Adjunto algunos articulos y columnas publicados en el Mercurio de ayer
sobre el informe de avance producido por el Consejo Asesor Presidencial
para la Calidad de la Educacion entregado a la Presidenta Bachelet el
viernes pasado. Resumen la informacion sobre las propuestas, los
consensos, los desacuerdos, los pactos y el ambiente politico. Para mas
informacion sobre el debate y para bajar el informe recomiendo ir a
www.brunner.cl
Gregory
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El Mercurio
Aportes de un Informe
Domingo 1 de octubre de 2006
El Consejo coincidió en valorar y mantener en Chile un sistema
educativo de provisión mixta, con educación particular y pública, y en la
necesidad de generar procesos de aseguramiento de la calidad para ambos
sectores.
Juan Eduardo García-Huidobro
El Consejo cuenta con 81 miembros. Entre ellos hay especialistas en
educación, personeros de distintas confesiones, representantes de las
etnias originarias y de los actores del quehacer educacional: padres de
familia, estudiantes secundarios, universitarios, docentes, co-docentes,
sostenedores municipales y privados, rectores de universidades. En el
Consejo se respira la pluralidad de Chile, su diversidad de creencias,
ideologías y quehaceres y, también, la variedad de visiones, intereses
y responsabilidades de quienes comparten la tarea educativa. No es un
Consejo de expertos, aunque algunos consejeros sean técnicos, sino una
instancia de diálogo ciudadano cuya misión es política: proponer
caminos para mejorar la educación chilena de cara a los grandes desafíos
que enfrenta hoy. Se trata, cuando es posible, de forjar una visión
consensuada y, también, de circunscribir y expresar los desacuerdos.
Ambas caras de la moneda serán de valor para la Presidenta a la hora de
tomar decisiones de gobierno.
Hasta hoy es posible destacar dos tipos de contribuciones: las
propuestas y la experiencia. Pese a ser un informe de avance, se comienza a
hacer propuestas y a marcar orientaciones; además, el proceso de trabajo
también ha sido educativo. A continuación se detallan cinco
resultados y se aquilata la experiencia vivida.
1. Se expresó un acuerdo amplio sobre la importancia de dictar una ley
sustitutiva de la actual Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza
(LOCE). Ello para determinar mejor la educación de calidad que Chile
requiere en el siglo XXI; para entregar al Estado las facultades
suficientes para que esta educación de calidad esté efectivamente garantizada
para todos y para ampliar la legitimidad democrática del sistema
educativo.
2. El Consejo coincidió en valorar y mantener en Chile un sistema
educativo de provisión mixta, con educación particular y pública, y en
la necesidad de generar procesos de aseguramiento de la calidad para
ambos sectores.
3. Se expresó, además, una preocupación transversal por la
educación de propiedad pública, y fueron muchas las voces que expresaron la
necesidad impostergable de mejorarla. Esto se justifica porque la
educación municipal educa a la mayor proporción de los alumnos y alumnas
más pobres y ella sigue siendo para muchos niños, niñas y jóvenes
chilenos la única educación disponible (por ejemplo, hay más de 65
municipios y extensas zonas rurales donde no hay oferta privada). Además
constituye un referente concreto del estándar de calidad del sistema: es
difícil imaginar que el Estado va a poder exigirles a otros lo que no
es capaz de materializar en sus establecimientos educacionales.
4. Para lograr un mejoramiento extendido y durable de la educación de
propiedad del Estado, se postuló la necesidad de contar con agencias
administradoras de la educación, descentralizadas, de propiedad
pública, con capacidades, atribuciones y recursos proporcionados a la
complejidad e importancia de la tarea de la que deben hacerse cargo. Estas
agencias deberán juntar en una sola mano las responsabilidades
administrativas y las técnico-pedagógicas, hoy divididas entre los municipios y
el Mineduc. Hay que estudiar más si crear estas nuevas entidades a
partir de los municipios o confiando esta tarea a los gobiernos regionales
o al propio Ministerio de Educación.
5. En referencia al mejoramiento de la calidad, se fue enfático en que
ella depende fundamentalmente del buen funcionamiento de las escuelas y
liceos y del desempeño de los profesores y profesoras. La consecuencia
de este acento es que el criterio fundamental de selección entre
distintas medidas y alternativas institucionales y regulativas debe ser su
capacidad de mejorar el trabajo docente y el aprendizaje de los alumnos.
Se planteó un conjunto de propuestas para vitalizar los centros
educativos y para enriquecer y regular la formación de profesores. En este
último punto se propone una institución con funciones reguladoras. Se
recomienda el cierre de los programas especiales de formación docente
y que, a futuro, toda la formación docente sea universitaria. Para
asegurar la calidad de los nuevos profesores, se recomienda un sistema de
habilitación docente.
El trabajo del Consejo se expresa en éstos y otros resultados. En
recomendaciones consensuales y en desacuerdos honestamente expuestos. Pero
además la experiencia vivida dejó su huella. El Consejo fue una
instancia de participación y educación ciudadana para los consejeros y
consejeras. Crecimos en la capacidad de aceptar a otros; los viejos
logramos -la mayor parte de las veces- no exasperarnos con la impaciencia
juvenil; los jóvenes nos toleraron cuando -pese a nuestros esfuerzos- no
los oímos suficientemente. Todos y cada uno de nosotros vive "en" una
particular manera de ver Chile, el mundo, la educación. Esta
diversidad que, considerada en abstracto, constituye un indudable valor, en el
momento de llegar a acuerdos se viste de inflexibilidades, de prejuicios
y de mucha miopía para captar, en sus méritos, la posición ajena. A
través de horas de escucha y debate logramos entendernos más,
respetarnos más, convencernos que todos y cada uno en el momento de actuar y
al hacer sus planteamientos está buscando mejorar la educación de los
niños, niñas y jóvenes chilenos. La construcción de esta confianza
de base corrió los límites originales de nuestras diferencias y
permitió ampliar algunos acuerdos y propuestas.
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El Mercurio
Educación que ofrezca más oportunidades
Harald Beyer
Domingo 1 de octubre de 2006
Un informe de estas características debe reflejar la diversidad de
opiniones. Suprimir los comentarios realizados por algunos consejeros
dentro de las reglas del juego, como me ocurrió a mí, es inaceptable.
Hace unos meses, un número importante de establecimientos escolares se
encontraba en toma. Parecía vivirse una situación de crisis,
desmentida por un par de encuestas de opinión que sugerían que la población,
aunque no muy contenta con la educación, tampoco la reprobaba. Es que
ha habido avances que, por supuesto, son insuficientes. Los problemas
de calidad y equidad de la educación chilena se reflejan en diversos
estudios nacionales e internacionales. Éstos están influidos por las
enormes desigualdades de ingreso del país, pero las trascienden. Aun
después de tomarlas en consideración y también el nivel de gasto, los
logros de nuestros estudiantes, ricos y pobres, están por debajo de lo
que les correspondería si rindieran como lo hace el promedio de
estudiantes que participan en las pruebas internacionales en las que se ha
involucrado Chile.
El Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación es una
oportunidad para avanzar ideas que puedan contribuir a elevar la
calidad y a neutralizar la influencia del origen socioeconómico en el
rendimiento de nuestros niños y jóvenes. Además, para reducir los niveles
de segmentación. Por supuesto, en el diseño de políticas y en la
definición de prioridades algunos datos ayudan a poner en contexto la
situación de nuestro país. Por ejemplo, la relación que existe entre
condición económica, social y cultural de los hogares y el rendimiento
de los estudiantes es parecida en nuestro país a la que se observa en
muchos otros, incluidos varios más ricos y equitativos que Chile.
También nuestro país aparece en la comparación internacional como
medianamente segmentado, encontrándose incluso por debajo de países más
ricos, equitativos y con marcada provisión estatal de la educación
escolar.
A pesar de esas características, muchos de esos países ofrecen una
educación de calidad, en la que sus estudiantes de menores ingresos
tienen mejores oportunidades y mayores posibilidades de movilidad que los
nuestros de igual situación social. Esto invita, entonces, a poner en
perspectiva no sólo la situación de partida de nuestra educación,
sino los avances que se pueden lograr en los próximos años. Se evita
así caer en esos voluntarismos tan típicos de nuestras sociedades y no
desfallecer porque algunos de los objetivos no logran satisfacerse. Con
todo, es evidente que en las actuales circunstancias debería poder
elevarse significativamente la calidad de nuestra educación escolar.
El informe preliminar, y el final que se conocerá el 11 de diciembre,
de los 81 miembros de este consejo, incluido quien escribe, seguramente
se evaluarán desde esa perspectiva. Algunos lineamientos generan
consenso. Entre otros, elevar los aportes públicos a educación, aunque
teniendo claro que se podría esperar del impacto de los nuevos recursos
sobre el rendimiento educativo, exigir el cumplimiento de estándares
mínimos de calidad para todos los establecimientos educativos, crear una
institucionalidad adecuada para la definición y supervisión de estos
estándares y desarrollar una revisión profunda de la LOCE.
Pero también hay importantes discrepancias. Éstas dicen relación con
propuestas que, en mi opinión, es discutible que tengan un efecto
sobre algunos de los objetivos que se quieren lograr a través de futuras
reformas a la educación, o que incluso pueden poner en riesgo el
cumplimiento de éstos. En esta línea, por ejemplo, se inscribe la propuesta
de alguno de los integrantes de privilegiar la educación de carácter
estatal que, en la práctica, significa terminar con el financiamiento
por alumno. Ello no sólo le resta el necesario dinamismo que debe
tener el sistema educativo poniendo trabas al desplazamiento de los
estudiantes de un establecimiento a otro, sino que también discrimina entre
estudiantes de iguales características por el solo hecho de asistir a
establecimientos de distinta naturaleza jurídica.
Por último, una nota personal. Un informe de estas características
debe reflejar la diversidad de opiniones que suscitan los distintos
aspectos analizados. Suprimir los comentarios realizados por algunos
consejeros dentro de las reglas del juego, como me ocurrió a mí, es
inaceptable. Uno de ellos expresaba mi rechazo al reemplazo de los municipios
en la administración de la educación por una nueva entidad pública
creada para estos efectos. La necesidad de esta entidad, totalmente ajena
a la institucionalidad política del país, no sólo no se desprendía
del diagnóstico, sino que diluiría aún más la rendición de cuentas
que caracteriza a la educación estatal.
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El Mercurio
La historia desconocida de la preparación del informe que recibió la
Presidenta Bachelet:
El pacto Brunner-Peña que torció el rumbo del Consejo Asesor
Domingo 1 de octubre de 2006
El abogado Carlos Peña se convirtió en el mediador entre la posición
de José Joaquín Brunner y los sectores del mundo social más reacios
a sus propuestas.Foto:Claudio Bueno
Una semana antes de entregarle a la Mandataria su primer informe, la
comisión más clave y controvertida del Consejo Asesor estaba quebrada.
Un grupo disidente pretendía presentar un documento paralelo al país
que diera cuenta de las opiniones que se habían dejado fuera del
"texto oficial". La opinión mayoritaria defendía una visión marcadamente
"estatista" de la educación. Pero una fórmula de último minuto
permitió darle viabilidad, al menos por un tiempo, al trabajo del grupo de
los 81.
Eduardo Sepúlveda y Gabriel Pardo
Cuando el viernes 29 en la mañana, en el Palacio de la Moneda, la
Presidenta Michelle Bachelet recibió el informe preliminar del Consejo
Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, no se molestó por
el hecho de que el documento de 107 páginas estuviera lleno de
argumentos discrepantes entre sí.
Por el contrario. Quienes conocieron la trastienda de la ceremonia,
aseguran que la Mandataria valoró que el texto incorporara el pensamiento
de los miembros del consejo que no estuvieron de acuerdo con el sector
mayoritario que, grosso modo, tenía una mirada más "estatista" del
problema de la educación.
Lo que no supo la Presidenta es que la disyuntiva entre agregar o no a
los "disidentes" estuvo a punto de quebrar irreparablemente su Consejo
Asesor. Tampoco se enteró de que apenas una semana antes de recibir el
informe en sus manos se alcanzó un principio de acuerdo que evitó lo
peor. Y menos, que la solución se fraguó en un desconocido e
inesperado pacto entre el ex ministro José Joaquín Brunner y el vicerrector
académico de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña.
Brunner instala la bomba
El epicentro del movimiento telúrico que amenazó con hacer fracasar
el desarrollo del Consejo Asesor se registró en la más controvertida
de las subcomisiones de la entidad: la de Marco Regulatorio, aquella en
que se radicó el debate respecto de la polémica LOCE.
A comienzos de septiembre, y después de dos meses de trabajo, el
presidente de la subcomisión, Carlos Peña, tenía prácticamente redactado
un primer borrador con las conclusiones del debate sostenido por sus 27
miembros; entre ellos, el rector de la Universidad Católica, Pedro
Pablo Rosso; el obispo auxiliar de Santiago, monseñor Ricardo Ezzati; el
presidente del Colegio de Profesores, Jorge Pavez, y el presidente de
la FECh, Nicolás Grau.
Sin embargo, en esos días Peña debió viajar fuera de Chile y la
redacción del documento cambió de manos. Así, en la sesión del viernes
8 los consejeros conocieron una primera versión que, a juicio de un
grupo de personas encabezadas por José Joaquín Brunner, exhibía una
perspectiva sesgada de la discusión, donde se privilegiaba una mirada
más "estatista" de la educación.
Entonces, Brunner le envió un duro mail a Peña refutando uno a uno
los argumentos planteados en el borrador, que estimaba eran
responsabilidad de este último. Como respuesta recibió una nota en tono similar
del académico de la UDP, quien le criticaba su actitud y también varios
de sus puntos de vista.
En la siguiente reunión de la subcomisión, el viernes 15, se desató
un enfrentamiento abierto entre los dos bloques discrepantes. Jorge
Pavez tomó la palabra e increpó a Brunner, sosteniendo que no tenía
derecho a plantear a última hora sus críticas al borrador en
circunstancias de que durante semanas no asistió a las sesiones del consejo. Lo
tildó de "arrogante". Otras voces -más nítidamente la de los
estudiantes secundarios y universitarios- se unieron al dirigente de los
profesores.
El ex ministro defendió su derecho a discrepar señalando que sus
ausencias habían sido previamente avisadas, y que se debían a compromisos
en el extranjero. Y que eso no era razón suficiente para impedirle
entregar sus opiniones y que éstas fueran contenidas en el informe final.
La reunión concluyó sin un veredicto, pero dejando la sensación en
los presentes de que estaban ante un callejón sin salida.
El cara a cara
Pero ahí, en la Biblioteca de Santiago, se produjo la primera reunión
a solas entre Brunner y Peña.
Si bien se desconoce el contenido de ese diálogo, sus frutos
emergerían un par de días después. Brunner puso por escrito su pensamiento
sobre los temas que debía abordar la "subcomisión 1". Bautizó el texto
como "documento alternativo" y se lo envió a Peña. Éste le habría
hecho una serie de enmiendas, además de recomendarle a Brunner que
cambiara el título: hablar de "documento alternativo" se interpretaría
como una provocación.
Brunner aceptó íntegramente las observaciones del vicerrector y
comenzó a llamar al escrito "documento complementario". Eso selló el
inesperado pacto. Ahora ambos coincidían en un verdadero "manifiesto" sobre
la institucionalidad que debía tener la educación chilena.
El "informe Brunner-Peña" fue enviado a los coordinadores de las otras
dos subcomisiones, Paulina Araneda (Institucionalidad) y Abelardo
Castro (Calidad), quienes también lo suscribieron. Y luego se sumaron a
ellos Rosita Puga (Belén Educa) y Cecilia Alvariño (ex directora de
Educación de la Fundación Chile).
Avalado por esos seis nombres, el "documento disidente" se distribuyó
por mail a los 81 miembros del Consejo Asesor, y sus patrocinadores
insistían en que debía ser considerado en el informe final que fue
entregado a la Presidenta Bachelet.
Cuando el presidente del Consejo, Juan Eduardo García-Huidobro, se
enteró de todo esto, consideró inapropiado que existiera un documento
paralelo al oficial y se negó a que se incorporara, incluso como un
anexo. "Juan Eduardo temió que al final se presentaran dos informes, con
lo que su trabajo, y los esfuerzos por lograr consensos, se fuera a la
basura. También le molestó mucho la actitud de Peña, que al hacer un
verdadero pacto con Brunner estaba quebrando en dos la comisión",
testimonia un consejero.
Un cercano a Peña asegura, sin embargo, que "lo que quería Carlos era
exactamente lo contrario: evitar el quiebre, porque si la mayoría no
aceptaba que se incorporara la opinión de la minoría disidente, ese
grupo se marginaría y saldría a defender el informe Brunner".
Todos contra Peña
Así se llegó a la sesión del 22 de septiembre. En un intento por
conseguir un acuerdo rápido, Peña presenta a los consejeros dos
documentos: el "borrador oficial" y un segundo texto elaborado en base a éste
y al "documento complementario" acordado con Brunner.
Como era de suponer, la asamblea las emprendió ahora contra el
académico. Los representantes del "mundo social" no entendían cómo Peña
podía pactar con un sector del que lo suponían lejano. El coordinador
se defendía afirmando que sus ideas las envió en más de seis mails y
que, por lo tanto, no debían ser sorpresa para nadie. Además, sostuvo
que su rol como presidente de la subcomisión era garantizar que todas
las voces estuvieran presentes en el informe final.
La reunión se volvió inmanejable, y debió suspenderse por algunos
minutos. Hay consejeros que sostienen que en ese momento Peña se reunió
con varios dirigentes estudiantiles, como el propio Nicolás Grau,
intentando alcanzar un acuerdo.
Luego del receso, testigos relatan que monseñor Ezzati -quien había
tenido un público entredicho con Peña- pidió la palabra y emitió un
virtual "voto de confianza" hacia el vicerrector de la UDP, provocando
la sorpresa de los presentes.
Ese espaldarazo utilizó Peña para jugar su última carta: propuso que
el texto que se entregaría a la Presidenta estuviese formado por un
cuerpo central, conteniendo la opinión mayoritaria, pero también la
mirada disidente, pero como notas al pie de página. Ahí está su origen.
Después de escuchar la defensa de dicha fórmula por parte del rector
de la UC, Pedro Pablo Rosso, la comisión terminó por aprobarla. Claro
que con un prerrequisito: la redacción de esa versión final debía
quedar en manos de García-Huidobro.
Lo curioso es que sólo esta subcomisión, la de Marco Regulatorio,
incorporó en su informe todas las "notas" que quisieron agregar sus
miembros, las otras dos subcomisiones presentaron sus conclusiones
prácticamente sin el contrapeso de la minoría disidente. Así, quedaron afuera
aportes de expertos como Harald Beyer, Loreto Fontaine y el propio
Brunner.
De hecho, durante la tarde del viernes, cuando el preinforme final que
conoció la Presidenta, y que se publicó íntegramente en internet,
fue conocido por los 81 miembros del Consejo Asesor, comenzaron a
llegarle a García-Huidobro las quejas de los integrantes de las comisiones de
Institucionalidad y Calidad cuyas observaciones no figuraron.
"En la segunda parte del trabajo del Consejo Asesor se deberá adoptar
la metodología de la comisión de Marco Regulatorio; de lo contrario,
un importante grupo de opinión sentirá que todo esto no tiene
sentido. Los sectores sociales son mayoritarios y por eso pueden imponer su
visión, pero no es razonable que los expertos, los técnicos, que son
minoría, queden excluidos... porque, finalmente, ésos son los dos
bloques que se terminaron formando", reflexiona un consejero.
Otro miembro del Consejo, cercano al Gobierno, sostiene que "hay grupos
que quieren desmantelar no sólo la LOCE, sino que también la
institucionalidad educacional que ha construido la Concertación. Si no se
modifica el sistema de trabajo de las comisiones del Consejo Asesor,
podríamos terminar en diciembre entregando un documento que plantee partir
de cero".
LOS FIRMANTES
José Joaquín Brunner
Sociólogo PPD. Director del Programa de Educación de Fundación Chile
y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Fue ministro Secretario General de Gobierno durante el gobierno de
Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Integra la Comisión de Marco Regulatorio.
Carlos Peña
Abogado. Fue asesor de Soledad Alvear en temas legislativos cuando
ésta fue ministra de Justicia. Hoy es vicerrector académico de la
Universidad Diego Portales. Preside la comisión de Marco Regulatorio.
Celia Alvariño
Doctora en educación de la Universidad de Barcelona. Durante ocho
años fue directora ejecutiva del Programa de Educación de la Fundación
Chile y es la actual gerenta del Fondo de Inversiones Educacionales
Chile Valora. Integra la Comisión de Institucionalidad.
Abelardo Castro
Es cercano al PS. Fue propuesto por el senador Alejandro Navarro para
presidir el Consejo Asesor. Hoy es decano de la Facultad de Educación
de la Universidad de Concepción y representante de la Asociación de
Decanos de Educación. Preside la comisión de Calidad.
Paulina Araneda
Sicóloga. Fue asesora de los ministros de Educación Mariana Aylwin y
Sergio Bitar y actualmente es directora de la Dirección de Educación
de la Municipalidad de Peñalolén al mando del DC Claudio Orrego. Es
presidenta de la comisión de Institucionalidad.
Rosita Puga
Educadora cercana a la Iglesia. Actualmente es directora académica de
la Corporación Belén Educa que busca dar educación de excelencia a
niños de escasos recursos. Es integrante de la comisión de Calidad.
DIFERENCIAS CON EL TEXTO OFICIAL:
El documento disidente, según Brunner y Peña
José Joaquín Brunner:
"Hablo sólo por mi cuenta y sin comprometer al grupo de consejeros que
suscribimos este documento. Lo presentamos al Consejo como una
contribución al debate; para aportar a los consensos y razonar en torno a
opciones y alternativas. Quisimos subrayar la estrecha unidad que existe en
una sociedad democrática y diversa entre el derecho a una educación
de calidad garantizada y la libertad de enseñanza. Planteamos que un
sistema de educación obligatoria financiada con cargo a rentas generales
y proveída por agencias públicas o privadas a elección de los padres
puede ser socialmente beneficioso, a condición de que exista igualdad
de trato entre sostenedores, un sistema de aseguramiento de la calidad
común para todos los establecimientos, subvenciones diferenciadas y
prohibición de seleccionar alumnos durante el ciclo inicial de la
enseñanza básica y en el nivel preescolar. Abogamos además por un sistema
descentralizado y con real autonomía de gestión para los
establecimientos gestionados públicamente a nivel local. En este contexto
concordamos con la necesidad de hacer más efectivas y flexibles las
regulaciones del sistema, cambiar a fondo la LOCE y no imponer a los colegios
trabas y lastres propios del centralismo burocrático.
Carlos Peña:
"En la subcomisión se hicieron, de parte de todos, leales esfuerzos
por alcanzar convergencias. Pero luego de ese esfuerzo, fue inevitable, y
además era lo correcto, permitir la expresión de las diferencias.
Estas fueron las que siguen:
Mientras una parte del consejo atribuyó los actuales problemas a un
defectuoso diseño del sistema escolar y al abandono del patrón estatal,
otro sector consideró que esos problemas son fruto de un sistema
inclusivo, que lleva las inequidades (que hasta hace poco se detenían en la
puerta de la escuela) ahora al interior del aula. De otra parte,
mientras la mayoría del Consejo consideró que el Estado debía discriminar
positivamente al sector público por ser el que atiende a la mayoría
de los más desventajados, la minoría sugirió que era mejor un sistema
que, sobre la base de igual trato a todos los proveedores, apoyara
preferentemente a los alumnos más pobres manteniendo el esquema de
subsidios a la demanda. En fin, mientras la mayoría aconsejó erigir al
sector público en el paradigma de la educación obligatoria, el otro sector
sugirió que lo más razonable era un sistema de provisión mixta, con
igualdad de trato, subvenciones diferenciadas, prohibición de
selección y financiamiento compartido a los quintiles más pobres y un sistema
uniforme de aseguramiento de la calidad.
Se trata, en mi opinión, de divergencias legítimas, cuya expresión
pública favorece el debate y hace más robusta la deliberación en esta
materia".
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El documento que estuvo a punto de quebrar el Consejo Asesor de
Educación:
El informe Brunner versión 2.0
Domingo 1 de octubre de 2006
José Joaquín Brunner elaboró un texto que difería en varios puntos
con las posturas incluidas en el informe de avance del Consejo Asesor
de Educación. Su iniciativa disidente fue respaldada por los consejeros
Carlos Peña, Celia Alvariño, Paulina Araneda, Abelardo Castro y
Rosita Puga. Aquí se presenta un resumen del documento que sumaba 15
páginas.
La provisión social de educación obligatoria. Las sociedades
contemporáneas asumen la obligación de educar a sus niños y jóvenes como un
derecho fundamental de toda persona. Esta educación debe ser gratuita,
correspondiendo a los padres el derecho a escoger el tipo de educación
que habrá de darse a sus hijos y a los particulares el derecho a
participar en la provisión de educación obligatoria, siempre que ella se
ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.
Educación obligatoria en Chile. Históricamente, Chile ha contado con
un régimen de provisión mixta, con participación de establecimientos
públicos (administrados hoy por las municipalidades); establecimientos
privados subsidiados por el Estado y establecimientos privados
financiados directamente por los padres. Este régimen acompaña la historia
republicana de nuestro país. La libertad de enseñanza se consagra en la
Constitución del año 1833 y una subvención por alumno para los
establecimientos gestionados por privados se introduce ya en la última
parte del siglo XIX.
El reto principal. Hoy día existe un intenso debate sobre la
educación chilena y su futuro; en particular, sobre la forma de organizar, de
aquí en adelante, la provisión de enseñanza obligatoria para asegurar
mayor equidad y mejor calidad. El problema ya no es la exclusión del
derecho a recibir educación, como fue hasta muy recientemente; son los
dispares resultados de aprendizaje que logran La provisión social de
educación obligatoria. los alumnos según las condiciones de su origen
socio-económico, producto de la enorme desigualdad de ingresos y de
capital cultural que existe en nuestro país.
Derecho a la educación y libertad de enseñanza. Para hacer frente a
esta situación, es imprescindible mejorar el régimen mixto de
provisión educacional, actuando en dos direcciones convergentes. Primero,
garantizando el derecho a una educación de calidad, definida en función
de las competencias básicas que los alumnos deben alcanzar en los
diversos sectores de aprendizaje a lo largo de su trayectoria escolar. En
seguida, mejorando las regulaciones fundamentales del régimen de
provisión mixta, lo cual requiere modificar sustancialmente la Ley Orgánica
Constitucional de Enseñanza (LOCE).
Concepto de educación pública. Toda educación impartida por
establecimientos oficialmente reconocidos en el marco del derecho de las
personas a una escolarización obligatoria y que se rige por los objetivos,
contenidos y estándares del currículo nacional ha de entenderse como
educación pública, independientemente de las formas de gestión y del
financiamiento de las instituciones que la ofrecen.
Regulación básica común de los proveedores. Los proveedores de
cualquiera forma de gestión y financiamiento, deberán sujetarse a una
regulación básica común:
-Constituirse como persona jurídica de derecho público o privado,
cuyo director responsable y representante legal deberá tener título
profesional o técnico superior o su equivalente.
-Contar con un proyecto educacional aprobado y con planes y programas
de estudio enmarcados dentro de los objetivos, contenidos y estándares
dispuestos en el currículo nacional.
-Poseer el personal docente con los requisitos que lo habilita para
impartir enseñanza en el respectivo nivel y modalidad de enseñanza.
-Disponer de las condiciones de infraestructura y equipamiento
permanentes necesarios para lograr los objetivos del proyecto educacional y
cumplir con las normas correspondientes.
-Asumir la obligación de evaluar periódicamente el establecimiento
conforme a los procedimientos que se fijen en el sistema de aseguramiento
de la calidad escolar, así como de sujetarse a las inspecciones que
éste determine, e informar a la comunidad escolar sobre los resultados
obtenidos en estos procedimientos.
-Presentar anualmente el balance de ingresos y gastos al Consejo
Escolar.
Gestión de establecimientos administrados públicamente. Las
regulaciones para este tipo de proveedores deberán fomentar y garantizar la
autonomía de gestión de los establecimientos, la cual comprenderá:
contar con un proyecto educativo propio, un plan de desarrollo anual y
mecanismos de evaluación permanente de la calidad; rendir cuentas
periódicamente a la comunidad; organizar los procesos de enseñanza incluyendo
la admisión de estudiantes, aplicación del currículo, distribución
del tiempo de instrucción, elección de textos, agrupamiento de los
estudiantes, métodos pedagógicos, disciplina, etc., y administrar su
personal, incluyendo la contratación y el despido del personal docente
en el marco de un nuevo estatuto de la profesión, derechos y deberes
del personal, escala de sueldos, pago y negociación colectiva,
evaluación del personal docente e incentivos.
El financiamiento de proveedores. Corresponde al Estado financiar la
educación obligatoria gratuita. Dicho financiamiento se destinará, bajo
una regla de igualdad de tratamiento, a los establecimientos públicos
y privados subvencionados, mediante una subvención por alumno. El
monto de ésta deberá establecerse por un organismo técnico independiente
y cubrir los costos reales de impartir una enseñanza acorde con los
estándares de logro esperados. Deberá, además, diferenciarse en
función del origen socio-económico de los alumnos, reconociendo el mayor
costo que implica la enseñanza de aquellos que provienen de los hogares
de menores ingresos en la sociedad. Los proveedores de cualquier tipo
no podrán imponer o hacer cobros a las familias de los alumnos
vulnerables. Los sostenedores particulares subvencionados, constituidos como
sociedades comerciales, deberán entregar anualmente balances auditados
de su gestión económica a la agencia encargada del aseguramiento de la
calidad escolar.
Aseguramiento de la calidad. Todos los establecimientos deberán
sujetarse a un régimen común de aseguramiento de la calidad, el cual será
administrado por un organismo público autónomo, tipo
superintendencia, cuyo personal se regirá por las normas del sector privado y cuyos
directivos serán seleccionados conforme a las reglas de servicio civil.
Corresponderá a este organismo:
-Acreditar el desempeño de las escuelas de acuerdo a criterios y
pautas conocidos, preocupándose de que ellas cuenten con, y desarrollen,
normas y una gestión de calidad que asegure las prácticas docentes y
directivas;
-Evaluar los logros de aprendizaje de los alumnos en relación a los
estándares determinados por la autoridad;
-Supervisar y evaluar la implementación del currículo dentro del
marco nacional de objetivos y contenidos;
-Evaluar la satisfacción de los padres y alumnos y su participación
en la comunidad escolar.
Los procedimientos empleados por este organismo deberán aplicarse
considerando el proyecto educativo de la escuela y sin interferir en su
autonomía de gestión; se alimentarán con los resultados de los procesos
de autoevaluación realizados por los propios centros educativos; se
diseñarán con vistas al mejoramiento de la calidad, sin perjuicio de
las funciones de fiscalización que la ley encomiende a este organismo y
se sujetarán a la regla de que a mayor calidad de resultados, menor
intensidad de las funciones de inspección y supervisión.
Rol regulador del Estado. Corresponde al Estado establecer un marco de
regulaciones e incentivos que garantice los siguientes principios y
condiciones:
-Diversidad de sostenedores como sostén del derecho a una educación
de calidad garantizada por estándares de aprendizaje técnicamente
definidos y del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos.
-Establecimiento de requisitos parejos e iguales para el ingreso y la
permanencia de nuevos sostenedores en el sistema de provisión de la
educación obligatoria.
-Trato igualitario, establecido constitucionalmente, entre los
distintos proveedores en todas las cuestiones esenciales, así como su derecho
y deber de definir un proyecto institucional educativo, el cual
incluirá la responsabilidad por la aplicación del currículum nacional y los
estándares de aprendizaje.
-Autonomía de gestión de todos los establecimientos y su deber de
responsabilizarse por los resultados que obtienen sus alumnos, atendiendo
a sus condiciones sociales de origen.
-Financiamiento suficiente de la educación obligatoria canalizado a
través de la subvención escolar, cuyo monto deberá determinarse
técnicamente para cubrir el costo de una educación regida por los
estándares de calidad que se fijen y diferenciarse a favor de los alumnos
provenientes de los hogares de menores ingresos.
-Existencia de un organismo público independiente y de procedimientos
continuos de aseguramiento de la calidad, incluyendo la acreditación
de los establecimientos subvencionados por el Estado.
-Amplia información sobre los resultados de dichas evaluaciones,
primero que todo a los padres y, en seguida, a la comunidad.
-Determinación de criterios y causales para la intervención y el
eventual cierre de cualquier tipo de establecimientos subvencionados que,
habiendo recibido los necesarios apoyos, sin embargo mantienen un
desempeño notablemente insuficiente en cuanto a los logros de aprendizaje de
sus alumnos.
DURANTE EL GOBIERNO DE FREI:
El primer informe
El año 1994 el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle inició el trabajo
de la Comisión Nacional de Modernización de la Educación y el
encargado de presidir el comité de "notables" que elaboraría el informe
técnico era precisamente el experto en educación José Joaquín Brunner,
que a fines de ese año ya estaba convertido en Ministro Secretario
General de Gobierno de la administración freísta.
Ese grupo estaba integrado por 14 miembros entre los que se encontraban
Edgardo Boeninger, Fernando Léniz, Enrique Correa, Cristián Larroulet
y Gonzalo Vial.
El "informe Brunner" entregado ese año hizo un crudo diagnóstico del
sistema educacional y sus deficiencias incluyendo una serie de medidas
con miras a enfrentar la educación en el siglo XXI. Se convirtió en
la principal referencia para la Comisión Nacional de Educación de ese
entonces. El trabajo concluía que era vital proporcionar formación
general de calidad para todos, reformar y diversificar la Educación
Media, fortalecer la profesión docente, otorgar mayor autonomía y
flexibilidad a la gestión, aumentar la inversión educacional tanto pública
como privada así como impulsar una decidida modernización en todos
los ámbitos.
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El Mercurio
Si bien es cierto... no es menos cierto...
Domingo 1 de octubre de 2006
No hay nada más efectivo para no hacer nada que un buen comité.
Ahora, si el comité tiene más de 80 personas, el objetivo está asegurado.
Juan Braun
El pasado viernes se dio a conocer el "Informe de Avance" del Consejo
Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación. En una frase, el
cuerpo del informe dice que la calidad de la educación es mala,
especialmente en el sector público, y que para solucionar el problema hay que
potenciar la educación estatal y regular mucho más a la particular
subvencionada. Digo en el cuerpo del documento porque en realidad son dos
textos. Uno es el principal y otro son las notas que dicen básicamente
lo contrario.
Más de alguno podría pensar que para dar soluciones a un problema
habría que conocer sus causas. Pero la comisión no lo pensó así.
Tampoco se molestan los consejeros en estudiar las cifras disponibles. Así,
no es difícil explicarse por qué el texto aporta muy poco en general.
Todos los estudios que conocemos muestran que los establecimientos
particulares subvencionados producen mejores resultados que los municipales
aun teniendo en cuenta los distintos niveles socioeconómicos de los
alumnos. En segundo lugar, en los últimos quince años, el 85% del
aumento en la matrícula total ha optado por el sector subvencionado y este
sector contrató al 95% del aumento en el número de profesores.
En consecuencia, la mitad de los estudiantes hoy día pertenece a
colegios particulares. Este traspaso se va a acelerar automáticamente con
el aumento del ingreso. Los municipios deberán pronto diseñar un
sistema para traspasar la administración de los establecimientos al sector
privado. Existen, a nuestro juicio, dos grandes problemas en la
educación escolar en Chile. El primero es el Estatuto Docente, que hace
inflexible la administración de la educación estatal. Pues bien, no hay en
todo el documento comentario alguno sobre el estatuto docente. Sólo se
informa que se tocará en el futuro. El segundo problema, sin duda el
más importante, es la deficiente preparación de los profesores. Sobre
esto tampoco se pronuncian los consejeros.
El Informe le da importancia a otros temas.
La LOCE ocupa un lugar central y aparentemente no es tan mala como
creíamos; el problema es que su origen no habría sido democrático
(naturalmente con su nota al pie diciendo lo contrario). En todo caso,
resulta difícil pensar que alguien crea que se va a solucionar algún
problema de la educación derogando la LOCE.
El informe hace hincapié en asegurar la calidad de los colegios
particulares subvencionados. Si tienen financiamiento público, lo lógico es
que se sometan a una evaluación periódica conocida por los padres y
que los establecimientos tengan un nivel mínimo de calidad para recibir
el financiamiento. El informe también sugiere, acertadamente, prohibir
la discriminación en la selección de alumnos a los colegios que
reciben financiamiento público.
También se aborda el fin de lucro de los establecimientos. No hubo
acuerdo sobre el tema. Una parte de los consejeros opina que el lucro es
incompatible con la educación; la otra parte no lo cree así.
Pensábamos que esto ya estaba superado en nuestro país y en el mundo. La
discriminación positiva por nivel de ingresos es abordada largamente en el
informe. Se sostiene que el costo de educar a un estudiante de familia
de bajo nivel socioeconómico es mayor. De ahí que el financiamiento
podría ser diferencial. Creemos que este argumento es válido, pero con
precauciones. Naturalmente que hay un sector que prefiere que el
subsidio sea al colegio y no al alumno, a pesar de que una nota al pie de
página dice que los colegios subvencionados tienen un 40% de alumnos de
sectores vulnerables. Respecto de la dependencia administrativa de los
colegios municipalizados, los consejeros proponen crear una especie de
Superintendencia, que se sujetaría a las normas del sector privado en
su funcionamiento y contratación de personal. Qué lástima que no se
hubiera recomendado lo mismo para los establecimientos que van a
regular.
Finalmente, queremos rescatar el pie de página N° 20. En él J.J.
Brunner propone lo siguiente: que debe haber todo tipo de establecimientos
autónomos y ser tratados en igualdad de condiciones; que deben ser
evaluados y los resultados ser públicos y que el regulador pueda
intervenir y cerrar los establecimientos que tengan consistentemente malos
resultados.
Si bien falta un aspecto clave, la formación de los profesores, lo
anterior es algo muy parecido a una política educacional coherente,
moderna y eficiente. Es que José Joaquín Brunner tiene experiencia en lo
que se refiere a comisiones educacionales. Qué lástima que sea un pie
de página, porque significa que la mayoría no está de acuerdo.
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El Mercurio
No hay milagros
Domingo 1 de octubre de 2006
En educación no hay atajos. Tampoco milagros. Menos tratándose de un
sistema escolar que pertenece a una de las sociedades más desiguales
del mundo.
Carlos Peña
Las expectativas que creó el informe de avance sobre educación
mostró hasta qué punto los chilenos, o quienes los interpretan, poseen la
ingenuidad de los creyentes en milagros.
Se esperó el informe como quien espera una revelación. Como si ese
puñado de páginas nos fuera a mostrar algo que, hasta entonces, por
miopía, ignorancia o estupidez, hubiere estado oculto. Bastaría leer
esas páginas y entonces la educación se encaminaría hacia el éxito.
Como si hubiera ocurrido un milagro.
Pero los milagros no existen. Y en educación no hay atajos.
El informe mostró lo que era previsible. La ciudadanía ha transferido
a la LOCE todos los malestares acerca de la escuela. Y la erigió en un
fetiche de los defectos de nuestro sistema escolar. Habrá entonces -lo
acaba de anunciar la Presidenta- que cambiarla. Asunto cerrado.
El problema es la dirección de ese cambio. Y ahí sí que el informe
contiene cuestiones sustantivas que -si no equivalen a milagros-
debieran alimentar el debate ciudadano. Veamos las dos o tres más
importantes.
En principio, el Consejo reconoce que la provisión mixta -educación
obligatoria a cargo de agencias públicas o entes privados- es la que
mejor se aviene con nuestra tradición. Así ha ocurrido en Chile desde
la primera ley de instrucción primaria obligatoria. Es cierto que esa
es la regla general en el mundo y que era difícil que el Consejo
intentara cambiarla.
Pero el malestar con el sistema educativo llegó a tal extremo que
cualquier cosa era posible.
No es poco entonces que ese carácter mixto de nuestro sistema -que
permite que todas las creencias se expresen e intenten reproducirse en la
escuela- se haya reafirmado por un grupo de ochenta personas de
orientaciones muy diversas. Un aspecto esencial de la libertad de enseñanza
ha quedado a salvo. Una buena noticia para quienes pusieron el grito en
el cielo temiendo se la amagara.
Pero, salvo ese consenso, el resto de las proposiciones plantea algunos
problemas.
Porque ocurre que la mayor parte de quienes integran el Consejo han
sugerido discriminar positivamente a favor del sector público.
La sugerencia es radical. Supone abandonar la fórmula de subsidios a
la demanda hasta ahora existente, para sustituirla, total o
parcialmente, por la transferencia directa de recursos a las instituciones. Los
alumnos ya no llevarán consigo el mayor aporte estatal. Deberán ir a
buscarlo a las instituciones del sector público.
No es poco como reforma. Aunque, en mi opinión, abandona el principio
de igual trato y desmedra el derecho de los más pobres a escoger
colegio. Es verdad que hoy día los alumnos más pobres tampoco escogen
colegio y que el colegio los escoge a ellos. Pero para corregir eso hay
diferenciar el subsidio y prohibir la selección de parte de las
instituciones que reciben financiamiento del Estado, en vez de atar a los más
pobres exclusivamente a la educación pública.
A ello se agrega la opinión del Consejo en el sentido de que se hace
imprescindible transitar desde el derecho a la educación concebido como
un derecho de acceso al sistema educativo, a un derecho a recibir una
educación de una calidad mínima previamente definida. Suena a mera
retórica, pero para quienes saben de la función que cumplen los derechos
fundamentales a la hora de orientar las políticas públicas, se trata
de una reforma clave.
Tampoco es una opinión banal desde el punto de vista político. Esa es
justamente la reforma que está hoy a la espera de las cavilaciones de
la derecha.
El informe se refiere también a la administración de las escuelas de
propiedad pública. Estas escuelas están hoy a cargo del municipio
¿Existirá alguna fórmula mejor? La mayoría sugiere entregar su
administración a entidades que puedan hacer economías de escala y
concentrar, en una sola mano, la gestión financiera y la técnico-pedagógica.
La minoría, en cambio, advirtió que ese tipo de entidades (que a
diferencia del alcalde no están sometidas al castigo del voto) pueden ser
presa fácil de los grupos de interés.
Ahí hay, entre otras, tres sugerencias para ser discutidas. ¿Habrá
que discriminar a favor de sectores educacionales, como sugiere el
informe, o de alumnos, como prefiere la minoría? ¿Es necesario erigir al
sector público en el paradigma de la calidad educativa o, sobre la base
de la igualdad de trato a todos los proveedores, habrá que confiar en
un sistema que controle los procesos y mida los resultados? ¿Quién
debe administrar las escuelas de propiedad pública?
Como usted ve, en el informe acerca de la educación hay propuestas y
hay preguntas.
Lo que no hay son milagros.
Y es que en educación no los hay. Podrá haber huelgas, temores,
movilizaciones de diversa índole, reclamos estudiantiles de variada
intensidad.
Pero milagros no hay.
No puede haberlos porque la escuela tiende a reproducir las
características de la sociedad a la que sirve. Y, no lo olvidemos, la nuestra es
una de las veinte sociedades más desiguales del mundo. Esa desigualdad
tiene muchas causas. Débiles sistemas de protección social; ciudades
geográficamente estratificadas; políticas sociales contributivas y no
de cobertura universal; un sistema de clases que nadie cuestiona;
empresarios que confunden la racionalidad económica con la avaricia; una
élite intelectual endogámica y complaciente.
Por eso no incurramos en la ingenuidad -puede ser peor que creer en
milagros- de pensar ahora que las causas de la desigualdad están todas en
la escuela.
Gregory Elacqua
Escuela de Gobierno
Universidad Adolfo Ibañez
Santiago, Chile
56-2-3693677
gregory.elacqua@uai.cl
