debe convertir en un organismo resolutivo y se debe constituir en todos los establecimientos educacionales, donde deben definir sobre presupuesto anual, aspectos de higiene, seguridad escolar y reglamento interno, elaboración del plan anual y revisión de las metas cumplidas.

La formulación participativa de los proyectos de desarrollo educativo institucional, ya que este instrumento fija los objetivos de cada colegio y cobran mayor importancia si toda la comunidad escolar participa en ellos, se debe contemplar la evaluación periódica, con participación de la comunidad educativa. Todo lo anterior debe ir acompañado de las condiciones técnicas, necesarias para su elaboración y condiciones como infraestructura, recursos pedagógicos, etc., cuestiones que debe asegurar el ministerio.

· Se debe incluir un representantes de los trabajadores codocentes en el consejo escolar

10. Los secundarios y el movimiento social, todos juntos a luchar por la educación.

Unos de las grandes experiencias dejadas por las ultimas movilización, fue que los triunfos de los movimientos sociales, en este caso en la educación, se consiguen cuando todos los sectores sociales están unidos, esto es lo que debemos seguir potenciando. El trabajo en el bloque social y las mesas paralelas, en conjunto con los estudiantes universitarios, apoderados, profesores y codocetes nos muestra un camino que debemos seguir, ampliando estos espacios hacia otros sectores sociales no necesariamente ligados a la educación sino del amplio movimiento social, de los trabajadores, académico, religioso y político, debemos interpelar a todos los actores de la escenario nacional, para que cada organización o personalidad, como diputados y senadores tome una posición sobre las demandas de los secundarios.

Para cambiar la LOCE , para acabar con la municipalización, es decir para llevar acabo las grandes transformaciones que la educación necesita debemos avanzar con todos unidos, debemos fortalecer nuestra propia organización y a la par levantar frentes de defensa por el cambio de la educación chilena.

[1] Orlando Caputo y Cedech, 3 de Junio de 2006.
2 Ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, Articulo 3º
[3] Población de 0 a 24 años que asiste por quintil de ingreso según nivel educacional y dependencia del establecimiento, CASEN 2003, MIDEPLAN
[4] Matrícula de enseñanza media por dependencia administrativa según período. Años 1990 – 2005, Departamento de Estudios y Desarrollo, División de Planificación y Presupuesto, MINEDUC
5Número de establecimientos por dependencia administrativa según nivel de enseñanza. Año 2005, Departamento de Estudios y Desarrollo, División de Planificación y Presupuesto, MINEDUC
[6] Si bien siguen existiendo supervisores ministeriales que visitan las escuelas municipales, en la práctica, por cobertura y potestad, cualquiera que trabaje en el sector municipal sabe que el rol de estos supervisores es tremendamente limitado, con excepción de las escuelas que se encuentran en programas directamente manejados por el MINEDUC.
[7] Un ejemplo claro es el programa de asistencia técnica a las escuelas altamente vulnerables con resultados insuficientes y llamadas “escuelas criticas”. Esta asistencia técnica fue licitada al mercado y hoy está en manos de varias universidades y consultoras privadas, lo mismo ha ocurrido con los programas de perfeccionamiento docente.
[8] Por lo demás ningún empresario invierte en un negocio si no es para obtener la mayor cantidad posible de utilidades.

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